La Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España adjudicó el 12 de diciembre de 2024 un contrato de 1.131.295,68 euros al Grupo Palco —empresa estatal cubana subordinada al Consejo de Ministros— para suministrar personal al Consulado General de España en La Habana, según consta en el expediente 2024SWs00114 de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El procedimiento empleado fue el restringido, con presentación manual de ofertas. Solo llegó una propuesta —la de Palco— y el criterio de adjudicación fue único: el precio, con ponderación del 100%. El importe de adjudicación coincide exactamente con el presupuesto base, lo que significa que no hubo rebaja alguna.

La motivación oficial recogida en el anuncio de adjudicación no deja margen a la interpretación: «Oferta económica recibida de Grupo PALCO, empresa estatal única suministradora de personal».

Esta fórmula refleja una realidad estructural: la legislación cubana prohíbe a las representaciones diplomáticas extranjeras contratar directamente a trabajadores locales y las obliga a hacerlo a través de entidades autorizadas por el Estado. Palco es la designada para ese fin, lo que la convierte en un monopolio de facto para el suministro de personal a embajadas y consulados en la isla.

El contrato, identificado con los códigos CPV 79621000 (suministro de personal para oficinas) y 79622000 (suministro de personal doméstico), entró en vigor el 1 de enero de 2025 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028. El adjudicatario tiene su domicilio en la calle 60, número 505, entre 5ª y 5ª A, en el barrio de Miramar, Playa, La Habana.

Los anuncios de adjudicación y formalización se publicaron en la plataforma el 5 de marzo de 2025, más de dos meses después de la firma del contrato. El PDF del documento firmado —titulado «Contrato de Suministro Empleadora PALCO firmado.pdf»— está disponible en el apartado «Formalización» del expediente.

Este contrato es el mayor de los tres que Exteriores ha formalizado con Palco. El segundo, expediente 2024SWs00113, asciende a 242.743,48 euros y cubre el suministro de personal a la Embajada de España en La Habana; un tercero, de arrendamiento de oficinas, suma aproximadamente 228.000 euros. En conjunto, los tres contratos alcanzan 1.602.217 euros, cifra que el Partido Popular ha utilizado como referencia en sus reclamaciones parlamentarias para exigir la comparecencia del ministro José Manuel Albares ante el pleno del Congreso.

El detonante de la contratación fue la avalancha de solicitudes de nacionalidad presentadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, cuyo plazo cerró el 22 de octubre de 2025. El Consulado General de España en La Habana acumuló más de 350,000 expedientes relacionados con esa vía de acceso a la nacionalidad, lo que saturó la oficina consular y motivó la incorporación de refuerzo externo a través de Palco. La documentación del contrato principal sitúa en aproximadamente 88 el número de empleados incorporados al Consulado; sumando el segundo expediente, distintas informaciones elevan la cifra total a unos 107 trabajadores.

Palco ha aparecido además vinculada a investigaciones por presunta corrupción. En octubre de 2024, Yoel Perdomo Di-Lella —hermano del entonces viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella— y otros directivos relacionados con la empresa fueron interrogados por supuesta corrupción, tráfico de divisas y fraude fiscal, pocos días antes de la destitución del viceprimer ministro.

Cómo consultar el expediente: cualquier persona puede acceder a la documentación completa en contrataciondelestado.es, entrando en «Licitaciones», seleccionando «Búsqueda por formulario» e introduciendo el código 2024SWs00114 en el campo «Expediente». Allí están disponibles el anuncio de adjudicación, el de formalización y el contrato firmado en PDF.

La Ley de Nietos vuelve al centro del debate político en España mientras el PP mantiene su presión parlamentaria y reclama un informe jurídico de la Abogacía General del Estado sobre la legalidad de externalizar tareas consulares en una empresa ajena a la Administración española.