España destina un promedio de 270 euros mensuales por cada trabajador contratado a través de la empresa estatal cubana Grupo Palco para su Consulado General en La Habana. Sin embargo, los empleados tienen asignados salarios de entre 3,630 y 3,870 pesos cubanos al mes, según documentos oficiales que evidencian la enorme diferencia entre el presupuesto español y las remuneraciones pactadas en Cuba.

El contrato publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público español, correspondiente al expediente 2024SWs00114, contempla un importe de 1,131,295.68 euros para cuatro años, desde enero de 2025 hasta diciembre de 2028.

Al dividir ese presupuesto entre los 48 meses de vigencia y los 87 trabajadores contemplados en la contratación, el resultado es de aproximadamente 271 euros mensuales por empleado. Se trata de un promedio del presupuesto global, no de una tarifa individual establecida para cada trabajador.

Los anexos del acuerdo, firmado el 1 de enero de 2025, permiten conocer cuánto factura Palco por los servicios y cuánto salario establece para quienes los prestan.

Por un auxiliar de oficina, la empresa estatal factura 5,822.47 pesos cubanos mensuales, mientras el trabajador tiene pactado un sueldo de apenas 3,706.69 pesos.

En el caso de los auxiliares generales de servicios, Palco factura alrededor de 5,702 pesos y fija salarios cercanos a los 3,630 pesos. Para los choferes, el costo del servicio asciende a 6,079.47 pesos y el salario pactado es de 3,870.06 pesos.

En las tres categorías, la diferencia entre lo facturado y el salario ronda el 36%, aunque los documentos no especifican qué parte de esa cantidad corresponde a otros costos laborales o ingresos de la empresa.

El acuerdo establece que los trabajadores mantienen su relación laboral con Palco, mientras el Consulado español dirige y supervisa sus actividades. La empresa estatal también conserva la facultad de aceptar o rechazar al personal propuesto para prestar servicios.

Este sistema responde al Decreto-Ley 384 de 2019, que obliga a las representaciones extranjeras en Cuba a contratar trabajadores locales mediante entidades estatales autorizadas, en lugar de establecer una relación laboral directa con ellos.

El mecanismo guarda similitudes con el utilizado por el régimen cubano en sus misiones médicas internacionales, donde el Estado recibe ingresos por los servicios profesionales prestados en el extranjero mientras los trabajadores perciben solo una parte de esos recursos.

España defiende el contrato y el PP cuestiona el acceso a datos sensibles

La contratación con Palco también ha provocado cuestionamientos políticos en España.

En una iniciativa parlamentaria presentada el 9 de julio de 2026, diputados del Partido Popular (PP) pidieron explicaciones sobre las funciones del personal suministrado por la empresa cubana, especialmente en la tramitación de solicitudes de nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como «Ley de Nietos».

Los parlamentarios preguntaron si esos trabajadores tenían acceso a partidas de nacimiento, información familiar, expedientes de nacionalidad y sistemas informáticos del Consulado. También solicitaron aclaraciones sobre posibles vínculos de Palco con GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas.

Por su parte, el Gobierno español reconoció, en una respuesta parlamentaria fechada el 23 de septiembre de 2026, que el Consulado mantiene un contrato con Palco, y explicó que la legislación cubana obliga a recurrir a una empresa estatal para contratar personal local.

Según el Ejecutivo español, este sistema se utiliza desde 2017 y los empleados suministrados desempeñan funciones administrativas, técnicas y auxiliares bajo la supervisión de funcionarios españoles.

Asimismo, aseguró que no participan en decisiones sobre expedientes de registro civil, pasaportes o visados y que sus accesos a documentación y sistemas están sujetos a controles de seguridad y confidencialidad.

La respuesta gubernamental, sin embargo, no ofrece un desglose de la diferencia entre las tarifas del servicio y los salarios establecidos para los trabajadores.