El Gobierno de España aseguró ante el Congreso de los Diputados que los trabajadores suministrados por la empresa estatal cubana Grupo Palco al Consulado General en La Habana están sujetos a obligaciones de confidencialidad y protección de datos. Sin embargo, una revisión del contrato firmado entre ambas partes no permite identificar cláusulas específicas que regulen esas garantías.

El contrato consultado, correspondiente al expediente 2024SWs00114 y de 13 páginas, recoge las condiciones económicas y administrativas del suministro de personal, pero en su clausulado no aparecen disposiciones específicas sobre confidencialidad ni protección de datos personales

La ausencia de esas disposiciones expresas cobra relevancia por el volumen de trámites que gestiona el Consulado español en Cuba, especialmente las solicitudes de nacionalidad presentadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.

Estos expedientes contienen información personal y familiar, como partidas de nacimiento, documentos de identidad y otros antecedentes necesarios para acreditar el derecho a la nacionalidad española.

Gobierno español reconoce acceso del personal de Palco a documentación consular

En una respuesta parlamentaria fechada el 23 de septiembre de 2026, el Ejecutivo español afirmó que los accesos del personal suministrado por Palco a documentación y sistemas informáticos «se limitan a las necesidades del servicio y están sujetos a mecanismos de autorización, supervisión y trazabilidad».

Asimismo, aseguró que esos trabajadores «están sometidos a las obligaciones de confidencialidad y a la normativa vigente en materia de protección de datos y seguridad de la información».

No obstante, la respuesta no identifica los documentos específicos en los que se recogen esas obligaciones ni detalla los mecanismos empleados para garantizar su cumplimiento.

El Gobierno también aclaró que los trabajadores realizan funciones administrativas, técnicas y auxiliares bajo supervisión española y que «en ningún caso ejercen funciones reservadas a funcionarios públicos españoles ni participan en la adopción de decisiones sobre expedientes de registro civil, pasaportes o visados».

El PP cuestiona los vínculos de Palco y la seguridad de los expedientes

El asunto también ha provocado cuestionamientos del Partido Popular (PP), cuyos diputados presentaron varias iniciativas parlamentarias en julio para solicitar explicaciones sobre los contratos con la empresa estatal cubana.

En una de ellas, registrada el 9 de julio, los parlamentarios preguntaron cuántos trabajadores suministrados por Palco participan en tareas relacionadas con la Ley de Nietos y qué acceso tienen a expedientes, partidas de nacimiento, datos familiares y sistemas informáticos consulares.

También solicitaron información sobre las medidas para prevenir la copia, extracción o utilización no autorizada de datos personales.

El PP planteó, además, interrogantes sobre posibles vínculos de Palco con GAESA, el conglomerado empresarial asociado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, y pidió conocer si el Gobierno español había evaluado los riesgos derivados de esas posibles relaciones.

La documentación contractual consultada no establece una vinculación de Palco con GAESA, mientras que la respuesta parlamentaria analizada no desarrolla esa cuestión.

España justifica el contrato por una ley cubana

El Gobierno español explicó que el Consulado está obligado a contratar trabajadores locales mediante una empresa estatal, conforme al Decreto-Ley 384 de 2019, que regula el suministro de personal a las representaciones extranjeras en Cuba.

Según el Ejecutivo, este mecanismo se utiliza desde 2017 y no existe otra modalidad legal de contratación directa de personal local.

El contrato con Palco, firmado el 1 de enero de 2025, contempla un presupuesto de 1,131,295.68 euros para cuatro años, hasta diciembre de 2028.

El acuerdo establece que la relación laboral de los trabajadores corresponde a la empresa cubana, aunque sus actividades son dirigidas y supervisadas por el Consulado.

La normativa española y europea de protección de datos establece obligaciones de seguridad y confidencialidad, que pueden requerir instrumentos contractuales específicos dependiendo de la función jurídica de cada entidad en el tratamiento de información personal.

Por ello, la ausencia de cláusulas expresas en el contrato examinado no demuestra por sí sola un incumplimiento legal, pero deja sin aclarar dónde están documentadas las garantías que el Gobierno español asegura aplicar.

La contratación con Palco ya había provocado controversia en España, tanto por la intermediación de una empresa estatal cubana como por las condiciones en que se suministra personal a las representaciones diplomáticas.

La cuestión pendiente es conocer qué protocolos o acuerdos complementarios regulan el acceso a información consular y cómo se garantiza, en la práctica, la protección de los datos personales de los cubanos que realizan trámites ante el Consulado español en La Habana.