Esto, además de cumplir con los planes elaborados por Estados Unidos en una reciente reunión con los gobiernos derechistas del continente, ofrece a Noboa la oportunidad de declarar terroristas a sus opositores del correísmo e intensificar el desmembramiento de las organizaciones indígenas con dirigentes aún no corruptos.
“A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad”, señaló Noboa en un vídeo difundido en redes sociales por la Presidencia.
El gobernante admitió que esta disposición es “fruto de la última reunión en el Pentágono», y anticipó que “desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo”.
Actualmente, Ecuador ya recibe apoyo -entre otros- de EE.UU. y la Unión Europea para temas de seguridad, especialmente del primero con soporte de inteligencia, pero sin tropas sobre el terreno hasta el momento.
En el decreto, Noboa señala que el Estado recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de las amenazas que generan, agudizan y sostienen la “guerra” que declaró desde enero del 2024 a las mafias, ante el auge de la criminalidad por parte de bandas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.
El decreto dispone, literalmente, que «el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos» por Ecuador.
El mismo documento indica que el presidente, conforme lo contempla la Constitución, “concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y los civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado”.
Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional (Parlamento) para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial o de los civiles que hubieren actuado en defensa del Estado.
Todo muy bonito para disfrazar lo que ya se está haciendo ahora impunemente, pero oficializando, dejando en un limbo irresuelto, asesinatos desde presuntos narcotraficantes, hasta campesinos inocentes que defienden la posesión de sus tierras, reos que protestan por las condiciones carcelarias, etc.
Tras el ‘conflicto armado interno’, Noboa ha decretado una serie de estados de excepción para combatir la inseguridad. El más reciente se activó esta semana, por sesenta días, en diez provincias y tres municipios.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado abusos de militares, y la Fiscalía registra unos 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde el 2023. El primer mandato de Noboa inició en noviembre de ese año.
Uno de esos casos es el de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos de manera irregular en Guayaquil por dos patrullas militares en diciembre del 2024, y posteriormente fueron hallados calcinados y con impactos de bala, cerca de una base militar.
Pese a la declaración de ‘conflicto armado interno’ y los sucesivos estados de excepción que se prolongan durante casi dos años y medio, el país andino registró en el 2025 un récord de 9 281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100 000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.
PERSECUCIÓN A “LOS OTROS” NARCOTRAFICANTES
Mientras Noboa utiliza hasta militares extranjeros para presuntamente perseguir a bandas de narcotraficantes, en abril de este año ya era conocido que por lo menos ocho cargamentos de cocaína enredan a la familia presidencial.
Entre el 2020 y el 2025, las autoridades incautaron esos cargamentos dentro de contenedores que pertenecen a las empresas del conglomerado Noboa, principalmente en cajas de banano. Cuatro de esas incautaciones han ocurrido en puertos de Guayaquil, antes de que la mercancía saliera para Europa, y los otros cuatro han sido interceptados ya en puertos europeos, en Turquía, Croacia o Italia. La familia presidencial habla de “contaminación” de sus contenedores, pero las autoridades han encontrado complicidad dentro de las propias compañías.
El 27 de marzo de 2025, la Policía Antidrogas de Ecuador interceptó un cargamento en el puerto de Posorja, en Guayaquil, que sacudiría el entorno presidencial. Ocultos entre sacos de cacao con destino a Amberes, Bélgica, los agentes hallaron 2 327 paquetes de cocaína —unas 2,3 toneladas— sellados con cinta café y diversos logotipos. El contenedor provenía de un depósito de Blasti, operadora logística del Grupo Noboa. El hallazgo vincula directamente al conglomerado de la familia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, principal aliado de Donald Trump en la ofensiva regional contra el narcotráfico.
El operativo en Posorja repite una constante de los últimos cinco años: cocaína oculta en exportaciones de frutas con el sello del grupo Noboa. Este holding familiar no solo siembra y cosecha; posee una infraestructura completa que incluye transporte y puertos privados de salida al exterior. Bajo este modelo de control, Luis y Álvaro Noboa —abuelo y padre de Daniel Noboa— erigieron un patrimonio que los convirtió en los rostros más visibles de la élite económica ecuatoriana.
El decomiso de las 2,3 toneladas de cocaína en los contenedores de Blasti se mantuvo bajo reserva durante meses; solo en enero pasado comenzaron a filtrarse los primeros detalles. No obstante, el silencio oficial contrastó con un episodio previo: apenas cuatro días antes de la incautación, durante un debate presidencial, la candidata Luisa González increpó a Daniel Noboa frente a las cámaras. González le exigió explicaciones sobre el vínculo de sus empresas familiares con cargamentos de droga detectados en sus propios contenedores.
Los registros de la Superintendencia de Compañías de Ecuador, analizados por Señal Investigativa y Revista Raya, confirman que el círculo íntimo del mandatario está detrás de la firma Blasti. Entre los beneficiarios y propietarios figuran Isabel Noboa Pontón, tía del presidente; su exesposo, Isidro Romero, y varios de sus primos de la familia Sicre Noboa. El documento oficial ratifica el control directo del entorno presidencial sobre la empresa logística.
Blasti opera como un centro logístico de alta complejidad en el sur de Guayaquil, diseñado específicamente para servir a la industria de exportación de banano y cacao del grupo Noboa. El personal de esa compañía es clave en el alistamiento de cada contenedor, su aseguramiento y su despacho a puerto. La empresa, en todo momento, tiene control de cada contenedor. ¿Si la compañía cuenta con todo este diseño de trazabilidad, quiénes son los responsables de la llamada “contaminación” con cocaína?
En la incautación de cocaína de marzo del año pasado, dentro del depósito privado de Blasti, el contenedor con esa mercancía había sido clonado, es decir, se despacharon dos contenedores idénticos, con la misma numeración, que fueron transportados en diferentes horarios de la noche y por dos vehículos distintos usados por trabajadores de esa compañía. ¿Cómo se realizó dicho operativo sin conocimiento de los inspectores y autoridades de la empresa y en un entorno estrictamente controlado con sistemas de videovigilancia?
La operación derivó en la captura de cuatro trabajadores de la logística de Blasti, piezas clave en el proceso de autorización y salida de la carga. El hallazgo de marzo pasado, no solo destaca por su magnitud, siendo la incautación más grande hasta el momento, sino porque marca un hito alarmante: es la cuarta vez que contenedores vinculados a las empresas del patrimonio presidencial se ven comprometidos en casos de narcotráfico.
EL ÚNICO CULPABLE
Según la revista Raya, todos los caminos conducen el grupo Noboa. El primer eslabón de esta cadena se registró en el 2020: 150 kilos de droga rumbo a Croacia. En esa detención apareció por primera vez el nombre de José Luis Rivera Baquerizo, un contratista de Noboa Trading cuya defensa fue asumida por Edgar José Lama Von Buchwald. Lo que entonces parecía un trámite legal cobró relevancia política cuando Lama pasó de ser asesor de Daniel Noboa en la Asamblea a convertirse en su ministro de Salud.
Rivera Baquerizo se convirtió en una figura recurrente. Fue capturado nuevamente en junio del 2022 con 278 kilos y, por tercera vez, en abril del 2024 con 76 kilos adicionales, siempre bajo la sombra de la logística del grupo Noboa. En el segundo incidente, la conexión familiar fue directa: su empleador era Roberto Ponce Noboa, primo del presidente.
Mientras la justicia local, bajo la gestión de la fiscal general Diana Salazar, no ha señalado culpables más allá de los operarios, los puertos internacionales siguen encendiendo alarmas. En octubre del 2023, el puerto turco de Mersin interceptó más de media tonelada de cocaína bajo el sello de Bonita Banana, evidenciando que el problema de la «contaminación» es una crisis de exportación global para el grupo empresarial.
Pero, ¿quién es el verdadero dueño de la droga que ha viajado en los contenedores del grupo Noboa? La respuesta yace en las profundidades de Sky ECC, una plataforma de mensajería ultrasecreta diseñada originalmente para la comunicación inexpugnable del crimen organizado global. Tras ser desmantelada por las autoridades europeas en el 2021, la intervención dejó al descubierto millones de conversaciones que hoy sirven como mapa de las mafias internacionales.
En Ecuador, la logística y el embarque recaían sobre la facción de Dordevic, actualmente prófugo. Sin embargo, en el viejo continente, la recepción estaba bajo el mando del croata Petar Cosic, quien enfrenta procesos judiciales por narcotráfico, organización criminal y homicidio agravado.
El mapa del narcotráfico traza una línea directa desde Guayaquil hacia el corazón de Europa. La ruta, que suele hacer escala en Panamá antes de cruzar el Atlántico, tiene sus principales puertas de entrada en el puerto italiano de Gioia Tauro y en las terminales adriáticas de Rijeka y Ploče, en Croacia. En ocasiones, la logística se extiende hacia los gigantes del norte: Amberes y Rotterdam.
NARCOJUSTICIA
¿Quién es el narcotraficante que motivó las presiones de Godoy sobre el sistema judicial? Un ciudadano de nacionalidad bosniaherzegovina, Jezdimir Srdan, un viejo conocido de las autoridades ecuatorianas, quien, tras cumplir una condena previa por narcotráfico y recuperar su libertad, fue recapturado en el 2024. Según el portal Primicias, Godoy habría enviado un emisario para intentar forzar un fallo favorable a Srdan, una maniobra que finalmente resultó infructuosa.
El perfil de Srdan es la prueba de que la mafia de los Balcanes mantiene su vigencia en Ecuador. Su rol es estratégico: actúa como el eslabón indispensable entre los facilitadores locales y la cúpula criminal en Europa del Este.
Si bien ni el presidente Daniel Noboa ni su familia están formalmente vinculados a investigaciones por narcotráfico, ya son al menos ocho incautaciones de cocaína que las autoridades han encontrado, en puertos de Ecuador o en Europa, ocultos en contenedores que pertenecen a las empresas de propiedad de la familia presidencial.
¿Y TRUMP?
Esto a Trump le tiene sin cuidado. Después indultar al desconocido para él, pero no por Marco Rubio expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 41 años de prisión por traficar más de 400 toneladas de cocaína, lo de Ecuador es un juego de niños y más ahora que Noboa permite impunidad para asesinar a los militares extranjeros que intervengan en la nación suramericana.
Fundación Robert A. Paneque
