La situación judicial de Benjamin Netanyahu ha entrado en una nueva fase. Turquía solicitó a Interpol la emisión de una notificación roja contra el primer ministro israelí, después de que un tribunal penal de Estambul emitiera en julio una orden de arresto contra él y el antiguo oficial de inteligencia Afek Moskovitch.
La decisión forma parte de un proceso que involucra a 35 acusados por la interceptación de la flotilla Global Sumud, misión humanitaria que intentaba llevar ayuda a Gaza.
Según el ministro turco de Justicia, Akın Gürlek, las órdenes de arresto contra Netanyahu y Moskovitch fueron emitidas el 14 de julio de 2026 por cargos que incluyen genocidio. Según el diario Anadolu Ajansi, el expediente contempla además acusaciones de crímenes de lesa humanidad, privación agravada de libertad, lesiones intencionales, tortura, daños a la propiedad, robo agravado y secuestro de medios de transporte.
La inclusión de Moskovitch en la causa hace que el procedimiento turco no se limite al jefe del Gobierno israelí, sino que alcance también a otros presuntos responsables de los hechos investigados.
El Ministerio de Justicia turco pidió al Ministerio del Interior que gestionara ante Interpol las notificaciones rojas para ambos. Hasta ahora, Interpol no ha dicho si lo hará.
Notificación roja, no arresto
Una notificación roja no es una orden internacional de arresto, es una solicitud dirigida a las fuerzas policiales de los países miembros de Interpol para localizar a una persona y detenerla provisionalmente mientras se tramita una extradición, entrega u otra actuación judicial. No obstante, cada país determina, conforme a su legislación, qué efectos jurídicos concede a una notificación de ese tipo.
De cualquiera manera, si Interpol aceptara la solicitud turca, Netanyahu no quedaría automáticamente detenido. Eso solo sucedería si viaja a un país cuyas autoridades estén facultadas y dispuestas a actuar sobre la base de la orden turca y la legislación nacional correspondiente.
La medida, sin embargo, podría limitar los desplazamientos internacionales de Bibi, como le llaman; aumentar el costo diplomático de sus movimientos; y añadir una dimensión nacional a un expediente que ya tiene alcance internacional.
La orden de la CPI sigue vigente
Netanyahu enfrenta además una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) el 21 de noviembre de 2024. La decisión fue adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares después de rechazar los cuestionamientos de Israel a la jurisdicción de la Corte.
La entidad acusa a Netanyahu de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Palestina. Pero una orden de arresto tampoco equivale a una condena.
Netanyahu aún no ha sido declarado culpable. Para que eso suceda tendría que ser detenido, entregado a la Corte y sometido un proceso judicial ante ese tribunal.
Vale añadir que la CPI no posee una fuerza policial propia. Depende de la cooperación de los Estados para ejecutar sus órdenes. De ahí que, pese a la orden vigente desde 2024, Netanyahu continúe libre.
Tres causas en Israel
Según la citada publicación, Anadolu Ajansi , el primer ministro israelí afronta también un prolongado proceso penal dentro de su propio país. Se trata de tres causas de corrupción conocidas como Caso 1000, Caso 2000 y Caso 4000, que incluyen acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza.
El Caso 1000 se centra en regalos de elevado valor que Netanyahu y miembros de su familia habrían recibido de empresarios adinerados. La fiscalía sostiene que esos beneficios estuvieron relacionados con favores y gestiones realizados desde el poder.
El Caso 2000 gira alrededor de conversaciones entre Netanyahu y Arnon Mozes, editor del diario Yedioth Ahronoth. La acusación sostiene que ambos discutieron un posible acuerdo para favorecer al primer ministro con una cobertura mediática favorable, a cambio de medidas que afectaran a su competidor, Israel Hayom.
El Caso 4000, considerado el más grave de los tres, está relacionado con la compañía de telecomunicaciones Bezeq y el sitio informativo Walla. La fiscalía sostiene que Netanyahu favoreció, mediante decisiones regulatorias, los intereses de Shaul Elovitch, entonces accionista de control de Bezeq, a cambio de una cobertura favorable para el primer ministro y su familia.
Como era de esperar, Netanyahu lo niega todo y sostiene que las acusaciones forman parte de una persecución política.
El juicio comenzó en el 2020 y continúa activo. En junio de este año, Netanyahu concluyó su testimonio después de 98 audiencias. El proceso entra ahora en una fase avanzada, con la presentación de los restantes testigos de la defensa antes de las conclusiones y de un eventual veredicto.
Estas causas deben distinguirse de las actuaciones internacionales. Los procesos israelíes son causas penales internas por presunta corrupción. La orden de la CPI se refiere a presuntos crímenes internacionales relacionados con la situación en Palestina, mientras que el expediente turco corresponde a una investigación desarrollada bajo jurisdicción de un país extranjero.
Hasta el momento, Netanyahu no ha recibido una condena definitiva en ninguna de estas causas.
Tres tribunales, tres competencias
El escenario resulta especialmente complejo porque alrededor de Gaza actúan instituciones con competencias diferentes.
La Corte Penal Internacional examina la responsabilidad penal de individuos. En el caso de Netanyahu, su actuación se refiere a presuntos crímenes internacionales.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene otra función: no juzga personas ni dicta penas de prisión, sino que resuelve controversias entre Estados. Ante ella, Sudáfrica demandó a Israel, alegando violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La causa continúa abierta.
Por tanto, la CIJ no puede ordenar el arresto de Netanyahu en ese proceso. Una eventual decisión contra Israel tendría consecuencias jurídicas para el Estado, no una pena personal para su primer ministro.
Turquía, en cambio, está actuando mediante su jurisdicción nacional. Su proceso se refiere a los hechos relacionados con la flotilla y a las personas que las autoridades turcas consideran responsables.
¿Puede Netanyahu terminar detenido?
En términos estrictamente jurídicos, la posibilidad existe. Desde el punto de vista político y práctico, sin embargo, se trata de un escenario complejo.
Para que una orden de arresto nacional o una eventual notificación roja produzca una detención, Netanyahu tendría que encontrarse en un territorio donde las autoridades estuvieran dispuestas a hacerlo. La orden de la CPI presenta un escenario semejante. Los Estados vinculados al Estatuto de Roma tienen obligaciones de cooperación con la Corte, aunque su aplicación concreta puede generar disputas jurídicas y políticas.
Así, el primer ministro israelí conserva un amplio margen de movilidad, particularmente mientras permanezca en Israel o visite países aliados.
No obstante, el proceso turco modifica el escenario. Ya no se trata solamente de una orden procedente de un tribunal internacional: existe también una causa abierta ante un tribunal nacional y una solicitud para incorporar el caso al sistema de cooperación policial internacional.
Más allá de los tribunales
El efecto más importante es la acumulación de mecanismos jurídicos. La orden de la CPI permanece vigente. El proceso de Sudáfrica contra Israel continúa ante la CIJ. Las causas por corrupción siguen abiertas en Israel. Y Turquía ha abierto un expediente propio que ahora busca ampliar su alcance mediante Interpol.
Ninguna de estas actuaciones garantiza justicia por sí sola. Tampoco permite afirmar que Netanyahu esté próximo a ser encarcelado. Pero sí modifican el costo jurídico y diplomático de las decisiones adoptadas por su Gobierno.
La cuestión de fondo trasciende el impacto directo sobre Netanyahu. El verdadero significado de estos procesos está relacionado con la dimensión humana de lo que sucede en Palestina y la masacre en Gaza, hechos que no pueden ser reducidos a expedientes, órdenes o recursos.
Desde el 7 de octubre de 2023, más de 73 mil 400 palestinos han sido asesinados en la Franja de Gaza, según las autoridades sanitarias palestinas. A esa cifra deben añadirse las víctimas registradas en Cisjordania y Jerusalén Este. También habría que sumar 174 mil 369 heridos, miles de familias desplazadas y una infraestructura civil devastada. Esa es parte de la deuda de Netanyahu con la humanidad.
Hay que reconocer que habitualmente, la justicia procede lentamente y depende, en última instancia, de la voluntad de los Estados para hacer cumplir sus decisiones. Pero cuando las investigaciones se multiplican y las vías judiciales se superponen, la impunidad se torna un segura.
Que Netanyahu llegue a ser detenido y condenado dependerá, finalmente, de una combinación de derecho, cooperación internacional y decisiones políticas de los Estados. Por ahora, lo que puede afirmarse con certeza es que el cerco contra él se va estrechando.
