La administración del presidente Donald Trump dio un nuevo paso en su ofensiva migratoria al pausar y reprogramar citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo, mientras somete a los funcionarios consulares a un nuevo entrenamiento destinado a endurecer los controles sobre los solicitantes.
La medida, confirmada por el Departamento de Estado, se enmarca en la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca y extiende el endurecimiento de los controles más allá de la inmigración irregular para alcanzar también a quienes buscan ingresar legalmente al país.
Un portavoz del Departamento de Estado explicó que Washington puso en marcha una iniciativa global de capacitación en todas sus embajadas y consulados y que las citas para servicios de visas serán «ajustadas» para permitir que los funcionarios participen del entrenamiento.
La administración no precisó cuánto durará el programa ni cuándo se normalizará por completo el calendario de entrevistas.
Solicitantes de visas de inmigrante que ya tenían entrevistas programadas comenzaron a recibir correos electrónicos informándoles que sus citas serían reprogramadas y que posteriormente se les comunicaría una nueva fecha.
El nuevo entrenamiento apunta especialmente a reforzar la aplicación del concepto de «carga pública» (public charge), que permite negar el ingreso a personas que los funcionarios consideren que podrían terminar dependiendo de ayudas económicas del gobierno estadounidense.
El Departamento de Estado sostiene que los agentes consulares deben evaluar factores como la edad, la salud, la situación familiar y financiera, la educación y las capacidades profesionales del solicitante antes de determinar si existe ese riesgo.
La Casa Blanca viene colocando el principio de autosuficiencia económica en el centro de su política migratoria y sostiene que los extranjeros que ingresan al país no deben representar posteriormente una carga para los contribuyentes estadounidenses.
La decisión representa un nuevo capítulo de la ofensiva migratoria de Trump, que durante su segundo mandato incluyó deportaciones masivas, revocaciones de visas y permisos de residencia, mayores controles sobre solicitantes y nuevas restricciones para distintas categorías de extranjeros.
El mandatario sostiene que el endurecimiento resulta necesario para proteger la seguridad nacional y garantizar que quienes ingresen a Estados Unidos cumplan estrictamente con las leyes del país.
Sin embargo, la ofensiva comenzó también a extenderse sobre los canales de inmigración legal, mediante mayores requisitos, controles financieros, nuevas tarifas y un escrutinio más profundo de quienes solicitan visas o permisos de residencia.
La pausa mundial se produce, además, apenas días después de un importante revés judicial para el gobierno.
La jueza federal de Nueva York Jeannette Vargas anuló el viernes una política del Departamento de Estado que había suspendido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países considerados por Washington con mayor riesgo de recurrir a asistencia pública.
Vargas determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido la autoridad que le concede la ley al imponer una prohibición general basada en la nacionalidad de los solicitantes.
