El documento, correspondiente al período del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026, cifra en 36 271,62 millones de dólares las afectaciones al sector, con consecuencias que trascienden los escenarios competitivos y alcanzan a millones de practicantes.
La presión financiera encarece las operaciones internacionales, dificulta el cobro de servicios profesionales en el extranjero y obliga a buscar intermediarios para realizar transacciones bancarias, mientras las restricciones comerciales reducen las posibilidades de adquirir recursos en mercados cercanos y a precios más favorables.
En el alto rendimiento, esas barreras se traducen en dificultades para comprar equipamiento especializado, financiar viajes, pagar inscripciones y garantizar una preparación competitiva en condiciones adecuadas, con consecuencias que pueden incidir en los resultados sobre el terreno.
El informe señala que durante el período analizado fueron denegadas o no otorgadas visas a 61 personas vinculadas al movimiento deportivo cubano, con una afectación económica estimada en 11.285 millones de dólares, e incluye entre los casos las dificultades para la participación de delegaciones en eventos celebrados en Estados Unidos y Puerto Rico.
Un caso ilustrativo es la negativa de visas a varios integrantes de la delegación cubana que debía participar en el torneo clasificatorio del Caribe para la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas de softbol femenino, categoría de 9-10 años, lo que impidió su traslado a Puerto Rico, sede del certamen.
La embajada de Washington en La Habana concedió visas únicamente a las 14 jugadoras y negó ese permiso a los siete adultos responsables de conducir el proceso competitivo y velar por la integridad de las niñas, según una nota difundida por la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS).
La adquisición de vestuario e implementos para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Junior de Santiago de Chile y Asunción, ambos en 2025, también estuvo condicionada por esas limitaciones. Cuba debió desembolsar 279 868 dólares y, de acuerdo con el documento, habría podido reducir ese gasto alrededor de un 40 por ciento de no existir las restricciones.
El impacto se extiende a las escuelas y comunidades, donde la escasez de medios compromete la renovación de los recursos para las clases de educación física y la práctica sistemática de actividades deportivas.
Según el informe, equipar con materiales básicos a 10 976 instituciones educativas, para beneficio de 1.5 millones de estudiantes, costaría unos 38,9 millones de dólares si se pudiera comprar en el mercado estadounidense, frente a los 67.3 millones calculados al recurrir a proveedores de Asia o Europa, una diferencia de aproximadamente 28.4 millones.
El documento advierte, además, que el 75 por ciento del equipamiento de los gimnasios de musculación se encuentra obsoleto, mientras las dificultades de abastecimiento de combustible obligan a trasladar a formatos virtuales determinadas actividades nacionales de promoción de la cultura física.
La medicina deportiva tampoco escapa a ese escenario, con limitaciones para adquirir insumos, piezas de repuesto, equipos de rehabilitación y tecnología especializada, recursos esenciales para atender lesiones, acompañar la recuperación de los atletas y sostener la preparación científica de entrenadores y especialistas.
A esas dificultades se suma el acceso restringido a plataformas digitales y herramientas de análisis del rendimiento, que limitan las posibilidades de actualización profesional, intercambio científico y seguimiento de competiciones internacionales, en un entorno donde la tecnología constituye una pieza cada vez más importante de la preparación deportiva.
El informe también recoge obstáculos para la contratación de atletas cubanos en clubes extranjeros y señala que no ha sido posible renovar el acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas estadounidenses, una vía que habría permitido a los peloteros acceder a ese circuito sin abandonar el país.
Más allá de las cifras, las afectaciones descritas dibujan una cadena de dificultades que comienza en las operaciones financieras, pasa por los almacenes y las instalaciones deportivas y termina repercutiendo en la preparación de los competidores y las oportunidades de la población para practicar actividad física.
El informe sostiene que esas restricciones limitan el desarrollo del deporte cubano en condiciones de igualdad y reclama el fin de una política que obstaculiza tanto la participación internacional de sus atletas como el acceso de la población a la actividad física.
Al presentar el documento, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró que Cuba continuará enfrentando las dificultades derivadas de esa política y defendiendo sus programas sociales, pese a las limitaciones económicas.
«Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí», afirmó el canciller, en una declaración que resume el reclamo cubano frente a unas restricciones que también condicionan el desarrollo deportivo, desde las aulas y las comunidades hasta los escenarios internacionales.
