El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos denunció este lunes que las autoridades del condado de Los Ángeles, California, liberaron al cubano Javier Balbuena Fernández, condenado por homicidio en segundo grado y agresión con arma mortal, pese a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había solicitado mantenerlo bajo custodia.

Según un comunicado oficial del DHS publicado el 2 de noviembre, ICE emitió una solicitud de retención migratoria contra Balbuena Fernández el 22 de abril de 2025, pero las autoridades locales no la atendieron y posteriormente lo dejaron en libertad.

El cubano figura entre diez casos destacados por el Gobierno federal para cuestionar las llamadas políticas santuario de California, que limitan la cooperación de las autoridades estatales y locales con los agentes federales de inmigración.

Los antecedentes judiciales de Balbuena Fernández se remontan a varias décadas. Según documentos del Tribunal Federal del Distrito Este de California, en 2011 el cubano presentó un recurso de habeas corpus en el que afirmó haber sido condenado en 1988 por homicidio en segundo grado a una pena de entre 16 años y cadena perpetua. También señaló que desde 1989 pesaba sobre él una orden de retención migratoria vinculada a su posible deportación a Cuba. En 2008, las autoridades penitenciarias de California le habían denegado la libertad condicional, decisión que posteriormente impugnó ante la justicia federal.

El DHS aseguró que, desde el 20 de enero de 2025, California ha liberado a casi 24,000 inmigrantes con antecedentes penales sin entregarlos a ICE, pese a las solicitudes de retención presentadas por la agencia. Se trata de cifras difundidas por el Gobierno federal, que no fueron acompañadas en el comunicado de los expedientes individuales necesarios para verificarlas de manera independiente.

De acuerdo con los registros citados por el DHS, las solicitudes no atendidas están vinculadas a más de 81,000 cargos o condenas, incluidos 169 por homicidio, 147 por delitos sexuales, 1,088 por tráfico de drogas y 3,295 por robo. Esas cifras corresponden a antecedentes penales y no al número de personas involucradas.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, responsabilizó al gobernador Gavin Newsom y a los dirigentes que respaldan las políticas santuario de obstaculizar la actuación de las autoridades migratorias.

El conflicto está relacionado con la Ley de Valores de California (SB 54), vigente desde 2018, que restringe el uso de recursos policiales locales para aplicar las leyes federales de inmigración, aunque contempla excepciones para determinados delitos graves.

Las solicitudes de retención de ICE, conocidas como detainers, no son órdenes judiciales de arresto ni obligan automáticamente a las autoridades locales a mantener detenida a una persona. El condado de Los Ángeles también tiene una política que exige una orden judicial para transferir personas bajo su custodia a ICE.

Este caso refleja las tensiones entre las políticas santuario estatales y las acciones federales de ICE. Sigue los últimos desarrollos en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.