El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a poner a Colombia en el centro del debate sobre la influencia regional de Cuba al citar al país como uno de los principales ejemplos de la estrategia de exportación de la revolución impulsada por La Habana durante más de seis décadas y al mencionar expresamente al presidente saliente, Gustavo Petro, por su pasado en el M-19. El documento, de cerca de 100 páginas y titulado Cuba: The Capital of 21st Century Communism, sostiene que La Habana convirtió la exportación de la revolución en una política de Estado desde el triunfo de Fidel Castro en 1959 y que durante más de seis décadas ha respaldado guerrillas, penetrado en movimientos políticos, desarrollado redes de propaganda y cultivado aliados dentro y fuera de América Latina. En ese recorrido histórico, Colombia ocupa un lugar destacado. El informe cita al país como uno de los principales escenarios de la expansión revolucionaria promovida por Cuba y sostiene que buena parte de esa estrategia se materializó mediante el respaldo a grupos guerrilleros. Según el Departamento de Estado, los fundadores del Ejército de Liberación Nacional, ELN, recibieron entrenamiento en Cuba y mantuvieron una estrecha relación con el régimen de Fidel Castro. El documento también afirma que La Habana brindó apoyo a las guerrillas colombianas durante décadas, hasta el punto de provocar, en distintos momentos, el deterioro e incluso la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Pero la referencia que más llama la atención es una que trasciende el plano histórico y llega hasta la política colombiana reciente. En un apartado dedicado a argumentar que la influencia de la revolución cubana todavía se refleja en América Latina, el informe menciona expresamente al presidente saliente Gustavo Petro. “Las huellas de esta era de terrorismo respaldado por Cuba todavía están impresas en la política latinoamericana”, afirma el documento antes de agregar que “el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, fue él mismo miembro del M-19”. El informe, sin embargo, no sostiene que Petro haya actuado bajo la influencia del gobierno cubano ni presenta evidencia de una coordinación reciente entre su administración y La Habana. La referencia aparece como parte de una argumentación histórica con la que el Departamento de Estado intenta demostrar que los movimientos revolucionarios impulsados o respaldados por Cuba tuvieron efectos duraderos en la política regional. El reporte forma parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump para presentar al régimen cubano no solo como una dictadura que reprime a su población, sino también como un actor internacional que continúa amenazando los intereses de Estados Unidos. La tesis central del documento es que Cuba modificó sus métodos, pero no sus objetivos. Según el Departamento de Estado, durante las primeras décadas de la revolución, La Habana recurrió principalmente al entrenamiento de guerrillas, el envío de armas, el apoyo a insurgencias y la promoción de levantamientos armados. Con el paso del tiempo, sostiene el informe, esa estrategia evolucionó hacia formas menos visibles de influencia, como la infiltración de organizaciones políticas y sociales, la formación de dirigentes, la propaganda, las campañas de desinformación y el uso de misiones diplomáticas, médicas y educativas para expandir su presencia. El texto también acusa a la inteligencia cubana de haber construido redes en universidades, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y movimientos de solidaridad en Estados Unidos. Según su interpretación, esas redes contribuyeron a presentar al régimen como una víctima de la política estadounidense y no como un gobierno responsable de promover movimientos violentos y de reprimir la disidencia. El documento dedica, además, varios apartados a los vínculos de Cuba con adversarios estratégicos de Washington, entre ellos Rusia, China e Irán. Afirma que la isla ha permitido que esos países amplíen su presencia política, económica e inteligencia en el Caribe, a pocos kilómetros del territorio estadounidense. Uno de los capítulos más polémicos del reporte está dedicado a cuestionar el acercamiento con Cuba impulsado por el expresidente Barack Obama. El informe presenta la normalización iniciada en diciembre de 2014 como la culminación de décadas de presión ejercida por organizaciones, académicos, activistas y sectores políticos favorables a una relación menos conflictiva con La Habana. Según la narrativa del Departamento de Estado, esas redes ayudaron a cambiar la percepción sobre el régimen cubano dentro de Estados Unidos y terminaron influyendo en una administración que estaba dispuesta a sustituir la política de aislamiento por una de apertura. El documento recuerda que Obama restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, flexibilizó las restricciones a los viajes y las remesas, alivió algunas sanciones y retiró temporalmente a la isla de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. También cuestiona la visita que el entonces mandatario realizó a La Habana en marzo de 2016, la primera de un presidente estadounidense en ejercicio en casi nueve décadas. Para los autores del informe, dichas concesiones otorgaron legitimidad internacional al gobierno cubano sin que ello se tradujera en avances equivalentes en materia de derechos humanos, libertades políticas o apertura democrática. El texto sostiene que el régimen aprovechó el acercamiento para obtener beneficios económicos y diplomáticos, mientras mantenía intacto el sistema de partido único y continuaba persiguiendo a opositores y periodistas independientes. No obstante, el reporte no acusa a Obama de haber sido un agente del régimen cubano ni presenta pruebas de que haya actuado siguiendo instrucciones de La Habana. Su planteamiento es más bien político al sostener que personas y organizaciones que promovían los intereses cubanos lograron influir en el debate estadounidense y que las decisiones de Obama terminaron por favorecer los objetivos estratégicos de la isla. El otro gran ejemplo utilizado por el Departamento de Estado es Venezuela, país que el informe presenta como el caso más exitoso de la proyección cubana en América Latina durante el siglo XXI. Según el documento, la llegada de Hugo Chávez al poder permitió a La Habana construir una alianza que durante años garantizó petróleo subsidiado y otros recursos económicos a cambio de asesoría política, cooperación en inteligencia, personal médico y apoyo para consolidar las instituciones del nuevo régimen venezolano. El informe sostiene que Cuba no se limitó a mantener una relación diplomática cercana con Caracas, sino que también adquirió una influencia considerable en áreas sensibles del Estado venezolano. Entre ellas, menciona los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, los sistemas de identificación, las políticas sociales y los mecanismos de control político. Bajo esa lectura, el modelo cubano proporcionó conocimientos y personal que contribuyeron a fortalecer la capacidad del chavismo para vigilar a sus adversarios y preservar el poder. El Departamento de Estado responsabiliza, además, a La Habana de haber ayudado a Venezuela a transformar gradualmente sus instituciones democráticas en un sistema autoritario, primero durante el gobierno de Chávez y luego bajo Nicolás Maduro. Para Washington, la relación con Venezuela también permitió que Cuba sobreviviera a la crisis económica provocada por el colapso de la Unión Soviética. El petróleo y los recursos venezolanos reemplazaron parcialmente los subsidios que durante décadas había recibido de Moscú. A cambio, sostiene el reporte, el régimen cubano puso al servicio de Caracas su experiencia en seguridad, propaganda, organización política y control social. El documento utiliza el caso venezolano para reforzar su argumento de que la estrategia cubana ya no depende necesariamente de guerrillas armadas. En su lugar, puede avanzar mediante alianzas políticas, asesoría institucional y la progresiva concentración del poder desde el interior de gobiernos democráticamente elegidos. El informe también menciona la estrecha relación de La Habana con Nicaragua y describe a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua como parte de un eje autoritario que coopera para enfrentar a Estados Unidos y apoyar movimientos políticos afines. Según el Departamento de Estado, Cuba ha utilizado estas alianzas para amplificar su influencia en organismos multilaterales, protegerse de condenas internacionales y promover una narrativa común contra las sanciones y la política exterior estadounidense. La administración Trump busca utilizar el reporte como fundamento histórico y político para endurecer las sanciones, restringir las fuentes de financiación de La Habana y aumentar la presión sobre países y organizaciones que colaboren con el régimen. El documento concluye que, pese a la grave crisis económica que atraviesa la isla, Cuba continúa siendo un actor capaz de proyectar influencia más allá de sus fronteras y de facilitar la presencia en el hemisferio de Rusia, China e Irán. En esa narrativa, las referencias a Colombia, al ELN y al pasado de Gustavo Petro en el M-19 no aparecen como acusaciones aisladas, sino como ejemplos de una tesis más amplia. En otras palabras, que la estrategia revolucionaria iniciada por Fidel Castro hace más de seis décadas sigue dejando huellas concretas en la política latinoamericana. SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington @sergom68
