Un tribunal cubano impuso una condena de 12 años de privación de libertad al responsable del sabotaje a la Sub-Estación Eléctrica Bungo 2, ubicada en el municipio de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, según informó la emisora provincial CMKC Radio Revolución.

El condenado sustrajo ilícitamente 102 litros de aceite dieléctrico de la instalación, una sustancia esencial para el enfriamiento y aislamiento de los transformadores eléctricos.

La ausencia de ese líquido desencadenó una avería de grandes proporciones que dejó sin electricidad a cientos de familias del poblado de Bungo durante 48 horas consecutivas.

Bungo es un asentamiento del municipio de Contramaestre, una zona que ya había registrado afectaciones previas por sustracción de aceite dieléctrico en subestaciones cercanas, incluyendo Los Bungos y La Torcaza, según reportes de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba.

El caso se enmarca en una política de condenas severas que el régimen cubano ha intensificado ante la ola de robos a infraestructuras eléctricas que agrava la ya crítica crisis energética del país.

El Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, reclasificó este tipo de sustracciones como sabotaje al sistema electroenergético —no como hurto común—, con penas que van de 7 a 30 años de prisión, y que pueden llegar a cadena perpetua o pena de muerte en casos de consecuencias graves.

Desde entonces, los tribunales han aplicado lo que el propio régimen denomina «juicios ejemplarizantes».

Entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026, muchos de los procesados por sabotaje eléctrico en Cuba recibió condenas superiores a 10 años de prisión.

En mayo de 2026, un tribunal en Artemisa condenó a 12 años a un acusado por robar 70 litros de aceite dieléctrico, calificado igualmente como sabotaje.

Ese mismo mes, en Ciego de Ávila se aplicaron penas de hasta 12 años por delitos análogos relacionados con robo de aceite y cables.