El coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento Antidrogas del MININT, reconoció oficialmente que el problema de las drogas ya no es un fenómeno localizado en determinadas zonas del país, sino que se ha expandido por toda la isla.

Según el oficialista Granma, el funcionario afirmó que «el fenómeno se manifiesta en todas las provincias, y las sustancias como metanfetamina y cannabinoides sintéticos son las de mayor presencia».

La declaración se produjo en una reunión del Grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, presidida por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz.

La admisión de Poey Guerra marca un giro notable en el discurso oficial: hasta hace poco, las autoridades tendían a presentar el problema como acotado geográficamente o vinculado principalmente al tráfico de tránsito internacional.

Entre las sustancias señaladas, los cannabinoides sintéticos —conocidos popularmente en Cuba como «el químico», «kimiko» o «papelito»— se han convertido en la droga de mayor consumo interno. Se impregnan en tiras de papel y se fuman, y su precio, de entre 150 y 250 pesos cubanos por dosis (menos de un dólar), los hace accesibles incluso para adolescentes en un contexto de crisis económica severa.

La magnitud del problema queda reflejada en los datos sanitarios: los casos atendidos en urgencias de La Habana vinculados a cannabinoides sintéticos pasaron de 467 en 2024 a 886 en 2025, casi el doble, según cifras oficiales citadas por Associated Press.

Las autoridades cubanas han identificado al menos 40 variantes de estas sustancias circulando en el país, algunas adulteradas con fentanilo, formol, benzodiacepinas y anestésicos veterinarios, lo que eleva considerablemente el riesgo de intoxicación grave, convulsiones y psicosis.

En cuanto al origen del «químico», el propio Poey Guerra había señalado anteriormente que la droga sintética llega principalmente desde el exterior, particularmente desde Estados Unidos, por vía aérea, marítima y postal.

En la misma reunión, William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, subrayó que las fronteras deben funcionar como un «sistema de combate permanente y de rigor contra el tema de la droga».

Poey Guerra precisó que las acciones del MININT apuntan a «fortalecer los niveles de prevención y enfrentamiento a los ilícitos de drogas, así como garantizar un sistema de trabajo permanente que frene su evolución, con indicadores y evaluación que permita definir cómo se ha dado atención al problema, cuánto consumidores se han reinsertado y rehabilitados».

Las Tunas, una de las provincias más afectadas, reportó un aumento del 81,4% en casos de consumo entre 2024 y 2025, con el grupo de mayor incidencia situado entre los 14 y los 25 años y casos documentados desde los ocho años. En junio de 2026, esa provincia inauguró el primer Observatorio Provincial de Drogas del país, identificando los cannabinoides sintéticos como la sustancia más extendida.

El vicepresidente Valdés Mesa convocó a «enfrentar con más rigor los fenómenos delictivos en las diferentes instituciones y organismos» y a «elevar el control de manera permanente y estable, y fortalecer los planes de enfrentamiento para obtener mejores resultados».

El marco legal también se ha endurecido: el Tribunal Supremo Popular aprobó en agosto de 2025 el Dictamen 476, que contempla penas de uno a tres años de prisión o multas por tenencia y consumo de drogas.