El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el jueves que ha ejecutado aproximadamente 2,2 millones de acciones de control migratorio desde el 20 de enero de 2025, según un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional que describe estas medidas como revocaciones o terminaciones de estatus migratorio.

El comunicado, emitido bajo la autoridad del secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, aclara que esa cifra es adicional a las revocaciones y denegaciones de visas del Departamento de Estado y a las deportaciones ejecutadas por ICE.

El propio DHS presume de que USCIS tomó casi siete veces más acciones de control que durante los últimos dos años del gobierno Biden combinados.

«El presidente Trump prometió al pueblo estadounidense que las leyes de inmigración serían aplicadas, y estas cifras reflejan la magnitud de ese compromiso. Asegurar la frontera fue solo el comienzo», declaró Mullin.

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Los 2,2 millones no son una categoría uniforme. El comunicado enumera cinco tipos de acciones: terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para beneficiarios de 13 países —que afectó a aproximadamente 1,04 millones de personas—; denegaciones de solicitudes de cambio o extensión de estatus; emisión de Notificaciones de Comparecencia (NTA) para iniciar procedimientos de expulsión; eliminación de extensiones automáticas de permisos de trabajo y terminación de programas de parole categórico, incluido el programa CHNV que beneficiaba a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

El DHS no desglosa cuántas acciones corresponden a cada categoría ni cuántas derivaron en deportaciones efectivas: una NTA inicia un procedimiento, no equivale por sí sola a una expulsión.

Para los cubanos con trámites pendientes, el anuncio llega en un momento de presiones acumuladas. El programa CHNV terminó en marzo de 2025, aunque litigios posteriores generaron una situación jurídica en constante cambio. El de Reunificación Familiar Cubana concluyó en diciembre, si bien una orden federal de enero de 2026 bloqueó la terminación anticipada de los paroles ya concedidos.

A eso se suma que la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que el formulario I-220A no equivale al parole exigido por la Ley de Ajuste Cubano, cerrando esa vía de regularización para miles de personas.

Las cifras de naturalización también reflejan el cambio institucional. Las aprobaciones trimestrales a nivel nacional se desplomaron de 241,326 a 57,697, una caída del 76 %, mientras que en la oficina de Miami bajaron del 87 % al 68 %.

USCIS ya no opera solo como una agencia de trámites. Desde septiembre de 2025, una norma federal autorizó agentes especiales de la institución con poderes para portar armas, ejecutar órdenes de arresto y presentar casos penales. Se han documentado detenciones durante citas biométricas y entrevistas, aunque ICE sigue siendo el organismo principal de arrestos.

El anuncio de las acciones de control migratorio coincide con una demanda federal presentada por organizaciones de derechos civiles para detener la llamada «Unlawful Voter Initiative», un programa lanzado en agosto que reasignó cientos de agentes para investigar a ciudadanos naturalizados como posibles votantes ilegales, con Florida entre los estados priorizados. Alrededor de 691,000 votantes registrados de ascendencia cubana viven en ese estado, y el 66 % de los inmigrantes cubanos en EE.UU. son ciudadanos naturalizados.

Los expertos recomiendan a cubanos con trámites pendientes acudir a cualquier cita acompañados de abogado, revisar sus expedientes y evitar gestores no autorizados.

Este jueves, un tribunal federal condenó a cinco cubanos por fraude de asilo y tráfico de migrantes: la red cobró entre 1,500 y 40,000 dólares por persona operando bajo la fachada de una supuesta asesoría migratoria en Tampa.

El congresista republicano de Florida Randy Fine propuso días atrás revisar todas las naturalizaciones desde 1990, propuesta que no constituye un proyecto de ley formal pero que se alinea con la ofensiva del Departamento de Justicia, que a comienzos de octubre anunció demandas para revocar la ciudadanía de 40 naturalizados, entre ellos dos cubanos.