La jueza federal Analisa Torres, designada por el presidente Barack Obama en 2013 y adscrita al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, asumió el caso penal por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el miércoles, tras el fallecimiento ese mismo día del juez Alvin K. Hellerstein a los 92 años.

El expediente fue reasignado mediante el procedimiento estándar del tribunal para causas de jueces fallecidos, que distribuye aleatoriamente los casos entre otros magistrados federales. El portavoz judicial Edward Friedland confirmó que los expedientes de Hellerstein «serán asignados aleatoriamente a otro juez federal».

Torres recibe el proceso en plena fase previa al juicio, con una audiencia clave programada para el 17 de noviembre y otra para el 17 de diciembre, mientras el juicio en sí está fijado para el 14 de junio de 2027.

La primera tarea urgente de la nueva jueza será resolver la moción de inmunidad soberana presentada por la defensa el 2 de septiembre de 2026, a través del abogado Barry Pollack, quien solicitó la desestimación de todos los cargos argumentando que Maduro actuó como jefe de Estado extranjero. La Fiscalía se opone señalando que Washington reconoce a Delcy Rodríguez —no a Maduro— como autoridad legítima de Venezuela.

Torres asume el expediente completo sin necesidad de reiniciar el proceso, aunque conserva potestad para modificar el calendario de audiencias.

Nacida en Nueva York en 1959 y de ascendencia puertorriqueña, Torres proviene de una familia con profundas raíces en la judicatura: su padre, Frank Torres, fue juez de la Corte Suprema estatal en el Bronx, y su abuelo también ejerció la magistratura federal. Se graduó con honores en Harvard y obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Columbia. Antes de incorporarse al fuero federal, acumuló más de una década como jueza en los tribunales civiles, penales y la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

Entre sus casos más resonantes figura el fallo de julio de 2023 en el litigio entre la Comisión de Bolsa y Valores y Ripple Labs, en el que determinó que las ventas del token XRP en mercados públicos no constituían transacciones de valores bajo la ley federal, sentando un precedente clave en la regulación de criptomonedas.

El caso contra Maduro tiene su origen en marzo de 2020, cuando la Fiscalía presentó la acusación original por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas destructivas. El 8 de octubre de 2026, una acusación sustitutiva amplió los cargos para incluir conspiración para cometer tortura —con descripciones de presuntos abusos contra presos políticos venezolanos y estadounidenses— e incorporó formalmente a Flores al cargo de narcoterrorismo.

Tras esa acusación sustitutiva, Maduro y Flores se declararon no culpables por segunda vez ante el juez Hellerstein el 15 de octubre de 2026.

Hellerstein, quien falleció el miércoles a los 92 años, había presidido el expediente desde su inicio en 2020 y también condujo la primera comparecencia de Maduro y Flores tras su traslado a Estados Unidos en enero de 2026. Era conocido por haber supervisado los litigios masivos derivados del 11 de septiembre de 2001.

Si Maduro y Flores fueran condenados por la totalidad de los cargos acumulados, enfrentarían penas mínimas obligatorias de aproximadamente 50 años de prisión, con algunos cargos individuales que contemplan hasta cadena perpetua.