El artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara completó este jueves su condena de cinco años de prisión en paradero desconocido, mientras organismos internacionales de derechos humanos exigen su liberación inmediata y crecen los indicios de que el régimen cubano prepara su deportación forzada a Estados Unidos. Otero Alcántara, de 38 años, fue sacado el martes de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en el municipio de Artemisa (oeste de Cuba), sin que su familia ni sus allegados recibieran información oficial sobre su destino. Su familia confirmó que no se encuentra en su domicilio de La Habana, según informó la activista Yanelis Núñez. La curadora y opositora cubana Anamely Ramos González, integrante del Movimiento San Isidro, denunció que el artivista no está libre ni excarcelado, sino “desaparecido”. “Ni su familia, ni sus amigos cercanos hemos tenido ninguna comunicación oficial y si sabemos que fue sacado de Guanajay es por la solidaridad de otros presos”, señaló Ramos González en redes sociales. Este jueves, Otero Alcántara se comunicó brevemente con Ramos González desde un teléfono de la Seguridad del Estado. “Me llamó desde un celular de la Seguridad del Estado, número desconocido, y la llamada estaba en altavoz”, detalló la activista en su perfil de Facebook. Al ser preguntado por su ubicación, el artista respondió que no podía decirla; Ramos González añadió que “posiblemente” ni él mismo “sepa con exactitud” dónde se encuentra. La curadora también reveló que las autoridades cubanas indagaron durante la llamada sobre el estado de un trámite migratorio. “El parole de Luis Manuel sigue en proceso. Estará en ese lugar desconocido hasta que se resuelva”, escribió. Según informó Núñez, hace semanas se había iniciado una solicitud de libertad supervisada (parole) en Estados Unidos para Otero Alcántara, aunque aclaró que no existía confirmación de una expulsión efectiva. De acuerdo con la misma fuente, el régimen habría propuesto en reiteradas ocasiones el exilio como alternativa a la cárcel y mantendría al artista en una instalación del Ministerio del Interior (MININT) mientras ultiman los preparativos para un posible traslado a Miami. Otero Alcántara había manifestado en repetidas ocasiones que no deseaba abandonar Cuba contra su voluntad. Ramos González señaló que “el régimen cubano lo quiere fuera” y que “se adueñó de nuestro país y nos usa a todos para asegurar su posesión”. El líder del Movimiento San Isidro fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales de esa jornada, las mayores en décadas en Cuba. El Tribunal Municipal Popular de Centro Habana lo condenó en junio de 2022 a cinco años de privación de libertad por los delitos de “desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado”, dentro de la Causa No. 12/2022. Otero Alcántara siempre negó los cargos y denunció múltiples abusos durante su reclusión. En abril pasado, el Tribunal Supremo Popular de Cuba desestimó una apelación que solicitaba su liberación anticipada, al considerar que ya había cumplido la pena que le correspondía. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas había concluido previamente que su privación de libertad, junto a la del artista Hamlet Lavastida, fue “arbitraria” y pidió al Gobierno cubano remediar la situación “sin dilación”. Amnistía Internacional (AI) exigió la “liberación inmediata e incondicional” del artista, a quien considera preso de conciencia. “Luis Manuel, artista afrocubano y preso de conciencia, nunca debió estar encarcelado por expresarse, crear arte y ejercer pacíficamente sus derechos. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, sin vigilancia, sin exilio forzado, sin nuevas acusaciones fabricadas”, precisó la ONG. La organización Cubalex había pedido desde el martes “información verificable sobre el paradero de Otero Alcántara, respeto a su integridad física, libertad de movimiento y comunicación con sus familiares, así como acceso a representación legal”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado en febrero de 2021 medidas cautelares a 20 miembros del Movimiento San Isidro —entre ellos Otero Alcántara y Ramos González— al considerar que sus derechos a la vida y la integridad personal se encontraban en grave riesgo.
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