El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, denunció este lunes los privilegios de la élite del régimen cubano durante el evento «Cuba Libre: La opresión que La Habana oculta», organizado por la Misión Permanente estadounidense en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

El acto, presidido por Waltz, reunió durante casi dos horas a ex presos políticos, activistas, investigadores y legisladores con el objetivo de exponer ante la comunidad internacional la represión política, la corrupción y los abusos del régimen cubano, días antes de la votación anual de la Asamblea General sobre la resolución que exige el fin del embargo estadounidense, prevista para el 27 y 28 de octubre.

En su intervención, Waltz trazó un contraste demoledor entre la situación del pueblo cubano y los privilegios de la nomenclatura. «Esto es lo que me parece realmente indignante: el régimen no consigue suficiente energía para sus hospitales, escuelas o las casas de la gente, pero sí tiene suficiente para sus prisiones», afirmó el embajador, según la transcripción de su intervención.

Waltz enumeró los supuestos privilegios de la cúpula gobernante: energía garantizada para el complejo residencial de la familia Castro, un avión privado que traslada a familiares del régimen entre América Latina y España, instalaciones de recopilación de inteligencia compartidas con adversarios de Washington, e incluso una isla privada con veinte casas y su propia laguna de delfines.

«Mientras el pueblo cubano vive en condiciones miserables, entre cárceles y apagones, los funcionarios del régimen viven, literalmente, rodeados de lujos en España, en Europa y en países de América Latina y Sudamérica. Y ya basta», concluyó.

El panel incluyó voces de peso: José Daniel Ferrer, fundador de la UNPACU y expreso político con más de 12 años de cárcel —más de nueve en régimen de aislamiento—; y Luis Manuel Otero Alcántara, artista y activista liberado tras cinco años de prisión y forzado al exilio en julio de 2026. 

Además, al investigador Emilio Morales, especialista en las finanzas del conglomerado militar GAESA; María Werlau, de Cuba Archive, quien denunció la vigilancia y explotación de los trabajadores de las misiones médicas; y la congresista republicana Nicole Malliotakis, quien criticó que Cuba haya integrado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante seis períodos consecutivos.

La respuesta del régimen fue inmediata. Diplomáticos de la delegación cubana montaron un acto de repudio en los propios pasillos de la sede de la ONU, increpando a gritos de «terroristas» y «fuera de la ONU» a los panelistas. Ferrer lo denunció en su cuenta de Facebook: «Nos acaban de hacer un acto de repudio en la ONU los comunistas cubanos».

Días antes, el representante permanente de Cuba, Ernesto Soberón Guzmán, había intentado impedir el evento, calificándolo de «maniobra de motivación política» que violaba normativas internas de la ONU. Waltz respondió sin rodeos a Soberón.

«Si les molesta que demos voz a los cubanos para hablar de todo esto, ¿qué tal si dejan de hacer esas cosas? Entonces dejaremos de hablar de ellas», dijo. 

El evento se enmarca en una escalada diplomática sostenida. El respaldo internacional a la resolución cubana contra el embargo ha caído de 187 votos en 2024 a 165 en octubre de 2025 y a apenas 136 en la sesión extraordinaria de julio de 2026, el nivel más bajo en más de una década, según datos del histórico descenso de apoyo a Cuba en la ONU.

La próxima votación, prevista para el 28 de octubre, llega además con más de 1,000 adhesiones a una carta de activistas y organizaciones cubanas que piden a los gobiernos democráticos votar en contra o abstenerse.