El Centro de Información Legal Cubalex documentó un nuevo traslado del preso político Maykel Castillo Pérez, conocido como «Osorbo», desde la prisión Kilo 8, en Pinar del Río, hacia el penal de Guanajay, en Artemisa, donde permanece recluido desde el 10 de julio.

El detalle más perturbador del traslado es que el rapero y activista fue ubicado específicamente en la celda que hasta hace días ocupaba su amigo y compañero del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue sacado de ese mismo penal el 7 de julio por agentes de la Seguridad del Estado y posteriormente expulsado hacia Estados Unidos, donde llegó a Miami el 19 de julio.

Cubalex calificó la maniobra como «otra muestra de la tortura psicológica que emplea la policía política cubana contra opositores», al señalar que la coincidencia entre el exilio forzado de Otero Alcántara y la llegada de Osorbo a su celda no fue casual.

Aunque el cambio de penal acerca geográficamente a Osorbo a La Habana respecto a su anterior reclusión en Pinar del Río, la organización advierte que el músico continúa alejado de su lugar de residencia y de su entorno familiar, sin que se hayan conocido las razones oficiales del traslado.

Esta práctica, según Cubalex, responde a un patrón sistemático: los traslados penitenciarios son utilizados como estrategia de castigo adicional que dificulta el contacto familiar y agrava las condiciones de reclusión, especialmente en un país donde el colapso del transporte público y los apagones hacen casi imposible que las familias recorran largas distancias para visitar a sus seres queridos o entregarles alimentos, medicamentos y artículos de higiene.

El dossier elaborado por la organización señala que este es el cuarto episodio consecutivo de aislamiento que sufre Osorbo, quien fue trasladado a Kilo 8 en enero de 2026 bajo la acusación de planificar un motín, sin aviso previo a su familia.

Maykel Castillo Pérez cumple una condena de nueve años impuesta en junio de 2022 por cargos de atentado, resistencia, desacato, desórdenes públicos y difamación de instituciones, en represalia por su activismo y por ser coautor de «Patria y Vida», himno de las protestas del 11 de julio de 2021.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe No. 78/26, declaró su detención arbitraria y políticamente motivada, y recomendó la anulación de su condena y su liberación inmediata. Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia.

Su condena vence en 2030 y no fue incluido en ninguno de los indultos anunciados recientemente por el régimen cubano.

Cubalex exigió a las autoridades cubanas «el cese del uso de los traslados penitenciarios como mecanismo de represalia y aislamiento contra personas presas por motivos políticos», así como el respeto al derecho de los reclusos a mantener contacto con sus familias.