Este jueves 22 de octubre, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció la detención de Luisa González, excandidata presidencial y una de las principales figuras del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
“Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! escribió Correa en su cuenta de la red social X, acompañado de la etiqueta «#EcuadorVencerá», y sin aportar inicialmente mayores detalles sobre el lugar o las circunstancias del procedimiento.
A la denuncia se sumó el parlamentario andino Virgilio Hernández, quien afirmó que la dirigente política ha sido objeto de una sistemática “persecución” y alertó sobre su paradero desconocido.
“Ahora han detenido a Luisa González, excandidata presidencial a quien no la dejaron ser candidata a prefecta. Le han perseguido y en este momento ¡no se sabe dónde la tienen presa! No vengan con el cuento de que hay una investigación en curso, porque hay una Fiscalía cuestionada que se presta para perseguir opositores y con eso buscan amedrentar al resto de actores políticos”, aseveró Hernández en la misma plataforma social.
A pesar de que el Ministerio del Interior no ha emitido un pronunciamiento oficial coordinado, el medio de comunicación ecuatoriano PRIMICIAS señaló que fuentes de la Policía Nacional en la Zona 4 confirmaron de manera preliminar la aprehensión de la dirigente.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la ejecución de un operativo conjunto en las provincias de Pichincha y Manabí, que derivó en la detención de tres personas por su presunta participación en el delito de lavado de activos, aunque el organismo evitó revelar de inmediato las identidades de los procesados.
El procedimiento contra González ocurre poco más de un mes después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificara la inhabilitación que le impidió inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí.
Tensión política y denuncias de injerencia externa
Días antes de este hecho, la propia Luisa González había utilizado sus plataformas digitales para denunciar lo que consideró un entramado de presiones internacionales y lawfare en la región.
“Toda una estructura macabra entre Marco Rubio, MAGA y presidentes latinoamericanos que están destruyendo a nuestros países para convertir a Latinoamérica en su patio trasero. ¡Investiguen el Plan Cóndor!”, expresó recientemente la dirigente.
Hasta el momento, la dirigencia de Revolución Ciudadana exige la verificación inmediata del estado físico y la ubicación de González, mientras se espera un informe oficial detallado por parte de las altas autoridades de la Policía y el sistema judicial ecuatoriano.
Persecución política en Ecuador
En agosto, la Junta Electoral de la provincia de Manabí negó la inscripción de Luisa González para los comicios locales de noviembre como parte de la lista del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP).
La decisión fue denunciada por la excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana denunció como contraria a la ley en un entorno de lawfare y debilitamiento de las garantías democráticas y el Estado de derecho por el Gobierno de Daniel Noboa.
Según la objeción, González y su postulante a viceprefecto, Gabriel Giler Reyes, incumplen con el requisito interno del movimiento Pachakutik de ser integrantes activos del partido por lo menos dos años antes de la definición de las candidaturas. La Junta Electoral le dio 48 horas al partido indígena para cambiar a sus candidatos a la Prefectura y la Viceprefectura en la provincia.
En un video publicado en X, González rechazó la decisión y afirmó que la Junta Electoral de Manabí ha actuado “al margen de la ley”.
Alegó que la instancia electoral de Manabí acogió una objeción presentada en otra provincia, la de Chimborazo, cuando debió rechazarla, y que Mancheno “es secretaria y no representante legal de ADN”.
En septiembre, el partido presidido por Luisa González denunció la la exclusión de González de la contienda por la prefectura de Manabí, una acción que calificó como una “grave falta a la democracia estatal”.
El proceso de expulsión, impulsado por el oficialismo, se realizó sin otorgar audiencia para escuchar los argumentos de quienes defendían la candidatura de González, lo que generó críticas sobre la falta de garantías.
