El régimen cubano dio luz verde a la venta ambulante de café, cigarrillos y artículos de segunda mano en medio del paquete de 176 transformaciones económicas presentado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, reunida en el Palacio de Convenciones de La Habana. La medida convierte en norma una salida que durante años sobrevivió en la informalidad y que hoy sostiene a miles de cubanos que buscan cómo completar un ingreso que no alcanza.
La decisión llega desde la cúpula del poder, con Manuel Marrero Cruz al frente de la exposición ante los diputados y con Raúl Castro conectado de forma telemática para avalar el paquete, mientras Miguel Díaz-Canel permanecía en la sala. El cuadro es el de siempre: un Estado que llega tarde, regula lo que antes persiguió y vende como reforma lo que en la calle ya existía por pura necesidad.
En la práctica, la autorización toca un punto sensible de la economía cotidiana. Para muchas personas mayores, sobre todo jubilados con pensiones mínimas, la venta ambulante ha sido una válvula de escape frente al derrumbe del poder adquisitivo. El régimen la castigó en el pasado, eliminó la licencia de carretillero en 2017, suspendió nuevas licencias para varias modalidades del trabajo por cuenta propia y después volvió a reconocer el oficio con límites estrechos.
Ese zigzag confirma la lógica de control que ha marcado la política económica oficial. En 2020, la Resolución 13 reincorporó la figura del vendedor ambulante de mercancías, y el Decreto-Ley 91/2024 elevó la presión al fijar multas de hasta 72,000 pesos para quienes vendieran sin licencia. Ahora, el mismo aparato que apretó la cuerda presenta como apertura lo que antes convirtió en falta administrativa y fuente de castigo.
El paquete aprobado no se limita a esa actividad. También elimina el tope de 100 trabajadores para las mipymes privadas, autoriza a cubanos residentes en el exterior a invertir en igualdad de condiciones mediante el Decreto-Ley 117/2026, reduce el número de ministerios de 27 a entre 20 y 21 y permite a los municipios importar, exportar y mover divisas sin intermediarios estatales. A eso se suma la eliminación de la escala salarial en el sistema empresarial estatal, sustituida por un salario mínimo ligado a la inflación.
Marrero Cruz intentó presentar el giro como respuesta al “contexto más complejo” desde el Período Especial y responsabilizó a las sanciones estadounidenses por la falta de combustible y de divisas, aunque admitió errores e insuficiencias propias. Esa admisión importa porque desmonta la coartada habitual del régimen: el bloqueo explica parte del daño, pero la ruina interna también nace de décadas de centralismo, improvisación y miedo a soltar el control.
Las autoridades defendieron las transformaciones bajo la fórmula de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”. En lenguaje del poder, eso significa abrir un poco el grifo para sostener el mismo sistema, no para liberar de verdad la iniciativa privada ni devolverle al cubano el derecho a vivir sin permiso para todo. Por eso el paquete luce más como ajuste defensivo que como reforma de fondo.
De las 390 propuestas recibidas durante la consulta, el régimen aceptó el 66,7% e incorporó además 69 recomendaciones del Buró Político. El resultado final vuelve a dejar claro quién decide y hasta dónde se puede mover cada cambio: un modelo que promete modernización, pero sigue subordinando la economía a la sobrevivencia del poder.
Fundación Robert A. Paneque
