El régimen cubano dio este viernes su señal más explícita hasta la fecha de que está dispuesto a negociar un arreglo sobre las propiedades nacionalizadas tras la revolución de 1959, incluyendo las que pertenecían a cubanos que emigraron al exilio.

La declaración fue hecha en exclusiva a The National por Carlos Méndez, viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.

«Estamos dispuestos a buscar un acuerdo, un arreglo que sea satisfactorio para todas las partes, considerando tanto a las empresas extranjeras que estaban en Cuba y fueron nacionalizadas, como también buscar arreglos para que puedan ser aceptables para los cubanos que en algún momento emigraron del país», afirmó Méndez.

El funcionario también extendió una invitación directa a la diáspora, señalando que Cuba está abierta a que los cubanos residentes en el exterior contribuyan «en diferentes modelos de negocios, en diferentes sectores, en diferentes actividades».

En la entrevista, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», lanzó un mensaje directo a Washington: «Cuba no representa la más mínima amenaza a los intereses y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en ese sentido nosotros continuamos ofreciendo esa relación civilizada, esa relación de respeto y en igualdad de condiciones».

Sobre el nuevo modelo económico, Méndez fue cuidadoso en marcar los límites del cambio: «No estamos privatizando la economía, lo que estamos haciendo es dando mayor participación al sector privado en la economía, en prácticamente todos los sectores».

El gobernante Miguel Díaz-Canel había reconocido que el plan se inspira en los modelos de China y Vietnam, es decir, reforma de mercado sin tocar el sistema de partido único.

La declaración se produce en el marco del paquete de 176 medidas de reforma económica presentado ante la Asamblea Nacional el 18 y 19 de junio, considerado el mayor intento de reforma estructural desde el Período Especial, que incluye explícitamente la participación de cubanos en el exterior en la compra de acciones de empresas estatales.

Ahmed Faisal, consultor de negocios que trabaja con funcionarios cubanos en la apertura económica, precisó el alcance real de la oferta: «Si tienen el capital necesario para ponerla en marcha, están dispuestos a devolverles la propiedad plena».

Según Faisal, quienes no cuenten con fondos suficientes para restaurar sus antiguas propiedades necesitarían inversores externos que tomen participación accionaria, con el objetivo de inyectar capital urgente en una economía en colapso.

Sin embargo, los expertos consultados coinciden en que la apertura es insuficiente para satisfacer las exigencias de Washington.

Mario Braga, analista geopolítico de RANE Network, advirtió que la restitución de propiedades sería apenas un punto de partida: «Creo que es quizás un prerrequisito, pero también tendríamos que considerar, entre otras cosas, que Cuba expulse o retire a los oficiales de inteligencia de Rusia y China que operan en la isla».

Arturo López-Levy, investigador cubano en Georgia College, fue más tajante al señalar que el régimen no está en condiciones políticas de ofrecer restitución plena, dado que la mayoría de esas propiedades han sido destruidas, ocupadas por familias o convertidas en hoteles y centros de trabajo.

La profesora Helen Yaffe, de la Universidad de Glasgow, planteó la dimensión humana del problema: «Sus mansiones han sido convertidas en hogares, apartamentos, escuelas, oficinas, centros de investigación.

Imaginen si [el gobierno cubano] dijera: ‘OK, sí, pueden volver a buscar su propiedad.’ ¿Qué pasaría con miles de familias cubanas que han hecho allí sus hogares o lugares de trabajo?»

Yaffe también recordó que la Ley Helms-Burton de 1996 hace legalmente insuficiente cualquier concesión parcial, al condicionar el levantamiento del embargo a una transición democrática y a una economía de mercado capitalista.

El trasfondo político complica aún más cualquier acuerdo. La Comisión de Reclamaciones Extranjeras de EE.UU. tiene certificadas 5,913 reclamaciones de ciudadanos y empresas estadounidenses por propiedades confiscadas, con un valor estimado superior a 9,000 millones de dólares con intereses, y se calcula que los cubanoamericanos podrían presentar hasta 200,000 reclamaciones adicionales bajo el Título III de Helms-Burton.

López-Levy fue directo sobre las verdaderas intenciones del sector más duro del exilio cubanoamericano: «No quieren simplemente un tipo de acuerdo o una reconciliación nacional que aborde las propiedades.

Ahora están ansiosos por retomar el poder en La Habana», señalando que el secretario de Estado Marco Rubio —cubanoamericano— no modificará su postura ante concesiones parciales.