Un informe elaborado por Prisoners Defenders y Consorcio Justicia sostiene que el régimen cubano ha reforzado sus mecanismos de represión preventiva para impedir nuevas protestas, con un incremento de la vigilancia digital, las detenciones por motivos políticos y el uso del sistema penal contra ciudadanos que ejercen derechos fundamentales.
El estudio, publicado a pocos días del quinto aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, concluye que las autoridades han desarrollado una estrategia orientada a detectar, vigilar y neutralizar cualquier expresión de descontento antes de que pueda traducirse en movilizaciones públicas.
Según el informe, durante el primer semestre de 2026 fueron incorporados más de 175 nuevos presos políticos al registro de Prisoners Defenders. De ellos, al menos 114 fueron encarcelados o procesados por participar en protestas pacíficas, expresar opiniones críticas, integrarse en organizaciones independientes o documentar actuaciones de las autoridades.
La investigación detalla que 79 de esos casos estuvieron relacionados con manifestaciones públicas, 22 con publicaciones o actividades en redes sociales y 13 con represalias contra activistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil. Los autores sostienen que la vigilancia digital se ha convertido en uno de los principales instrumentos de control, con ciudadanos investigados por grabar videos, tomar fotografías o difundir información sobre la realidad del país.
El informe también documenta la detención de nueve adolescentes de entre 15 y 17 años durante el período analizado, así como operativos policiales dirigidos contra personas acusadas de delitos como desórdenes públicos, desacato, sabotaje o terrorismo, cargos que, según las organizaciones, son utilizados para perseguir la disidencia política.
Entre los casos señalados figura una operación realizada el 22 de junio en Contramaestre, Santiago de Cuba, donde varias personas, incluidos menores de edad, fueron arrestadas bajo acusaciones de sabotaje. Asimismo, el informe identifica a La Habana, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba como algunas de las provincias con mayor número de manifestantes encarcelados.
Los autores concluyen que el incremento de la represión preventiva busca impedir la reorganización de la protesta social en un contexto marcado por la crisis económica, los apagones, el deterioro de los servicios públicos y el creciente descontento ciudadano.
Fundación Robert A. Paneque
