Un periodista de la prensa estatal cubana arremetió contra los nuevos Mercados de Barrio del régimen en un artículo publicado el sábado en la emisora matancera Radio 26.

La conclusión de la pieza —titulada «Mercados de Barrio: ¿de qué barrio?»— plantea con una crudeza inédita en la prensa oficialista la creciente desigualdad propiciada por las medidas adoptadas por el régimen cubano y sostiene que esos establecimientos no merecen ese nombre porque sus precios resultan inalcanzables para la mayoría de los cubanos.

José Miguel Solís, corresponsal de Radio Rebelde en Matanzas durante 28 años, escribió que si el nombre fuera honesto, esos locales «se llamarían Mercados de Barrio Alto, Mercados de Zona Exclusiva, Mercados de Urbanización Privada o, simplemente, Mercados de Barrio Pudiente».

«Un establecimiento cuyos precios no puede pagar el vecindario no pertenece al vecindario: pertenece a otro estrato, a otra geografía social, a ese país paralelo donde la inflación no se mide en angustia, sino en comodidad», agregó el veterano comunicador del régimen.

Los Mercados de Barrio nacieron al amparo de la Resolución 16/2026 del Ministerio de Comercio Interior, vigente desde el 11 de agosto, como parte de un modelo mixto que permite a mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia gestionar locales de la red estatal —muchos de ellos antiguas bodegas— con la promesa de ofrecer unos 20 productos básicos a precios entre 10% y 15% más baratos que los comercios privados.

La realidad, según Solís, desmiente esa promesa: «La realidad, sin embargo, se estrella contra el bolsillo de jubilados y trabajadores».

En el Mercado de Barrio de la calle Ermita, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución —inaugurado el fin de semana en el local de la antigua Bodega 043 y gestionado por la mipyme El Titán de Tulipán—, el kilogramo de arroz cuesta 900 pesos, el frijol negro 950, el paquete de café de 250 gramos 2,600 pesos y el cartón de huevos 4,200 pesos, según una investigación de 14ymedio.

Los electrodomésticos disponibles incluyen ollas arroceras a 24,000 pesos, batidoras a 32,000 y equipos de aire acondicionado a 220,000 pesos.

Una lista de 22 productos publicada para un mercado de barrio en Granma sumaba 12,740 pesos, casi cuatro veces el salario mínimo mensual de 3,210 pesos vigente desde julio de 2026.

Solís señaló además que la rebaja prometida no solo es insuficiente, sino que en ocasiones ni siquiera existe: la leche en polvo, el arroz y la harina de trigo «se encuentran a veces más baratos entre trabajadores por cuenta propia que en los llamados Mercados de Barrio».

El periodista también apuntó a una paradoja fiscal: los gestores de estos mercados reciben bonificaciones del 5% en el impuesto sobre las ventas, exoneraciones para quienes comercialicen mayoristamente con el sistema de Comercio Interior, y hasta dos años de arrendamiento gratuito de locales estatales.

«El Estado renuncia a ingresos, pero esa renuncia no llega al bolsillo del consumidor. La supuesta reducción se queda en el camino», escribió.

El trasfondo de todo esto es el desmantelamiento progresivo de la libreta de abastecimiento, creada en 1963, que el régimen ha envuelto en consignas como «subsidiar personas, no productos» y «eliminar gratuidades indebidas».

El 18 de junio, Díaz-Canel prometió ante la Asamblea Nacional que la medida no significaría «dejar a nadie solo frente al mercado». El MINCIN anunció que solo 1,913 bodegas —el 16% de la red— seguirían atendiendo a personas vulnerables con productos normados.

Solís, que tiene un historial de críticas puntuales desde dentro del sistema oficialista —incluyendo denuncias sobre los apagones y cuestionamientos a declaraciones de funcionarios—, concluye en su artículo que lo que está ocurriendo «es apenas el reemplazo de una escasez administrada por una desigualdad comercializada».

La crítica resulta especialmente significativa por provenir de un periodista premiado por el propio sistema: Solís recibió en 2026 el Premio Provincial de Periodismo Bonifacio Byrne «Por la Obra de la Vida».