La nueva orden de arresto contra Raúl Castro, anunciada el lunes por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene un fundamento judicial concreto: la presunta participación del exgobernante en la conspiración que condujo al derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Sin embargo, su presentación pública, apenas quince días antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, plantea también una pregunta política: ¿puede convertirse esta acusación en un recurso de campaña para los republicanos, en medio de las crecientes críticas a Donald Trump entre sectores del exilio cubano?

La orden, firmada el 16 de octubre por la jueza Ariana Fajardo Orshan, se suma a los cargos federales presentados en mayo por el mismo caso. Uthmeier la anunció en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, ante familiares de las cuatro víctimas del ataque.

La proximidad electoral no demuestra que el procedimiento tenga fines partidistas. La investigación comenzó meses antes y se apoya en actuaciones atribuidas a espías cubanos que operaban en Florida. No obstante, una iniciativa judicial puede tener fundamentos legítimos y, al mismo tiempo, ofrecer beneficios políticos a quienes la presentan públicamente.

Los cubanoamericanos respaldan la presión sobre Cuba, pero cuestionan otras políticas de Trump

El respaldo de los cubanoamericanos a Trump sigue siendo considerable, aunque las encuestas revelan desacuerdos importantes con decisiones de su administración.

Un sondeo encargado por el Miami Herald a Bendixen & Amandi International y The Tarrance Group, realizado en abril entre 800 cubanos y cubanoamericanos del sur de Florida, mostró que el 67% respaldaba la política del presidente hacia Cuba. Sin embargo, solo el 46% aprobaba las negociaciones directas con el régimen comunista, mientras que el 79% apoyaba una intervención militar de EE.UU. en la Isla.

Las discrepancias eran mayores en materia migratoria. Según la misma encuesta, el 68% rechazaba el aumento de las deportaciones de cubanos indocumentados sin antecedentes penales, mientras el 81% defendía la existencia de vías legales de inmigración para sus compatriotas.

La diferencia resulta reveladora: una parte significativa de la comunidad apoya las medidas de presión contra La Habana, pero rechaza que las políticas migratorias de Washington perjudiquen a cubanos que buscaron refugio en Estados Unidos.

En el contexto nacional, el deterioro de la popularidad de Trump entre los hispanos es todavía más acusado. Una encuesta de Pew Research Center publicada el 16 de octubre sitúa su aprobación entre los votantes latinos registrados en el 24%, frente al 38% de febrero de 2025. Entre los latinos que votaron por él en 2024, el respaldo cayó del 93% al 57%.

Estos últimos datos son nacionales y no representan específicamente a los cubanoamericanos, cuya relación con el Partido Republicano mantiene características propias.

Las deportaciones y las promesas sobre Cuba alimentan el desencanto

El malestar no se limita a las encuestas. Una investigación de NPR recogida por CiberCuba a comienzos de octubre documentó la decepción de cubanoamericanos de Miami ante las redadas migratorias y las deportaciones impulsadas por la administración Trump.

Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han alcanzado barrios de fuerte presencia cubana, incluida la Pequeña Habana. La controversia ha llegado incluso a dirigentes republicanos como María Elvira Salazar, que ha cuestionado el trato dispensado a inmigrantes sin antecedentes criminales.

Un análisis publicado por CiberCuba el 14 de octubre recogió la advertencia del investigador Guillermo Grenier, vinculado al Cuba Poll de FIU: el desencanto de votantes republicanos cubanoamericanos podría manifestarse mediante la abstención, sin traducirse necesariamente en apoyo al Partido Demócrata.

A las deportaciones se suma la frustración por las expectativas creadas tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero. La operación alimentó entre sectores del exilio la esperanza de una acción semejante contra la cúpula cubana, alentada por las posteriores advertencias de Trump y Marco Rubio.

Sin embargo, los meses transcurridos sin una intervención, junto con las informaciones sobre negociaciones estadounidenses con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como ‘El Cangrejo’, han generado desconfianza entre quienes rechazan cualquier acuerdo que permita la continuidad del régimen.

Un reportaje de Florida Bulldog, publicado el 15 de octubre y reseñado por CiberCuba, documentó ese cambio de ánimo en emisoras de radio de Miami tradicionalmente favorables a Trump.

Entre las intervenciones recogidas aparecen antiguos simpatizantes republicanos que cuestionan las promesas sobre Cuba, critican las deportaciones y anuncian su intención de no participar en las elecciones. Son testimonios individuales, no una medición estadística, pero muestran que las críticas han llegado también a espacios mediáticos históricamente alineados con el presidente.

El acercamiento a Putin añade otra contradicción

Otro motivo de controversia es la política de Trump hacia Rusia. Mientras Washington endurece el cerco energético sobre Cuba y exige cambios a sus dirigentes, el presidente estadounidense anunció un acuerdo petrolero con Vladimir Putin para facilitar la comercialización de diésel ruso.

La decisión provocó críticas por sus posibles beneficios económicos para Moscú mientras continúa la guerra contra Ucrania.

Entre las voces cubanas que cuestionaron el acuerdo figura el boxeador Yordenis Ugás, quien acusó a Trump de favorecer económicamente a Rusia mientras el Kremlin mantiene su ofensiva militar contra los ucranianos.

La crítica tiene una dimensión adicional para el debate sobre Cuba: Rusia es uno de los principales aliados internacionales de La Habana. El acercamiento energético entre Washington y Moscú contrasta con la presión estadounidense sobre el régimen cubano y puede alimentar dudas sobre la coherencia de ambas políticas.

No existen encuestas que permitan medir cuánto influye este asunto en las preferencias electorales de los cubanoamericanos. Las declaraciones de Ugás y otras reacciones públicas documentan críticas concretas, pero no autorizan a presentarlas como una posición mayoritaria del exilio.

Una orden judicial bajo sospecha electoral

El escepticismo también aparece entre los lectores de CiberCuba. En las publicaciones sobre la nueva orden de arresto, numerosos comentarios cuestionan que Castro, de 95 años y residente en Cuba, llegue a ser detenido.

En el perfil de Facebook de este medio, algunos califican el anuncio de «circo» o «teatro» y lo relacionan expresamente con las elecciones de medio término. Otros expresan frustración con Trump por sus promesas sobre Cuba y su política migratoria, mientras hay quienes respaldan la persecución judicial o reclaman medidas más contundentes.

Aunque estas reacciones no constituyen una muestra representativa del electorado, reflejan incredulidad y cansancio entre parte de los comentaristas ante anuncios que perciben como gestos políticos sin consecuencias prácticas.

La presentación de la orden en Miami, con amplia cobertura mediática y declaraciones de autoridades estatales y federales, vuelve a colocar la política hacia Cuba en el centro del debate público del sur de Florida.

Durante la conferencia de prensa, Uthmeier afirmó que «no puede haber un futuro de Cuba que incluya a los Castro». El comunicado oficial del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida destacó además la cooperación entre autoridades estatales y federales para perseguir las responsabilidades por el derribo de Hermanos al Rescate.

La causa tiene consecuencias jurídicas propias. Al tratarse de una acusación estatal, un eventual indulto presidencial por los delitos federales no extinguiría el procedimiento de Florida. Aunque Castro permanezca en Cuba y su detención resulte improbable en las circunstancias actuales, la nueva orden añade otra vía para reclamar responsabilidades por la muerte de cuatro personas.

Los familiares de las víctimas llevan tres décadas reclamando justicia. Esa reivindicación y los fundamentos de la investigación no desaparecen por la proximidad de las elecciones. Tampoco hay pruebas públicas de que la fecha del anuncio fuera elegida por motivos electorales.

Pero el valor judicial de la medida no excluye su posible aprovechamiento político. La orden permite a los republicanos exhibir una actuación concreta contra una figura histórica del régimen cubano cuando sectores del exilio cuestionan los resultados de la presión sobre La Habana y las consecuencias de otras políticas de Trump.

La incógnita es si esa demostración de firmeza contribuirá a recuperar la confianza de los desencantados o si será recibida como otro anuncio sin resultados inmediatos.

Por ahora, la orden contra Raúl Castro tiene una base judicial documentada. Su eventual utilización electoral sigue siendo una hipótesis, aunque el momento de su presentación y las reacciones que ha provocado ofrecen razones para examinarla.