La Junta Parroquial de la Iglesia Episcopal San Francisco de Asís, en Cárdenas, provincia de Matanzas, denunció este domingo una cadena de robos contra su templo y acusó a las autoridades cubanas de no actuar con la misma diligencia que muestran cuando los delitos afectan a instituciones estatales.

En una carta pública firmada por varios miembros de la congregación y compartida en redes sociales, la iglesia asegura que ha sufrido tres robos en el último año sin que, hasta el momento, las denuncias hayan derivado en resultados concretos.

El primer hecho ocurrió hace aproximadamente un año, cuando fue sustraído un triciclo eléctrico utilizado para labores pastorales y comunitarias.

Según la junta parroquial, los peritos llegaron al lugar 12 horas después del robo y, pese a una reunión posterior con el delegado municipal del Ministerio del Interior (MININT), el caso continúa sin resolverse.

«Aún hoy seguimos sin respuesta ni solución alguna», señalaron.

Tres meses atrás, la iglesia sufrió un nuevo robo cuando desconocidos sustrajeron dos lámparas solares instaladas en el templo. En esa ocasión, la congregación decidió ni siquiera presentar una denuncia.

«Fue un acto de desaliento que no debería existir en un Estado de derecho», reconocieron los firmantes, quienes atribuyen esa decisión a la falta de confianza en que las autoridades investiguen estos hechos.

El incidente más reciente ocurrió este sábado, cuando fueron robados cerca de 20 metros de cableado del sistema de energía solar, indispensable para el funcionamiento de la parroquia.

La iglesia explicó que ese tendido eléctrico permite abastecer de agua purificada a la comunidad, elaborar alimentos para personas vulnerables y mantener las actividades religiosas.

«Ese cable no es un lujo», subrayó la junta parroquial, que presentó una nueva denuncia policial ese mismo día.

«Conocen a los responsables, pero no actúan»

La carta sostiene que la situación no afecta únicamente a esa parroquia, sino también a otras iglesias episcopales de la provincia.

Según el documento, la Iglesia Episcopal San Pablo, en Bolondrón, sufrió el robo de una estación solar el pasado 23 de mayo. Los firmantes aseguran que las propias autoridades informaron al pastor que conocían la identidad de los presuntos responsables, aunque argumentaron que carecían de pruebas suficientes para detenerlos.

Para la junta parroquial, esa explicación evidencia «pasividad, falta de voluntad investigativa e impunidad».

También mencionan un robo similar ocurrido el 7 de junio en la Iglesia Episcopal El Buen Pastor, en Güira de Macurijes, que igualmente permanece sin esclarecer.

Los firmantes rechazan que estos hechos sean casos aislados.

«Los asumimos como lo que son: un atentado contra esta iglesia y una manera de quebrantar nuestra libertad religiosa», afirmaron.

Reclaman igualdad ante la ley

En la carta, la congregación invoca el artículo 15 de la Constitución cubana, que reconoce la libertad religiosa, así como el artículo 387.1 del Código Penal, que sanciona los actos dirigidos a perturbar el funcionamiento de instituciones religiosas legalmente establecidas.

Asimismo, cuestiona el diferente tratamiento que, a su juicio, reciben estos delitos frente a los cometidos contra entidades estatales.

«Cuando se producen robos a instituciones gubernamentales o entidades estatales, las investigaciones se agilizan, se movilizan todos los recursos y los responsables aparecen en tiempo récord», sostiene el documento.

Por ello, la iglesia exigió que las autoridades apliquen «el mismo celo investigativo» cuando las víctimas sean comunidades religiosas o ciudadanos comunes.

Un problema que se repite

La denuncia se suma a otros hechos recientes que evidencian el incremento de los robos de equipos vinculados a sistemas de energía solar en Cuba. El pasado 19 de julio se reportó el robo de lámparas solares en una parroquia de Centro Habana, mientras que el 9 de julio fueron denunciados robos de paneles solares en el Hogar Materno de Cárdenas.

El problema se desarrolla además en una provincia especialmente afectada por la delincuencia. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, Matanzas registró 503 delitos verificados durante 2025, la cifra más alta del país.

En paralelo, la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) documentó 667 violaciones de la libertad de religión o de creencia en Cuba entre enero de 2025 y junio de 2026, un contexto en el que la Iglesia Episcopal de Cárdenas concluyó su carta con una advertencia:

«La libertad religiosa no es un privilegio: es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales de los que Cuba es parte».