Los estadounidenses tienen la oportunidad de recordarle a Donald Trump que no es intocable y que todavía debe rendir cuentas. Después de casi dos años extralimitándose en el ejercicio de su poder como presidente, este martes los ciudadanos van a las urnas para decidir quién controla el Congreso federal. Aunque se trata de unas legislativas, las elecciones de medio mandato se han convertido en un referéndum sobre Trump. Pero, sobre todo, en el último test de estrés del sistema de contrapoderes del país.
En las últimas horas de campaña, los sondeos electorales proyectan una ola demócrata, con altas probabilidades de que el partido recupere el control de ambas cámaras del Congreso. De las siete carreras críticas para determinar la mayoría del Senado, seis se perfilan como favorables para los candidatos demócratas, quienes aventajan a sus rivales republicanos por un margen considerable.
La encuesta de The New York Times muestra cómo solamente Iowa sigue siendo una competición ajustada entre el demócrata Josh Turek y la republicana Ashley Hinson. Pero, más allá de si los pronósticos de los sondeos se cumplen, hay otras preguntas que flotan en el aire: ¿Trump aceptará una derrota? ¿Que los demócratas controlen el Congreso supondrá algún cambio real en la manera de gobernar del republicano?
Las elecciones de medio mandato vuelven a situar al país ante una pregunta que quedó sin respuesta en 2024. Trump ganó las elecciones presidenciales frente a Kamala Harris y, por tanto, no necesitó activar las teorías de fraude electoral que había estado sembrando durante la campaña. Ahora, el magnate ha vuelto a resucitar aquellos fantasmas, con una diferencia: esta vez está en el poder.
Desde hace semanas, Trump ha pasado de las palabras a los hechos. En julio, el presidente estadounidense se dirigió a la nación para asegurar que habían descubierto vulnerabilidades en el sistema electoral que era necesario corregir. Concretamente, afirmó que personas indocumentadas habían estado votando ilegalmente para favorecer a los demócratas.
La acusación no era nueva: ya había estado difundiendo esa idea durante la campaña presidencial. La novedad es que, gracias al control total del Departamento de Justicia —dirigido por su antiguo abogado, Todd Blanche—, la semana pasada la Administración estadounidense puso en marcha en California la Operación Proteger el Voto.
En el marco de este dispositivo, orientado a reforzar las teorías del fraude electoral, 11 personas fueron detenidas en distintas ciudades de California, mientras que otras 17 fueron imputadas por supuestamente haberse registrado ilegalmente para votar y, en algunos casos, haber llegado a emitir su voto. La elección de California tiene una evidente relevancia política: es el principal bastión demócrata del país y el estado que aporta más escaños a la Cámara de Representantes.
Este lunes, justo en la víspera electoral, la Casa Blanca ha vuelto a presentar un recurso ante el Supremo para pedir que se aparten unos 20.000 votos por correo en California, alegando que podrían ser emitidos por personas no ciudadanas.
En Alaska, que en las últimas semanas se ha convertido en un estado crucial para determinar el control del Senado, la Casa Blanca también presentó una demanda ante un juez para pedir que declare nulo el resultado si no gana el candidato republicano. El motivo es que, en la contienda en la que compiten la demócrata Mary Peltola y el republicano Dan S. Sullivan, ha aparecido un tercer candidato que puede alterar el resultado: Dan J. Sullivan.
Según informaciones de The New York Times, J. Sullivan se habría inscrito después de que los demócratas lo animaran a hacerlo, algo que tanto él como el equipo de Peltola niegan. Los republicanos sostienen que se trata de una maniobra para confundir a los votantes y dividir el voto. Por el momento, el juez federal ha desestimado esa petición, pero la Casa Blanca podría volver a recurrirla.
Queda en el horizonte también la cuestión de si, en enero, cuando toque certificar el nuevo Congreso, los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado aceptarán los resultados. La Cámara Baja está presidida por el republicano Mike Johnson, un leal a Trump, y el Senado, por John Thune. Trump podría intentar repetir la jugada de 2021 y pedir a sus legisladores que no reconozcan el resultado en algunos estados. En el Senado, si los demócratas obtienen una mayoría ajustada, bastaría con negarse a reconocer a uno o dos senadores para asegurarse de que los republicanos siguen siendo mayoría.
Pero, más allá de si se aceptarán los resultados de los comicios, también está la cuestión de si Trump acatará lo que decida el Congreso en los próximos dos años. Con la guerra de Irán, de la que ni siquiera informó a los legisladores, el presidente estadounidense ya dejó claro que gobernaba en solitario. La muestra más reciente de su voluntad de desoír al Parlamento fue el acuerdo para adquirir toneladas de diésel ruso. El mandatario cerró el trato pocas semanas después de que el Senado hubiera aprobado el mayor paquete de sanciones a Rusia desde que empezó la guerra de Ucrania.
