No bastan las sanciones ni la censura. El 2 de julio una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea criminalizó, de hecho, la difusión de los contenidos del canal ruso RT, independientemente de la veracidad o no del mensaje.
En Europa se han acabado los derechos y libertades políticas fundamentales; comienza la criminalización de los disidentes. Es la confesión de un fracaso político: las dificultades de la intoxicación mediática europea para transmitir sus mensajes sin contrapartidas. Si no basta con la zanahoria, llega el momento de dar palos. Hace seis años Rafel Poch escribió un artículo asegurando que el secreto del éxito de RT estaba en el fracaso de los demás medios europeos.
La sentencia prohíbe que “los operadores transmitan, permitan, faciliten o contribuyan a la transmisión de cualquier contenido por parte de las personas jurídicas, entidades u organismos enumerados” por las sanciones de Bruselas.
El Tribunal no se da por enterado ni del derecho a la libertad de expresión, ni de que las sanciones impuestas a Rusia son ilegales.
El planteamiento radica en la interpretación del término “operador”. La propia sentencia recuerda que en la normativa europea relativa a la palabra “operador” el adjetivo “económico” no está asociado: en esencia, cualquier persona que, de cualquier forma, difunda los contenidos de la cadena rusa RT, puede ser considerado como un “operador” y ser acusado como tal.
Hasta ahora, las sanciones se habían dirigido sustancialmente hacia grandes medios y emisoras, mientras que hoy pasamos a una guerra contra la libertad de información, incluso cuando la hacen ciudadanos comunes. No importa si la actividad se lleva a cabo sin fines de lucro y ni siquiera importa si la información de RT la confirman todos los periódicos del mundo: el que comparte su contenido, está violando la ley.
Esa Europa que se considera a sí misma como la cuna de la democracia y los derechos, ha decidido crear un aparato represivo que infunde temor. El derecho a indagar libremente se transforma en una obligación de saber solo lo que quiere publicitar la propaganda de guerra e Bruselas.
La base de una crítica libre, es decir, la posibilidad de extraer información de varias fuentes para formarse una opinión propia sobre un acontecimiento, se convierte en una cuestión de seguridad, que se resuelve arrojando al “disidente” a la cárcel. Es la misma fórmula que se ha vuelto común en varios países europeos, especialmente en relación con la solidaridad hacia el pueblo palestino.
Las penas de prisión pueden oscilar entre un mínimo de tres meses y un máximo de cinco años de prisión. Una medida política ilegal y arbitraria, como las sanciones, empieza a modelar el derecho penal de todo un continente.
El objetivo declarado es siempre no quedar en ridículo. Cuando Ursula von der Layen diga que los rusos extraen los chips de las lavadoras para colocárselos a los tanques, hay que darle un voto de confianza. Será verdad, cueste lo que cueste.
El problema -obviamente- no es la manoseada “desinformación”, sino que no tenga su origen en Bruselas. Ya sólo valen las fuentes oficiales.
Fundación Robert A. Paneque
