El diputado cubano Carlos Miguel Pérez Reyes lanzó este lunes una frase que resume la nueva narrativa oficial sobre las reformas económicas aprobadas por el régimen: «No se puede repartir pobreza, lo que tenemos que repartir es riqueza».

La declaración se produjo durante su participación en el programa Cuadrando la Caja, dedicado a debatir el alcance de las 176 medidas de transformación económica y social ratificadas por la Asamblea Nacional el 18 y 19 de junio.

Pérez Reyes, fundador de la mipyme tecnológica Dofleini S.R.L. y diputado por el municipio Playa de La Habana, fue enfático en que estas reformas no deben leerse únicamente como una respuesta de emergencia a la crisis, sino como cambios que Cuba «tenía que tomar de cualquier manera».

«Nosotros teníamos que tomar estas iniciativas desde hace rato, ya las estamos tomando, ha sido difícil, no se lograban los consensos. Es verdad que el contexto nos obligó a hacerlo más acelerado, más acelerado de lo que nos gustaría hacerlo», admitió el diputado.

Su tesis central apunta a que el Estado socialista debe convertirse en redistribuidor de la riqueza generada por todos los actores económicos: el pueblo, los empresarios y la emigración cubana.

«Tenemos que darle las herramientas a nuestro pueblo, a nuestros empresarios, a nuestra migración para que sean capaces de generar la riqueza que después el Estado, que es socialista, no las empresas, nuestro Estado, va a ser capaz de repartirlo de una manera más justa y más equitativa, no igualitaria», precisó.

El paquete aprobado —el mayor desde el Período Especial de los años 90— incluye la autorización de banca privada bajo supervisión del Banco Central, la creación de casas de cambio privadas, la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, la apertura a la inversión extranjera en el sector privado cubano y la introducción gradual del IVA.

Pérez Reyes advirtió que la implementación será un reto mayúsculo: implica probar a más de 5,000 actores económicos y transformar más de 81 normas de rango superior, todo ello en medio de la presión económica de Estados Unidos.

El economista Yan Pedro Carbonell, director de políticas macroeconómicas del Banco Central, describió el contexto en que llegan estas medidas: caída de ingresos externos en divisas, restricción de créditos internacionales, déficit fiscal elevado, moneda nacional inconvertible y múltiples tipos de cambio operando simultáneamente. La CEPAL proyecta cifras «bastante negativas» para el PIB cubano en 2026.

Rafael Montejo, del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana, señaló que el principal peligro no está en el diseño de las reformas sino en su ejecución: «No hay varitas mágicas en economía, sin duda va a llevar un esfuerzo tremendo, sobre todo de implementación. Los límites vamos a ser nosotros mismos y nuestra capacidad de llevar a cabo estas transformaciones en profundidad».

Activistas y opositores cubanos, en cambio, rechazaron las 176 medidas al considerarlas insuficientes sin apertura política, mientras el analista Miguel Alejandro Hayes argumentó que las reformas buscan reconstruir el pacto político que sostiene al régimen más que generar desarrollo real.

El propio primer ministro Manuel Marrero reconoció ante la Asamblea que las medidas generarán «contradicciones» que el régimen deberá resolver «sobre la marcha», una admisión que contrasta con el optimismo con que Pérez Reyes cerró su intervención: «El mayor riesgo no es transformar demasiado, sino hacerlo a medias».