Miguel Díaz-Canel volvió a invocar el principio de «no dejar a nadie atrás» como eje de la política social del régimen cubano, pero rechazó que la vulnerabilidad afecte a la mayoría de la población, pese a los numerosos estudios independientes que documentan el empobrecimiento generalizado, el hambre y el deterioro de las condiciones de vida en la Isla.

Durante el episodio 36 de su pódcast Desde la Presidencia, dedicado a la inclusión social, el gobernante reconoció el agravamiento de las condiciones de vida, aunque aseguró que la población vulnerable «no es, como han publicado algunos libelos anticubanos, la mayoría de la población, pero sí es un segmento dolorosamente creciente».

La afirmación contrasta con los resultados del IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado en agosto por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que estimó que el 94% de los cubanos vive en condiciones de pobreza extrema, frente al 89% registrado en 2025 y el 61% de cuatro años atrás.

La investigación, basada en 1.318 entrevistas realizadas en 79 municipios de todas las provincias, utilizó como referencia un umbral de ingresos de 1,90 dólares diarios por persona y el tipo de cambio calculado por sus autores. Según sus resultados, el 68% de los hogares declaró ingresos mensuales inferiores a 20.000 pesos cubanos.

El mismo estudio reveló que ocho de cada diez entrevistados habían dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o alimentos, proporción que se acercaba a nueve de cada diez entre los mayores de 61 años. Además, el 63% reconoció dificultades incluso para adquirir productos esenciales.

Aunque la pobreza monetaria medida por el OCDH y la vulnerabilidad definida administrativamente por el gobierno no son categorías equivalentes, los resultados independientes cuestionan que las privaciones materiales puedan describirse simplemente como un problema limitado a determinados sectores sociales.

El hambre tampoco es un problema minoritario

Las conclusiones del OCDH coinciden con otras investigaciones sobre la inseguridad alimentaria.

La encuesta En Cuba Hay Hambre 2025, elaborada por Food Monitor Program y Cuido60 y presentada en mayo de 2026, encontró que el 33,9% de los participantes reportó que al menos un integrante de su hogar se había acostado con hambre durante los 30 días anteriores a la consulta.

El estudio, realizado con 2.513 respuestas válidas recogidas en las 16 provincias, señaló además que el 94,9% había perdido algún grado de acceso a la compra de alimentos y que el 79,4% destinaba al menos el 80% de sus ingresos a la alimentación.

La precariedad afecta también a la infancia. Un informe de UNICEF publicado en 2024 situó en el 9% la pobreza alimentaria severa entre los niños cubanos de 6 a 23 meses, una condición caracterizada por el consumo de alimentos pertenecientes a un máximo de dos de los ocho grupos alimentarios considerados.

A ello se suman los datos oficiales sobre mortalidad por desnutrición, que pasó de 43 fallecimientos en 2022 a 75 en 2023, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información recogidas por CiberCuba.

Los vulnerables que reconoce el Gobierno

En el programa presidencial, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, informó que las autoridades habían visitado a más de 1,3 millones de familias y seleccionado a 883.426 personas en situación de mayor vulnerabilidad para recibir atención prioritaria.

La selección incluye criterios relacionados con la edad, la salud, la composición familiar y los ingresos, entre ellos un límite de 4.000 pesos mensuales por persona. El ministro reconoció que el número de beneficiarios cambia constantemente y que existen otros ciudadanos con necesidades que no necesariamente cumplen esos requisitos.

Otamendiz precisó que actualmente 174.511 núcleos familiares reciben protección mediante la asistencia social y que el presupuesto de 2026 contempla casi 6.000 millones de pesos para ese concepto.

Sin embargo, el economista Pedro Monreal advirtió en agosto que extender la asistencia a toda la población vulnerable reconocida por las propias estadísticas oficiales requeriría multiplicar aproximadamente por 4,5 el gasto social de 2025, hasta unos 24.300 millones de pesos.

El gobierno anunció recientemente la distribución de cinco libras de arroz, una de azúcar y otra de granos mensuales para las personas clasificadas en mayor situación de vulnerabilidad. El propio ministro explicó ahora que parte de la asistencia alimentaria depende de donaciones y de la colaboración de organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos.

Una promesa repetida durante años

La fórmula de «no dejar a nadie atrás» no es nueva.

Díaz-Canel la utilizó en enero de 2024 para defender las medidas económicas de ajuste y eliminación de subsidios, y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla volvió a emplearla en agosto de 2025 para presentar como un logro social el incremento de las pensiones, rápidamente erosionado por la inflación y la depreciación del peso cubano.

En su intervención más reciente, el gobernante atribuyó fundamentalmente al embargo estadounidense el deterioro de las condiciones de vida y rechazó que las reformas económicas impulsadas por su gobierno sean responsables del aumento de la vulnerabilidad.

Sin embargo, los informes independientes documentan una crisis que afecta a amplias mayorías de la población, mientras las propias autoridades reconocen limitaciones presupuestarias, burocracia y dificultades para garantizar una protección social efectiva.

Díaz-Canel dejó una frase particularmente significativa al concluir su programa: «La justicia social no se defiende con discursos, se defiende con instituciones que funcionen».

Una afirmación que coloca el resultado de las políticas sociales, y no la reiteración de sus promesas, como criterio para evaluar el compromiso del gobierno de no dejar a ningún cubano atrás.