Una jueza federal de Nevada concedió un recurso de habeas corpus al cubano Yunior Roldán y ordenó su liberación de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La resolución también establece restricciones para impedir que sea deportado a un tercer país sin las debidas garantías procesales.

La decisión fue emitida el martes 27 de octubre por la jueza Gloria M. Navarro, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nevada, en el caso Roldan v. Leyva et al., identificado con el número 2:26-cv-01982-GMN-DJA.

La orden dispone que Roldán sea puesto en libertad bajo condiciones razonables de supervisión este miércoles 28 de octubre, entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde.

Hasta el momento no se ha confirmado de manera independiente que la liberación se haya ejecutado.

¿Por qué estaba detenido Yunior Roldán?

Roldán llegó a Estados Unidos en 2013 como residente legal permanente. Tras una condena penal, recibió una orden de deportación a Cuba el 25 de mayo de 2018.

La expulsión no pudo ejecutarse y ese mismo año fue liberado bajo una Orden de Supervisión.

El 4 de junio de 2026 volvió a ser detenido después de que las autoridades locales lo arrestaran en virtud de una orden judicial.

ICE revocó las condiciones de su supervisión alegando una condena penal de cuatro años atrás y posteriormente le notificó que sería deportado a México.

Roldán se negó a firmar el documento porque no consentía su expulsión a ese tercer país.

Según los antecedentes recogidos en el proceso, tampoco recibió la oportunidad de presentar una reclamación basada en el temor de sufrir persecución o tortura en el país de destino.

Desde entonces permaneció bajo custodia migratoria.

¿Por qué la jueza ordenó su liberación?

La jueza Navarro fundamentó su decisión en el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos Zadvydas v. Davis (2001), que establece límites constitucionales a la detención migratoria cuando no existe una probabilidad significativa de ejecutar la deportación en un futuro razonablemente previsible.

Ese precedente reconoce un período de seis meses de detención presuntamente razonable.

Una vez transcurrido, si el detenido presenta razones suficientes para considerar que su expulsión no podrá ejecutarse en un futuro razonablemente previsible, corresponde al Gobierno aportar pruebas que permitan rebatir esa conclusión.

En el caso de Roldán, el tribunal tuvo en cuenta los períodos de detención de 2018 y 2026 y concluyó que el Gobierno no había demostrado suficientemente que su deportación pudiera llevarse a cabo dentro de un plazo razonablemente previsible.

La orden de deportación sigue vigente

La resolución establece que ICE no podrá volver a detener a Roldán sin presentar pruebas de un cambio de circunstancias que haga razonablemente previsible su expulsión.

También impide enviarlo a un tercer país sin notificación adecuada y sin ofrecerle la oportunidad de solicitar la reapertura de su procedimiento migratorio para plantear posibles riesgos de persecución o tortura.

Sin embargo, la decisión judicial no anula la orden de deportación de 2018 ni concede a Roldán un nuevo estatus migratorio. Su liberación queda sujeta a condiciones de supervisión.

La jueza ordenó además que las partes presenten antes del jueves 29 de octubre un informe conjunto de cumplimiento en el que consten la fecha y la hora de su puesta en libertad.

Otros cubanos han obtenido decisiones judiciales similares

El caso de Roldán se suma a otros litigios presentados durante 2026 por ciudadanos cubanos detenidos por ICE.

A principios de octubre, otro cubano obtuvo una orden de liberación en Nevada, mientras que días después un tribunal de Florida ordenó revisar la detención de otro ciudadano cubano.

Aunque relacionados con la detención migratoria, los expedientes presentan circunstancias y decisiones judiciales diferentes.

Las dificultades para ejecutar deportaciones directamente a Cuba también han llevado a las autoridades estadounidenses a recurrir a expulsiones hacia terceros países.

El 21 de octubre, 69 cubanos fueron deportados a la República Centroafricana, en medio de controversias judiciales sobre las garantías que deben ofrecerse antes de trasladar migrantes a países distintos de los contemplados originalmente en sus órdenes de expulsión.

La resolución favorable a Roldán no se aplica automáticamente a otros detenidos, pero constituye otro pronunciamiento judicial sobre los límites de la detención migratoria prolongada y las condiciones que deben respetarse antes de ejecutar una deportación a un tercer país.