El gobierno de Cuba permitirá a partir de agosto la extracción de petróleo y gas natural a empresas privadas nacionales y extranjeras, aunque con condiciones. Además, autorizará la gran minería solo «mediante asociación económica e inversión extranjera».
La Gaceta Oficial de la República recoge este martes un decreto del Consejo de Ministros que reordena las actividades económicas permitidas para cada tipo de actor (empresas estatales, pequeñas privadas cubanas, extranjeras y cuentapropistas). El paquete de reformas, aprobado en junio pasado, amplía los ámbitos de actividad para el sector privado.
Hasta ahora las actividades prohibidas para el sector privado eran 125. La nueva normativa elimina 46 de ellas, y quedan autorizadas sin restricciones. Otras 35 se flexibilizan sus condiciones de operación o se abren nuevas facetas dentro de ellas, reporta EFE.
Estas medidas referidas al modelo de gestión de los actores económicos estatales y privados forman parte del paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno cubano este junio. El propósito es liberalizar y descentralizar la economía, en medio de una profunda crisis y tensiones con Estados Unidos.
Apertura petrolera a la cubana
Entre los cambios más sensibles a nivel económico destaca que la extracción de crudo y gas natural solo se permitirá mediante concesión administrativa para «asociación económica y empresas mixtas nacionales y las modalidades de inversión extranjera».
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) podrán asimismo, tras una autorización condicionada y con un socio estatal, explotar gasolineras.
También se abre al sector privado la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, con autorización previa, según el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la República.
La fabricación de sustancias químicas y de productos farmacéuticos queda «autorizable o condicionada», con los correspondientes permisos y algunas restricciones.
Las mipymes cubanas -actualmente más de 15.600 aprobadas- podrán fabricar y ensamblar ciclomotores, motocicletas, triciclos, remolques y semirremolques, previa certificación técnica.
Además se autoriza la explotación de terminales, estaciones ferroviarias, carreteras, peajes, puentes y túneles, «mediante concesión administrativa, arrendamiento y demás derechos reales sobre activos estatales».
La lista de sectores prohibidos se reduce de esta manera de forma significativa, pero incluye sectores como la defensa, la educación formal, la seguridad y las telecomunicaciones. También, el periodismo, la publicación de periódicos, libros y revistas, el comercio mayorista y el transporte marítimo internacional, de crucero y turístico.
Empresa socialista sigue en el juego
En el sector de la salud pública, la atención médica sigue sin estar permitida para los actores económicos no estatales. La actividad profesional y técnica en los servicios de salud «sigue estando regulada estatalmente».
Pero la novedad será que se permitirá la gestión de los servicios farmacéuticos a mipymes, cooperativas no agropecuarias y empresas privadas. No obstante, los participantes deberán cumplir determinados requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, como locales adecuados, personal cualificado, licencia operativa y medicamentos con registro sanitario.
La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara López Acea, argumentó que las nuevas medidas «no están yendo a la privatización de la economía», porque la empresa estatal socialista mantiene su «papel fundamental», y agregó lo que se está dando es «más participación a los actores económicos no estatales».
Las reformas llegan en un contexto en el que la economía cubana se ha contraído un 15 % entre 2020 y 2025 por la combinación de la pandemia, el endurecimiento de la sanciones estadounidenses y las fallidas políticas internas en materia monetaria y económica.
A ello se suma desde enero la presión del Gobierno de EE UU, que exige cambios políticos y económicos profundos. Además, Washington mantiene un cerco petrolero y una serie de sanciones adicionales reforzadas contra sectores vitales y que también afectan directamente a entidades extranjeras.
