El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó nuevas disposiciones que permitirán entregar activos productivos a personas en situación de vulnerabilidad, ofrecer capacitación remunerada a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, y crear direcciones de Trabajo Social en las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular.
Las normas publicadas en la Gaceta Oficial de la República en su edición ordinaria número 88 y que entrarán en vigor en los próximos siete días comprenden el Decreto Ley 136 Del fortalecimiento del Trabajo Social y el Decreto 182 De la creación de la estructura organizativa de las direcciones de Trabajo Social de las Administraciones provinciales y municipales.
De igual forma, estipula los acuerdos 10455 Programa de inclusión económica para la dotación de activos productivos de pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional, y el 10463 que contempla el Programa de capacitación y preparación para la inserción laboral de jóvenes de 18 a 30 años que se encuentran desvinculados del estudio y el trabajo.
Al respecto, Maily Morejón Concepción, directora del Observatorio Social y Laboral, explicó que la iniciativa trasciende el enfoque tradicional de la asistencia social, centrado en atender necesidades inmediatas, y procura crear condiciones para que las personas puedan desarrollar actividades económicas y generar ingresos propios.
El programa está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad que cuenten con integrantes aptos y dispuestos a trabajar, y que asuman el compromiso de cumplir un plan de inclusión económica.
Entre los grupos priorizados figuran las personas cuidadoras, especialmente mujeres con menores a su cargo y bajos ingresos; jóvenes de 18 a 30 años desvinculados del estudio y el trabajo; personas con discapacidad que puedan desarrollar una actividad económica, y quienes se encuentran en la informalidad laboral.
Morejón Concepción precisó que los activos productivos se agrupan en tres categorías: agropecuarios y agroecológicos; destinados a actividades artesanales, de transformación y servicios; y tecnológicos o de soporte digital, y también podrán incorporarse otros que respondan a las necesidades de cada territorio.
Por su parte, Israel Antonio Riverón Sánchez, director de Empleo del MTSS, explicó que las solicitudes se presentan en las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, por iniciativa de los interesados, mediante los trabajadores sociales o por medio de los empleadores.
Los trabajadores sociales realizan la caracterización de las personas y familias, cuyos resultados son evaluados por los grupos de atención a las políticas sociales de los consejos populares.
Posteriormente, el Servicio de Gestión de Empleo Territorial elabora, junto con el posible beneficiario, un plan individualizado que incluye las capacidades y habilidades de la persona, la actividad económica que desarrollará, los activos necesarios, la capacitación y el cronograma de implementación y se somete a la evaluación y aprobación del Consejo de la Administración Municipal.
Riverón Sánchez señaló que el financiamiento podrá proceder del presupuesto estatal destinado a la asistencia social, el Fondo de Protección Social, la contribución territorial para el desarrollo local, la cooperación internacional, donaciones, microcréditos bancarios y otros fondos autorizados.
CAPACITACIÓN REMUNERADA PARA JÓVENES DESVINCULADOS
Por otra parte, el Acuerdo 10463 que establece un programa de capacitación y preparación para la inserción laboral de jóvenes de 18 a 30 años que no estudian ni trabajan.
Según explicó Riverón Sánchez, su objetivo es facilitar la incorporación de esos jóvenes a actividades productivas y de servicios mediante cursos cortos que respondan a las necesidades de empleo de los territorios.
De manera excepcional, podrán acceder adolescentes desde los 15 años y hasta antes de cumplir los 18, previa fundamentación de su situación de riesgo social, así como personas de 31 a 35 años con responsabilidades familiares de cuidado.
El programa prioriza a residentes en localidades con desvinculación juvenil, mujeres con menores a su cargo y bajos ingresos, personas con discapacidad y jóvenes que enfrentan barreras para acceder a la capacitación o al empleo.
Los cursos tendrán una duración de uno a seis meses, con una carga mínima de 20 horas lectivas semanales, y podrán abarcar oficios de demanda territorial, emprendimientos, gestión de pequeños negocios y competencias digitales.
Durante el periodo de preparación, los beneficiarios recibirán un ingreso mensual equivalente al salario mínimo vigente y en el caso de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, el financiamiento corresponderá a las prestaciones condicionadas de la asistencia social; para los restantes beneficiarios, será asumido por las entidades empleadoras, conforme a la legislación laboral.
Para mantener ese ingreso, deberán cumplir al menos el 85 % de asistencia a las actividades lectivas y aprobar las evaluaciones del programa formativo.
NUEVAS ESTRUCTURAS PARA FORTALECER EL TRABAJO SOCIAL
Como parte de estas transformaciones, el Decreto Ley 136 establece las bases para fortalecer el sistema de trabajo social en el país, mientras que el Decreto 182 regula la creación y organización de las direcciones de Trabajo Social de las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular.
Rita Machín Reyes, directora de Trabajo Social del MTSS, explicó que el Decreto Ley, estructurado en cuatro capítulos, define los conceptos, principios, ámbitos de actuación y mecanismos de articulación de esta actividad.
La norma reconoce la intervención de los trabajadores sociales no solo en las comunidades, circunscripciones y consejos populares, sino también en instituciones educativas, hospitales, policlínicos y otros servicios sociales.
Asimismo, establece mecanismos de coordinación con organismos, instituciones, entidades estatales y no estatales, así como un sistema de supervisión dirigido a garantizar la calidad de las intervenciones y el desarrollo profesional de estos trabajadores.
Machín Reyes destacó que las nuevas direcciones estarán subordinadas a las administraciones de sus respectivos territorios, lo cual demandará una mayor articulación con los gobiernos locales y las instituciones vinculadas a la prevención y atención de los problemas sociales.
La directiva insistió en que la implementación de las disposiciones requerirá preparación continua, ética profesional y una participación activa de los trabajadores sociales en la identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, destacó que las nuevas transformaciones buscan fortalecer la protección social y favorecer que las personas y familias en situación de vulnerabilidad puedan generar ingresos mediante su propio trabajo.
Explicó que la asistencia social debe concebirse también como un proceso de tránsito hacia la autonomía económica, en el cual los beneficiarios aprovechen sus capacidades y las oportunidades existentes en sus localidades para superar las condiciones que motivaron su situación.
Asimismo, subrayó la importancia de rescatar el valor del trabajo como principal vía de protección social y fortalecer la preparación profesional de los trabajadores sociales.
