El director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado de Pinar del Río, Robert Hechevarría Ramírez, reconoció la gravedad de la crisis hídrica que padece la provincia, donde más de 169,700 residentes tienen afectado su acceso regular al agua y las pipas privadas se venden a precios que superan los 15,000 pesos.

Los datos, ofrecidos este domingo por el periódico oficial Guerrillero en una entrevista con el funcionario, ilustran una crisis que, según Hechevarría Ramírez, responde a dos factores que se potencian mutuamente: «el déficit de equipos de bombeo y las afectaciones en el servicio eléctrico».

Las tres conductoras principales de la capital provincial operan con déficit severo. La de 20 pulgadas carece de dos bombas; la de 30 pulgadas —encargada de llevar el agua hasta el tanque de la ciudad— funciona al 50% porque le faltan tres de sus seis equipos; y la de 36 pulgadas también tiene dos equipos ausentes. En total, están averiados 46 equipos de bombeo y seis de rebombeo en el campo de pozos, indicó el directivo

A ese cuadro se sumó, días atrás, una avería en la conductora de 36 pulgadas en la zona del Crucero de Maceo, que obligó a detenerla, desaguarla y realizar soldaduras. El directivo fue categórico: «Ante este escenario combinado de limitaciones energéticas y roturas o déficit de equipos de trabajo, la entrega continua del servicio se vuelve materialmente imposible».

Algunas localidades, según reportes de prensa, llevan más de tres meses sin recibir agua por las redes, lo que empuja a los vecinos a recurrir a opciones que desangran la economía doméstica, y que resultan inalcanzables para las mayorías.

Así lo corroboró el funcionario, al referirse al «precio excesivo y abusivo de las pipas, que se pasean por la ciudad, nada más y nada menos que a montos que superan […] los 15,000 pesos».

Con el salario mínimo fijado en 3,210 pesos desde julio de 2026, esa cifra equivale a casi cinco salarios mínimos mensuales. El Director provincial admitió que «esta situación […] no es obviamente ajena a la Empresa, pues sus propios trabajadores la ‘sufren’ a diario en sus respectivas comunidades».

La viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh visitó la provincia el 24 de octubre junto a funcionarios de la Unión Eléctrica y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. En esa reunión, Chapman Waugh insistió en ejecutar un «programa integral agua-energía», sin precisar calendario concreto.

Entre las medidas anunciadas figura la distribución de 20 toneladas de diésel para grupos electrógenos de todas las cabeceras municipales —iniciada desde el miércoles 28 de octubre por Consolación del Sur y la capital provincial—, destinada a los rebombeos del Anillo 1, Calero 3 y 10 de Octubre. También se realizan gestiones con un taller en Mayabeque para reparar al menos un equipo de bombeo para cada una de las conductoras de 20 y 30 pulgadas.

El directivo informó además que la provincia cuenta con 77 equipos de bombeo solar en fuentes de abasto menores de 10 kilos de potencia: 67 operan correctamente, cuatro están quemados y seis presentan fallas en las tarjetas de los controladores. Se trabaja en un levantamiento de otras 34 fuentes de entre 10 y 30 kilos de potencia que podrían beneficiarse con un cambio hacia energías renovables en un plazo medio.

La situación de Pinar del Río forma parte de un colapso hídrico nacional: el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reconoció el 29 de octubre que 2,14 millones de cubanos tenían afectado su suministro de agua, con la falta de electricidad y las averías de equipos explicando cerca del 88% de las incidencias.

La paradoja que encierra el caso pinareño la resumió el cierre del propio reportaje: es uno de los territorios «con ciclos de entrega más elevados del país, a pesar de tener agua de calidad y en abundancia en sus fuentes».