El régimen cubano anunció una modificación de su política de asistencia social para reservar los recursos estatales a quienes sean clasificados como personas “en situación de vulnerabilidad”. La decisión, presentada por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), llega cuando la inflación, la escasez y el desplome de salarios y pensiones afectan a millones de habitantes de la Isla.
La propuesta fue expuesta en el programa oficialista “Cuadrando la Caja” y difundida por el portal oficialista Cubadebate. El viceministro Ariel Fonseca Quezada defendió que los cambios sociales deben preceder a otras reformas.
“Antes de las económicas tenemos que tener las transformaciones sociales que permitan proteger a las personas”, afirmó.
El Gobierno decidirá quién necesita asistencia social
Fonseca explicó que las autoridades pretenden abandonar los mecanismos generalizados de ayuda y concentrar el presupuesto disponible en determinados beneficiarios.
“Tenemos que identificar a las personas que necesitan de un mayor apoyo, de una mayor atención, que están en esa situación de vulnerabilidad”, declaró.
También sostuvo que la protección social “tiene que llegar a quien realmente la necesita”. Sin embargo, el funcionario no precisó qué requisitos deberán cumplir los ciudadanos, qué instituciones revisarán cada expediente ni cómo podrán reclamar quienes sean excluidos.
El viceministro introdujo además una distinción en la terminología oficial. “No estamos hablando de personas vulnerables, estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad”, señaló. Según su explicación, esa condición puede ser transitoria y superarse mediante el acompañamiento de las instituciones.
Millones de cubanos enfrentan condiciones precarias
La nueva política aparece cuando la pobreza ya no se limita a familias sin empleo o con ingresos tradicionalmente bajos. Trabajadores estatales, jubilados, profesionales y hogares con varios salarios tampoco logran cubrir con regularidad sus necesidades básicas.
La inflación desatada tras la Tarea Ordenamiento redujo el valor real de los ingresos. A ello se suman la dolarización de parte del comercio, el encarecimiento de los alimentos, la falta de medicamentos y los prolongados apagones.
En estas circunstancias, establecer una frontera entre quienes recibirán apoyo y quienes quedarán fuera resulta complejo. El Gobierno tampoco ha divulgado los indicadores que utilizará para medir la precariedad económica de cada familia.
Menos subsidios ante la falta de recursos estatales
Los funcionarios presentaron el sistema selectivo como una fórmula para garantizar la “equidad” y evitar el “igualitarismo”. Ese argumento ha acompañado la reducción progresiva de subsidios universales y el debilitamiento de la libreta de abastecimiento.
Durante décadas, el castrismo utilizó la cobertura social como una de sus principales banderas propagandísticas. La caída de la producción, la falta de liquidez y la crisis fiscal han limitado ahora la capacidad estatal para mantener ese modelo.
Economistas han advertido que la focalización requiere criterios públicos, fondos suficientes y controles efectivos. Sin esas garantías, familias con necesidades comprobadas podrían quedar desamparadas por errores administrativos o falta de presupuesto.
La reforma supone un reconocimiento de que el régimen ya no puede sostener la protección que prometió durante décadas. Mientras las autoridades aseguran que priorizarán a los más necesitados, millones de cubanos esperan conocer quién determinará su nivel de pobreza y qué ocurrirá con quienes no superen el nuevo filtro estatal.
