Washington continúa con su estrategia de máxima presión contra La Habana: sanciones sobre sectores estratégicos, restricciones energéticas y una guerra cognitiva
Las medidas anunciadas por Donald Trump el 13 de julio de 2026 contra Cuba no representan una ruptura radical ni el inicio de una nueva etapa en la política estadunidense hacia nuestro país. Son más de lo mismo: sanciones cada vez más agudas en el contexto de una estrategia de asfixia económica que lleva más de seis décadas sin lograr su objetivo. La decisión se inscribió en la estrategia impulsada por Estados Unidos, orientada a intensificar el cerco económico, financiero y comercial.
El paquete incorporó otras diez entidades a la lista de sancionados. Entre ellas, figuraron ENETEC S.A., Coreydan S.A. y el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), empresas vinculadas a la importación, exportación y comercialización de combustibles, así como a operaciones de comercio exterior de bienes y servicios. Con ello, Washington intensificó la presión sobre actividades esenciales para el abastecimiento energético y el funcionamiento de la economía cubana.
Especial relevancia tuvo la inclusión del Ministerio de Turismo, uno de los sectores estratégicos para la captación de divisas y la recuperación económica de Cuba. Al dirigir las sanciones hacia esta esfera, Washington buscó limitar una de las principales fuentes de financiamiento externo, en un ámbito marcado por la contracción del flujo turístico, la escasez de recursos y la creciente presión sobre la economía nacional.
Aquellas limitaciones se sumaron a las órdenes ejecutivas emitidas el 29 de enero y el 1 de mayo de 2026, mediante las cuales la Casa Blanca había ampliado las sanciones secundarias contra sectores estratégicos de la economía cubana y endurecido las restricciones que obstaculizaron la llegada de combustibles a la nación caribeña. En conjunto, estas medidas se inscribieron en la continuidad de la política estadounidense hacia Cuba, orientada a ejercer presión sobre sectores clave de la economía mediante restricciones al acceso a recursos energéticos y comerciales.
Asedio con consecuencias humanas
La noción de un asedio contra Cuba es una realidad con efectos tangibles sobre la vida cotidiana. La combinación de sanciones financieras, restricciones comerciales y obstáculos para adquirir combustible repercute en la alimentación, el transporte, la generación eléctrica y el sistema nacional de salud.
Un estudio del Center for Economic and Policy Research estimó que la mortalidad infantil en el territorio antillano pasó de cuatro fallecimientos por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025, lo que representa un incremento del 148 por ciento. Según ese informe, si el indicador se hubiera mantenido en los niveles previos al recrudecimiento de las sanciones, alrededor de mil 800 bebés habrían sobrevivido.
El observatorio de Cubadebate documentó el impacto de las restricciones sobre el sistema energético nacional. De acuerdo con sus datos, alrededor de 1 400 megavatios de capacidad de generación distribuida permanecen inactivos porque el país no puede adquirir el diésel y el fueloil necesarios para operar grupos electrógenos, motores y centrales flotantes. Esa capacidad equivale a casi la mitad de la demanda eléctrica nacional en horario pico o a la producción simultánea de aproximadamente cinco centrales termoeléctricas Antonio Guiteras.
Las consecuencias son visibles en la vida diaria. Los prolongados apagones —que en numerosas localidades sobrepasan las veinte horas diarias— afectan la preparación de alimentos, el bombeo de agua potable, la conservación de medicamentos, las telecomunicaciones y el funcionamiento de hospitales, escuelas y centros de trabajo.
La supervivencia de niños con cáncer ha descendido a 65 por ciento, frente a un 85 por ciento registrado antes del recrudecimiento del bloqueo energético. Más de 100 mil personas esperan cirugías electivas o reconstructivas; entre ellas, 5 mil 152 pacientes oncológicos y unos 12 mil niños. De los 395 fármacos que Cuba produce dentro de su cuadro básico de salud, 300 están en falta por dificultades para acceder a materias primas e insumos farmacéuticos.
El asedio no solo impide importar productos terminados: también asfixia la producción nacional. Lo mismo ocurre con pruebas esenciales, incluidas las que se utilizan para la detección precoz del cáncer. El cerco impacta igualmente la alimentación: más de 100 mil niños no reciben diariamente el litro de leche subsidiado por el Estado, principalmente por las dificultades de transporte derivadas de la falta de combustible.
La narrativa estadounidense suele presentar sus medidas como presión política. Pero cuando se impide adquirir combustible, se limita el acceso a créditos, se persiguen transacciones financieras, se encarecen importaciones y se bloquean rutas comerciales, el impacto no queda en los despachos del poder. Baja a la mesa, al barrio, a la escuela, al policlínico, a la cola, al transporte, a la vida doméstica.
Este asedio se libra también con narrativas y matrices de opinión que convierten cada hecho cubano en argumento para la agresión mediante coberturas internacionales y sincronizadas, que no explican, sino que sentencian. El resultado es un encuadre donde la actual crisis cubana deja de ser explicada en medios internacionales por sus causas (en mayor medida, y más allá de los errores propios, el bloqueo, las sanciones, el acceso limitado al combustible) y pasa a ser usada como un recurso de combate político-ideológico mediante etiquetas estigmatizadoras.
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