Foto: Vladimir Molina Espada (FotosPL)
El texto, presentado en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones, reitera el más enérgico rechazo al empeño imperialista de doblegar por la fuerza la voluntad soberana de los cubanos y subraya que el compromiso con la defensa del derecho inalienable a la libre determinación es «innegociable».
La declaración señala que las órdenes ejecutivas del 29 de enero y el 1 de mayo son «ejemplos concretos de la política de máxima presión que tiene por filosofía el castigo colectivo a todo un pueblo», y califica las amenazas de agresión militar como «un crimen internacional según la Carta de las Naciones Unidas».
«De materializarse un acto irresponsable de esa naturaleza tropezará con la firme e indoblegable resistencia del pueblo cubano que no cederá un palmo de su territorio ni la más mínima de las prerrogativas soberanas», advierte el documento, leído por la vicepresidenta del órgano legislativo, Ana María Mari Machado.
La Asamblea Nacional denunció que la guerra económica, reforzada por el cerco energético y las sanciones secundarias, persigue «provocar una crisis humanitaria, conducta que también constituye un crimen internacional».
Sus consecuencias, añade, las sufre el pueblo cubano a diario en todas las facetas de la vida.
El texto reconoce el apoyo de la comunidad internacional en el debate del 7 de julio en la ONU y reafirma lo expresado por el presidente Miguel Díaz-Canel: «Cuba no es una amenaza ni para los Estados Unidos ni para ningún otro país sobre la tierra. Somos un pueblo noble que salva vidas donde otros destruyen». La declaración hace un llamado a los parlamentarios de todos los países a honrar sus voces y voluntades para evitar la agresión militar de los Estados Unidos contra Cuba, poner fin a la guerra silenciosa y genocida que se impone al pueblo cubano y defender la paz, la amistad y la solidaridad.
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