La organización Cubalex denunció este jueves que la activista Gisselle «Zea» (Gisselle Ordóñez Milián), madre y vecina del barrio Zamora en Marianao, La Habana, fue sometida a un interrogatorio de varias horas por oficiales de la Seguridad del Estado el 16 de julio, en un procedimiento marcado por amenazas, intimidación y el uso de su hijo menor de edad como mecanismo de presión.

Según la denuncia difundida por Cubalex, la activista recibió una cédula de citación del MININT el 15 de julio con menos de 24 horas de antelación para presentarse en la 6ta Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Marianao.

Aunque la citación indicaba que sería entrevistada por el jefe de sector, en la práctica fue interrogada por dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado identificados como «Antonio» y «Luisito», junto al instructor penal «Andy».

Durante el interrogatorio, los oficiales cuestionaron su postura política y le preguntaron si había participado en protestas, incluidos cacerolazos en su barrio. Le aseguraron que participar en manifestaciones «constituía un delito» y la calificaron de «líder de su comunidad» por sus publicaciones en redes sociales, las fotografías que ha difundido de operativos policiales durante protestas y su labor comunitaria.

Los agentes también intentaron vincularla con un cartel aparecido en su barrio contra el gobernante Miguel Díaz-Canel: le pidieron que escribiera el alfabeto en una hoja para comparar su letra con la del mensaje. Gisselle se negó, al considerar que podían usarlo para incriminarla.

Además, le advirtieron que podían atribuirle financiamiento desde el exterior y la responsabilizaron por la reproducción de sus publicaciones en medios independientes.

Uno de los momentos más graves del interrogatorio fue cuando los oficiales insinuaron posibles acciones relacionadas con la custodia de su hijo menor de edad, utilizándolo como palanca de presión para intimidarla.

Al concluir el procedimiento, la obligaron a firmar un acta de advertencia y le comunicaron que volvería a ser citada, esta vez en Villa Marista, sede principal del Departamento de Seguridad del Estado en La Habana, advirtiéndole que «el procedimiento allí sería diferente».

Gisselle lleva meses documentando y denunciando públicamente la crisis de servicios básicos en su comunidad. El 6 de julio denunció 38 horas consecutivas sin electricidad y una semana entera sin agua potable en Zamora, y ha participado en cacerolazos y protestas en el barrio desde al menos marzo de 2026.

El caso no es aislado. Apenas días antes, el activista Edel Carrero fue citado por la Seguridad del Estado en Villa Marista en el marco del quinto aniversario de las protestas del 11J.

Cubalex advierte que lo ocurrido con Gisselle «refleja un patrón documentado de citaciones arbitrarias, interrogatorios intimidatorios, amenazas, intentos de vincular a personas críticas con supuestos hechos delictivos y el uso de familiares, incluidos hijos menores de edad, como mecanismo de presión para desalentar el ejercicio de la libertad de expresión, la participación cívica y la defensa de los derechos humanos».

Ese patrón queda respaldado por las cifras: en junio de 2026, Cubalex registró 319 eventos represivos y 608 incidentes de hostigamiento en todo el país, además de al menos 40 menores de edad en prisiones cubanas.