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Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Aunque pudiera parecer que no, por la compleja relación que Cuba ha mantenido históricamente con los inversionistas extranjeros, todavía hay empresarios que miran hacia la isla. El contexto sigue siendo adverso —embargo estadounidense recrudecido, crisis energética que paraliza buena parte del aparato productivo y una deuda externa que roza los 4 800 millones de dólares—, pero el paquete de 176 transformaciones económicas anunciado por el gobierno cubano en junio de 2026 ha generado expectativas, toda vez que introducen cambios estructurales que, para ciertos perfiles de inversores, resultan relevantes.
Un reciente estudio publicado por AUGE, agencia consultora especializada en asesoría empresarial, comunicación, regulaciones, investigaciones comerciales y estrategia para el emprendimiento en Cuba, describe las posibles “mieles” que encontrarían los inversionistas del mundo si se deciden a arrojar anclas en esta economía prácticamente virgen. Entre ellas, el presunto fin del monopolio estatal como socio único.
Hasta ahora, la vía principal para invertir en Cuba era hacerlo en sociedad con empresas estatales. Esa obligación, al menos en el discurso oficial, ha desaparecido. El inversor extranjero puede optar por una filial 100 por ciento extranjera, una inversión directa en una empresa privada cubana o mantener la fórmula mixta.
Esta flexibilidad no parte de cero: desde la aparición de las mipymes en 2021, el sector privado cubano ya se había convertido en un socio silencioso, pero cada vez más relevante para los inversores extranjeros presentes en el país, aunque no como socios capitalistas sino como clientes, distribuidores o prestadores de servicios. Lo que hace el paquete normativo es reconocer y dar cobertura legal a una relación que ya existía.
Por otra parte, se elimina el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar personal en la inversión extranjera, lo cual supone un cambio significativo en la gestión del capital humano, aunque la capacidad de encontrar personal cualificado sigue siendo un desafío.
En un giro inesperado de los acontecimientos, el gobierno cubano permitió que, por primera vez, los inversores extranjeros —incluidos los cubanos residentes en el exterior— puedan adquirir acciones de empresas estatales y comprar propiedades. Los derechos de superficie se amplían hasta 99 años y los de usufructo hasta 50. Además, el proceso de aprobación se ha simplificado, pues se reducen la documentación y los plazos para la aprobación de proyectos. Todo ello implica una mejora, aunque depende de la capacidad de las instituciones públicas para cumplir.
Igualmente sorprendente resulta la autorización de la banca privada, las casas de cambio, las cuentas en divisas sin permiso previo y un mercado cambiario digital con subastas. Esta medida en específico ha generado enorme expectativa en un sector que ya se dedicaba a la actividad de forma clandestina, en un mercado paralelo al margen de la institucionalidad, y que aguarda en la sombra a que se pongan los términos en blanco y negro. Es, sin dudas, un avance significativo, pero el sistema financiero cubano parte de una base tecnológica y de confianza muy deteriorada.
Para los inversores que ya tienen presencia en Cuba las medidas ofrecen una lectura diferente: conocen las reglas no escritas, han construido relaciones y han aprendido a gestionar el riesgo de estar en “la caliente”. Para ellos, el paquete normativo puede ser una oportunidad formidable: les da un marco más claro para ampliar su participación, acceder a nuevos activos y negociar condiciones que antes no estaban disponibles.
Sin embargo, no se debe subestimar el contexto. El hecho de que el gobierno esté dispuesto a canjear activos por deuda no significa que esos activos estén en condiciones óptimas de operación. La crisis energética, la escasez de insumos y el deterioro de la infraestructura son problemas que el inversor deberá asumir.
El paquete normativo abrirá puertas, asegura la investigación de AUGE, pero no resuelve los problemas de fondo, sobre todo desde que Donald Trump decidiera apretarle el cuello a la economía cubana. En tal escenario, cada vez resulta más difícil operar sin exponerse al riesgo de sanciones secundarias, una condición que —evocando a Virgilio Piñera— ahoga a Cuba como “la maldita circunstancia del agua por todas partes”. Falta por ver si los inversores extranjeros se atreven a tanto.
Fundación Robert A. Paneque
