Un texto publicado el sábado por el escritor y crítico de arte Jorge de Mello encendió la indignación en redes sociales al denunciar que los ancianos cubanos son los grandes sacrificados de las reformas económicas anunciadas por el régimen, un paquete de 176 medidas que, según sus críticos, no contempla nada para quienes envejecieron sin poder acumular riquezas.

«Somos los corderos blancos que los poderosos han decidido inmolar en el altar de sus insuficientes y tardías reformas», escribió De Mello en el texto titulado De mi diario, que circuló ampliamente entre cubanos dentro y fuera de la Isla.

El autor lanzó preguntas que resonaron entre sus lectores: «¿En qué acápite de la reforma se especifica qué va a pasar con los que no hemos robado ni llevado una doble vida, y, además, se nos ha prohibido acumular riquezas?»

Los comentarios a la publicación de De Mello reflejaron una herida generacional profunda.

«Han traicionado a esa generación que alfabetizó, picó caña, fue a las guerras, discutió por política con sus hijos en el período especial y se resignó a cantarle felicidades a sus nietos por Whatsapp. No tendrán perdón», escribió un lector.

Otro señaló la paradoja central de las reformas: «Los mismos poderosos de hoy, que son los que tienen el dinero para invertir, serán los que se repartan el pastel, pero ahora abiertamente y a lo descarado. Y los de a pie, pues que se jodan, se mueran o sigan siendo los de a pie».

Una tercera voz apuntó al abandono de quienes cumplieron las reglas del sistema: «Quienes obedecieron las reglas, trabajaron honestamente y renunciaron a prosperar por el bien colectivo son ahora los más abandonados. Una sociedad que deja atrás a sus ancianos no está reformándose: está admitiendo su fracaso moral».

La rabia tiene sustento en cifras concretas. La pensión mínima en Cuba es de 3,056 pesos cubanos mensuales —unos 4,40 dólares al cambio informal de 695 pesos cubanos por dólar—, mientras que la canasta básica mínima para dos personas en La Habana alcanzó los 41,735 pesos en 2025, según estimaciones periodísticas.

El miércoles, el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció que la canasta básica dejará de ser universal y quedará restringida a jubilados, familias con niños enfermos crónicos y personas vulnerables, en el mayor recorte al racionamiento desde su creación en 1962.

El paquete de reformas, aprobado en el Pleno Extraordinario del Partido Comunista el martes 17 de junio y ratificado por la Asamblea Nacional al día siguiente, incluye apertura a la banca privada, eliminación de límites para las mipymes y autorización a cubanos en el exterior para invertir, medidas que benefician principalmente a quienes disponen de capital.

El jueves, el régimen presentó además la medida que obliga a empresas privadas a financiar pensiones, hogares de ancianos y comedores sociales, con lo cual reconoció su propia incapacidad. El gobierno de Granma admitió este mes que no contaba con los más de 400 millones de pesos necesarios para pagar a sus 111,000 jubilados.

El desamparo tiene también una dimensión estructural. Cuba es el país más envejecido de América Latina, con 25,7 % de su población de 60 años o más al cierre de 2024, mientras la emigración masiva ha reducido la población a 9,74 millones y dejado a miles de ancianos sin redes familiares de apoyo.

Los comedores del Sistema de Atención a la Familia, última red de contención para muchos de ellos, llevan meses cocinando con leña por falta de gas y sobreviven con donaciones internacionales.

Mientras, innumerables cubanos en redes sociales sepultan el triunfalismo oficial y los anuncios de reformas que dejan sin responder la pregunta que De Mello dejó sin contestar: «¿Cómo vamos a pagar por nuestras necesidades, quién asumirá los gastos de los derrotados de esta historia?»