Un informe académico publicado este jueves por la plataforma CubaxCuba advierte que una transición democrática en Cuba requerirá no solo subordinar las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) al poder civil, sino también desmontar su influencia política y someter a control democrático el entramado económico que administran a través de GAESA.

El estudio, titulado ‘Fuerzas armadas y subordinación al poder civil’ y elaborado por la iniciativa Transiciones Democráticas Comparadas, examina las experiencias de España, Chile, Polonia y Venezuela para identificar los desafíos que afrontaría Cuba en un eventual proceso de democratización.

Su conclusión central es que «ninguna transición se consolida mientras las fuerzas armadas conserven capacidad de veto sobre el poder civil». Sin embargo, los autores advierten que eliminar la influencia política de los militares no resulta suficiente si estos mantienen recursos económicos propios y espacios de autonomía fuera de la supervisión de las instituciones democráticas.

«La economía es el núcleo duro del asunto», sostiene el informe, que identifica en el poder empresarial de las FAR uno de los principales obstáculos para una transformación del sistema político cubano.

GAESA: el poder económico que podría sobrevivir al cambio político

El análisis destaca que las FAR presentan una combinación de características que las diferencia de los ejércitos examinados: son una institución nacida de la propia revolución, están subordinadas a un partido hegemónico y se han convertido en un actor económico de primer orden.

A través del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), creado en los años noventa bajo el Ministerio de las FAR, el entramado militar controla importantes negocios turísticos, cadenas hoteleras, corporaciones comerciales y entidades financieras.

La magnitud de ese poder ha sido objeto de investigaciones independientes. El economista Emilio Morales, en un estudio publicado por Cuba Siglo XXI en noviembre de 2025, estimó que el conglomerado militar controla más del 70% de la economía cubana y el 95% de sus finanzas.

Por su parte, el economista Pavel Vidal Alejandro, a partir del análisis de balances financieros filtrados de GAESA correspondientes a 2023 y 2024, calculó que su peso ronda entre un tercio y el 40% de la economía nacional. Aunque difieren en sus estimaciones y metodologías, ambos estudios coinciden en señalar una extraordinaria concentración de recursos económicos bajo control militar, sin mecanismos efectivos de transparencia y supervisión civil.

Los balances examinados por Vidal también revelaron que GAESA acumulaba unos 14.500 millones de dólares en depósitos bancarios en 2024, dentro de activos corrientes estimados en 18.000 millones. La magnitud de esos recursos ilustra la dimensión financiera del desafío que supondría someter el conglomerado al control de un futuro gobierno democrático.

El informe de CubaxCuba recuerda que el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió GAESA durante décadas hasta su muerte en 2022, integró el Buró Político del Partido Comunista. También señala que el actual primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presidió anteriormente la corporación turística Gaviota, perteneciente al conglomerado.

«Ninguno de los casos comparados presentaba una fusión de este calibre entre mando militar, poder político y control económico», subraya el informe, apoyándose en trabajos de los académicos Armando Chaguaceda y Susanne Gratius.

El problema, según el estudio, radica en que las prerrogativas económicas suelen sobrevivir a las reformas políticas. Mientras la intervención militar en el gobierno puede limitarse mediante cambios legales e institucionales, la disponibilidad de recursos propios genera intereses materiales que las Fuerzas Armadas pueden intentar preservar.

«Un ejército que obtiene recursos propios, al margen del presupuesto aprobado por el Parlamento, tiene intereses que defender frente a cualquier gobierno civil», advierten los autores.

Las lecciones de España, Chile, Polonia y Venezuela

El estudio examina cuatro experiencias históricas que muestran diferentes caminos en las relaciones entre los ejércitos y las autoridades civiles.

En España, la reforma militar comenzó durante la transición posterior al franquismo y avanzó por etapas. La creación del Ministerio de Defensa en 1977 permitió reorganizar la estructura castrense, mientras que el fracaso del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 facilitó reformas posteriores que consolidaron la subordinación de la cadena de mando a la autoridad civil.

En Chile, por el contrario, los militares conservaron importantes prerrogativas después del final de la dictadura de Augusto Pinochet. El propio Pinochet permaneció como comandante en jefe del Ejército hasta 1998 y las reformas constitucionales decisivas no llegaron hasta 2005.

La autonomía económica sobrevivió todavía más tiempo. La Ley Reservada del Cobre, que destinaba a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas al exterior de la estatal Codelco, no fue derogada hasta 2019, catorce años después de aquellas reformas constitucionales, y su eliminación se estableció de manera gradual.

Polonia constituye el precedente más cercano al cubano en cuanto a la necesidad de transformar un ejército subordinado al partido comunista en una institución del Estado democrático.

Tras los acuerdos políticos de 1989, las autoridades polacas introdujeron gradualmente responsables civiles en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, las tensiones sobre quién debía controlar al Estado Mayor persistieron hasta que una reforma legal en 1996 clarificó la autoridad del ministro civil de Defensa.

El caso de Venezuela representa el proceso inverso: la pérdida progresiva del control civil sobre las Fuerzas Armadas y su creciente participación en la política y la economía.

El informe señala que, desde la llegada de Hugo Chávez al poder, los militares ampliaron su presencia en ministerios, gobiernos regionales y empresas públicas. Durante la presidencia de Nicolás Maduro, esa expansión alcanzó sectores como la banca, el transporte, la agricultura y la minería, con la creación en 2016 de la empresa militar Camimpeg.

Para los investigadores, esta experiencia ilustra el riesgo de convertir los espacios económicos en mecanismos de vinculación entre las Fuerzas Armadas y el poder político.

El poder de negociación de las FAR en una transición cubana

Otro de los hallazgos del estudio es que el margen de actuación de un futuro gobierno democrático dependerá del poder que conserven los militares en el momento del cambio y de las condiciones en que se produzca la transición.

La experiencia chilena demuestra que unas Fuerzas Armadas capaces de negociar las condiciones de su salida del poder pueden preservar durante años importantes prerrogativas, mientras que el caso polaco muestra las dificultades de separar al Ejército del partido comunista y establecer una cadena de mando sometida a las instituciones democráticas.

En Cuba existe, además, una particularidad histórica: las FAR no son una institución anterior al régimen, sino uno de sus pilares fundacionales. Raúl Castro dirigió durante décadas el Ministerio de las Fuerzas Armadas y posteriormente sucedió a Fidel Castro al frente del país.

El informe recuerda también que el régimen cubano ha demostrado su capacidad para disciplinar las fracturas dentro de la jerarquía militar. Como ejemplo cita la Causa n.º 1 de 1989, que terminó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y otros tres oficiales.

Este antecedente, según el análisis, ilustra la capacidad del sistema político para imponer disciplina dentro de su propia estructura castrense.

Una reforma gradual: primero el control civil, después el poder económico

Frente a estos desafíos, los investigadores consideran que una transición cubana necesitaría una estrategia gradual, capaz de separar tres funciones que actualmente confluyen en las FAR: la defensa nacional, la intervención política y el control económico.

La primera tarea consistiría en garantizar que las Fuerzas Armadas no intervengan contra el proceso de democratización. Posteriormente sería necesario reorganizar la cadena de mando bajo autoridad civil y establecer legalmente las competencias de las nuevas instituciones responsables de la defensa.

La función estrictamente militar podría preservarse y profesionalizarse, mientras que la participación política de las FAR debería desaparecer. Sus actividades empresariales, por su parte, tendrían que someterse a mecanismos de transparencia, control parlamentario y, cuando corresponda, reestructuración.

Los autores advierten que intentar resolver simultáneamente estas tres dimensiones podría aumentar el riesgo de resistencia militar. Sin embargo, posponer indefinidamente la transformación económica permitiría consolidar un poder autónomo difícil de revertir.

«Ningún caso logró el control civil de golpe», señala el informe, que considera fundamental establecer una secuencia de reformas adaptada a las características del sistema cubano.

Las FAR, bajo creciente presión estadounidense

La publicación del análisis coincide con una intensificación de las medidas de presión de Washington sobre las estructuras militares y de seguridad del régimen cubano.

Durante 2026, la administración de Donald Trump ha anunciado sanciones contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas, las Milicias de Tropas Territoriales, las Brigadas de Respuesta Rápida y entidades vinculadas al aparato militar cubano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Trump quería una Cuba gobernada por sus ciudadanos y no por una élite militar que controla los recursos nacionales.

Aunque el informe de CubaxCuba no analiza esas sanciones ni propone una estrategia estadounidense para la transición, sus conclusiones sitúan el control político y económico de las FAR en el centro de cualquier discusión sobre el futuro institucional de Cuba.

CubaxCuba, que se presenta como un laboratorio de pensamiento cívico, está codirigida por la historiadora y doctora en Ciencias Filosóficas Alina Bárbara López Hernández, quien publicó recientemente un ensayo en Journal of Democracy sobre la necesidad de construir estructuras organizativas dentro de la sociedad cubana para impulsar el cambio político.

«Diseñar esa secuencia es una de las tareas intelectuales más urgentes para quienes piensan la transición», concluye el estudio, al insistir en que la subordinación de las FAR al poder civil no podrá consolidarse mientras conserven prerrogativas políticas y económicas al margen del control democrático.