A menos de dos meses de las elecciones, Trump busca convertir su agenda en argumento para conservar el control republicano del Congreso, pero sus principales políticas afrontan un creciente escrutinio público
Las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre llegan para Donald Trump en un momento particularmente complejo. El presidente no estará en las papeletas, pero su segundo mandato será inevitablemente uno de los principales asuntos en disputa. Los estadounidenses elegirán la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado, y de ese resultado dependerá el margen legislativo con que la Casa Blanca podrá afrontar los dos últimos años de su administración.
Trump y los republicanos llegan con el control de ambas cámaras y con una agenda que la Casa Blanca presenta como demostración de que el mandatario está cumpliendo sus promesas. Inmigración, aranceles, reducción de impuestos, seguridad fronteriza y una política exterior más unilateral forman parte de ese balance. Pero precisamente esas políticas constituyen algunos de los terrenos donde más se ha complicado el relato de éxito que intenta proyectar el presidente.
Inmigración: política de Estado
La política migratoria ocupa un lugar central en el segundo mandato. La administración ha ampliado los recursos destinados a la vigilancia en la frontera y a la aplicación de las leyes migratorias, mientras que el Congreso ha aprobado nuevas partidas para infraestructura fronteriza, agentes, detención y otras actividades de control. La legislación de reconciliación aprobada en 2025 destinó unos 200 000 millones de dólares a seguridad en frontera y aplicación de las leyes migratorias. Se ha observado a lo largo de los últimos meses un recrudecimiento de estas políticas, con las detenciones de ICE encabezando estas medidas.
La dimensión económica acompaña a la controversia social. El análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que las medidas administrativas relacionadas con inmigración elevaron sus proyecciones de déficit en unos 500 000 millones de dólares durante el período 2026-2035. Trump ha convertido estas medidas en una de sus principales banderas electorales y el Partido Republicano mantiene una ventaja cuando se pregunta qué partido es considerado más capaz de manejar la inmigración.
Una encuesta nacional de Pew Research Center realizada en julio le otorgó cinco puntos de ventaja en esa cuestión. Sin embargo, esa misma encuestadora registró que cuatro de cada cinco latinos en Estados Unidos (80 por ciento) consideró que las políticas de la administración Trump les perjudicaban y un 71 por ciento señaló que el presidente se ha excedido en las deportaciones, según resultados de un sondeo realizado a inicios de este año.
Aranceles: protección, presión y factura
La política comercial representa otro de los pilares de la estrategia presidencial. Trump ha convertido los aranceles en instrumento de presión sobre aliados y competidores, bajo el argumento de que Washington debe corregir desequilibrios comerciales y proteger a los trabajadores estadounidenses. Durante 2026, la Oficina del Representante Comercial registró nuevas medidas, entre ellas, un arancel adicional de 50 por ciento sobre determinados productos canadienses y gravámenes de entre 10 y 12.5 por ciento a productos procedentes de 60 economías vinculadas con investigaciones sobre trabajo forzoso.
La administración defiende los aranceles como un mecanismo para recuperar capacidad industrial y abrir mercados a los productos estadounidenses. Aunque el balance presenta otra dimensión. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que los ingresos por derechos de aduana serán inferiores a lo calculado inicialmente y estima que en el 2026 la recaudación por aranceles y otros derechos aduaneros será unos 250 000 millones de dólares menor que la prevista en febrero.
La opinión pública tampoco muestra un respaldo contundente. En la encuesta de Marquette de septiembre, solo 30 por ciento aprobaba la gestión de Trump sobre los aranceles. Así, una política concebida por la Casa Blanca como instrumento de protección económica termina formando parte del debate sobre el costo de vida, precisamente cuando este se encuentra entre las principales preocupaciones de los votantes.
Recortes fiscales y una deuda que crece
El tercer componente del balance republicano es la política fiscal. Bajo la iniciativa denominada “One Big Beautiful Bill”, se extendieron numerosas reducciones tributarias y se modificaron programas sociales. La administración la muestra como una herramienta para estimular la inversión, el crecimiento y los ingresos de los estadounidenses, pero las cifras presupuestarias ofrecen un escenario más complejo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la legislación aumentará el déficit acumulado en unos 3.4 billones de dólares durante 2025-2034 y que, al incorporar el impacto sobre los intereses de la deuda, el aumento alcanzaría unos 4.1 billones.
El mismo análisis calcula una reducción significativa de la cobertura de Medicaid. Según el CBO, los cambios introducidos por la ley provocarían que aproximadamente 12.9 millones de personas perdieran la cobertura de Medicaid para 2034 y aumentarían en 7.5 millones el número de personas sin seguro médico. En paralelo, el déficit federal alcanzó 1.8 billones de dólares durante los primeros 10 meses del año fiscal 2026, 169 000 millones más que durante el mismo período del ejercicio anterior.
El balance que llega a las urnas contiene así una paradoja. Los republicanos pueden defender ante sus electores la reducción de impuestos y el aumento del gasto en defensa, seguridad e inmigración, componentes de una política de crecimiento y seguridad. Empero la misma estrategia deja un déficit creciente y fuertes recortes proyectados en algunos programas sociales. La cuestión fiscal se troca, por tanto, en otra de las áreas en las que la promesa de beneficios inmediatos debe contrastarse con sus efectos presupuestarios.
Irán: una guerra que cambia el escenario
Si existe un asunto capaz de complicar especialmente el discurso republicano de cara a noviembre, ese es la guerra contra Irán. Desde el inicio del conflicto, la administración Trump ha defendido la intervención militar como una respuesta necesaria dentro de su estrategia de seguridad nacional. Si bien la prolongación de la guerra ha comenzado a provocar una reacción política incluso dentro del Partido Republicano. El 15 de septiembre, varios legisladores republicanos presentaron en la Cámara de Representantes una resolución destinada a obligar al presidente a retirar las tropas estadounidenses del conflicto.
Más importante aún es lo que reflejan las encuestas. El sondeo nacional de Marquette realizado entre el 2 y el 9 de septiembre encontró que apenas 26 por ciento de los adultos aprobaba la manera en que Trump estaba manejando la guerra contra Irán. Un 87 por ciento consideraba que Estados Unidos no había alcanzado sus objetivos y 79 por ciento opinaba que la guerra no había valido el costo asumido.
La cuestión tampoco parece limitada a la oposición demócrata. El movimiento de legisladores republicanos contra la continuidad de las operaciones militares muestra que el conflicto ha comenzado a mutar en un problema político para quienes deberán explicar ante sus electores el costo económico y humano de la intervención.
La guerra contra Irán conduce además a otro asunto que comienza a modificar el debate estadounidense: la relación con Israel. Durante años, el respaldo a ese país ha constituido uno de los componentes más estables de la política exterior estadounidense. Sin embargo, la opinión pública está cambiando.
La encuesta de Marquette de septiembre registró que 59 por ciento de los estadounidenses tenía una opinión desfavorable de Israel frente a 29 por ciento que expresaba una opinión favorable. El mismo estudio encontró que una proporción mayor de ciudadanos consideraba excesiva la ayuda estadounidense a Israel en lugar de insuficiente.
El dato adquiere especial relevancia porque la administración Trump ha mantenido una relación estrecha con el gobierno israelí y ha situado a Tel Aviv dentro de su estrategia regional. La guerra contra Irán introduce así una cuestión que trasciende la política exterior. El costo de los combustibles, las consecuencias económicas de la interrupción de suministros y la participación directa de Estados Unidos convierten el conflicto en un asunto doméstico y amplían el espacio de debate sobre las consecuencias de la política exterior de la Casa Blanca.
Una política exterior bajo escrutinio
La percepción internacional de Estados Unidos ha sufrido modificaciones durante su segundo mandato. El estudio global de Pew, realizado con más de 42 000 personas en 36 países, encontró una media de apenas 23 por ciento con confianza en Trump en la conducción de los asuntos mundiales. Además, la valoración de Estados Unidos había disminuido en numerosos países respecto al año anterior. El mismo estudio registró un amplio rechazo a la política arancelaria estadounidense y bajas valoraciones de la gestión de Trump sobre varios conflictos y asuntos internacionales.
Para la Casa Blanca, esta política exterior responde a la premisa de colocar los intereses estadounidenses en primer lugar. Para sus críticos, las mismas decisiones están deteriorando relaciones con aliados, elevando tensiones y comprometiendo recursos estadounidenses en nuevos escenarios militares. En las elecciones de medio término, esa discusión dejará de ser exclusivamente diplomática. Sus consecuencias sobre los precios, el presupuesto federal y la participación militar del país forman parte también del balance que llegará a las urnas.
En ese contexto, Trump ha convertido la conservación de las mayorías republicanas en una prioridad política explícita. Durante la convención republicana de medio término celebrada en Dallas, el presidente prometió entregar 5 000 dólares a cada ciudadano adulto si su partido conserva el control de la Cámara y el Senado. La propuesta fue presentada como un beneficio derivado de los ingresos generados por los aranceles y resume buena parte de la estrategia republicana para noviembre. Trump busca que los electores vinculen directamente su voto legislativo con la continuidad de su programa presidencial.
El Congreso: última frontera
Esa estrategia también convierte las elecciones en un balance sobre lo ocurrido durante su segundo mandato. El inquilino de la Casa Blanca llega a noviembre con un Partido Republicano que todavía controla el Congreso y con una agenda capaz de movilizar a su base. Al mismo tiempo, varios de los pilares de esa agenda están sometidos a un creciente escrutinio público. Inmigración, aranceles, recortes fiscales, déficit, guerra y política exterior han dejado de ser únicamente componentes de un programa presidencial para convertirse en asuntos con consecuencias concretas sobre la economía, el presupuesto y la vida cotidiana.
La disputa de noviembre será, en buena medida, sobre ese balance. El mandatario intenta presentar la elección como una decisión entre la continuidad de su proyecto y el regreso de los demócratas. Sus adversarios buscan convertirla en una evaluación del costo de las políticas aplicadas durante estos dos años. Entre ambos relatos estarán los electores, llamados a decidir quién ocupará los escaños del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Trump. La incógnita ya no es solamente cuánto poder conservará el presidente, sino cuánto de ese poder está dispuesto a renovar el electorado después de experimentar las consecuencias de sus principales apuestas políticas.
La entrada Trump ante las urnas: el costo político de su segundo mandato se publicó primero en Revista Bohemia.
