La Unión Europea (UE) y varias instituciones internacionales continúan destinando recursos a programas de cooperación en Cuba que se ejecutan en coordinación con organismos del régimen, pese a las restricciones económicas impuestas por el sistema cubano y las denuncias sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas del Estado.
Un nuevo ejemplo es el Programa Booster, cuya primera etapa comenzó esta semana en La Habana con la participación de 20 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cubanas previamente seleccionadas. La iniciativa está financiada por la Unión Europea e implementada en la isla por la Cooperación Francesa y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras instituciones.
Según informó el medio oficialista Cubadebate este miércoles, el programa busca acompañar a las empresas seleccionadas para mejorar su competitividad, incrementar sus ingresos y facilitar su conexión con mercados internacionales.
Durante el encuentro, el embajador de la Unión Europea en Cuba, Jens Urban, defendió la importancia de la iniciativa, mientras que el embajador de Francia, Raphaël Trannoy, manifestó el interés de trasladar a la isla experiencias francesas en la aplicación de este tipo de programas.
Las 20 mipymes seleccionadas proceden de 11 provincias y desarrollan actividades en los sectores agroalimentario, tecnologías de la información y la comunicación e industrias culturales, añade el medio oficialista.
Sin embargo, el propio reporte de Cubadebate deja claro que el programa no funciona al margen de las estructuras del poder cubano. Entre las instituciones participantes figuran el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, la Cámara de Comercio de la República de Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación y el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas.
Es decir, los recursos europeos y de la cooperación internacional se canalizan mediante un programa en el que participan directamente ministerios y organismos del régimen, que mantienen el control sobre las condiciones en las que pueden operar los actores económicos privados.
El respaldo financiero a pequeños negocios en Cuba se produce en un contexto en el que la supuesta apertura al emprendimiento privado convive con fuertes restricciones legales, burocráticas y económicas. Las mipymes necesitan autorización estatal para operar, están sujetas a límites sobre las actividades permitidas y enfrentan obstáculos para acceder a mercados, importar directamente y desarrollar sus negocios sin interferencias gubernamentales.
La falta de libertad económica también plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a las empresas beneficiarias de estos programas. En un sistema donde el Estado conserva el control de sectores estratégicos y tiene capacidad para autorizar, limitar o cancelar actividades privadas, resulta difícil garantizar que las oportunidades de financiamiento se distribuyan mediante criterios plenamente independientes y transparentes.
Además, en ese escenario, las empresas que consiguen crecer y consolidarse pueden tener vínculos estrechos con las estructuras del poder. Esto hace necesario conocer quiénes son sus propietarios, cómo fueron seleccionadas y qué mecanismos existen para fiscalizar el uso de los recursos recibidos.
La cuestión resulta especialmente relevante porque La Habana ha utilizado la autorización y regulación de las mipymes como instrumentos de control sobre el sector privado, mientras mantiene restricciones que impiden el desarrollo de una economía verdaderamente independiente del Estado.
Decenas de millones de dólares en nuevos programas internacionales
El Programa Booster no es un caso aislado. En julio pasado, ADN Cuba denunció que, en medio de la peor crisis económica y alimentaria que ha vivido Cuba en décadas, organismos de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea habían aprobado nuevos programas de cooperación por decenas de millones de dólares, cuya ejecución también quedaba vinculada a instituciones del régimen.
Uno de los principales proyectos era el Programa País para Cuba 2026-2030 del Programa Mundial de Alimentos (PMA), aprobado el 26 de junio de 2026 con 29 votos a favor y dos en contra. El plan contempla una inversión de 116 millones 425 mil dólares entre julio de 2026 y diciembre de 2030 para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional.
Sin embargo, el programa establece que la distribución de alimentos se realizará mediante el Ministerio de Comercio Interior y otras estructuras estatales, mientras que el seguimiento de los resultados también dependerá de instituciones gubernamentales cubanas.
Pocos días después, el PNUD anunció que 63 iniciativas de nuevos actores económicos habían sido seleccionadas para recibir respaldo financiero mediante el proyecto “Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible (NAE)”, financiado por la Unión Europea.
Las iniciativas pertenecían a los sectores agroalimentario, energías renovables y tecnologías de la información y las comunicaciones.
Entre los beneficiarios identificados por ADN Cuba figuraban al menos tres mipymes estatales: Soluciones Copextel, en Villa Clara, vinculada a la empresa estatal COPEXTEL; InnovaSolar, en Guantánamo; y Servivip, en La Habana.
Este medio también señaló que el PNUD no había divulgado cuánto dinero recibiría cada iniciativa ni el presupuesto total de la convocatoria. El proceso, además, se desarrolló conjuntamente con organismos del régimen, entre ellos los ministerios de Comercio Exterior y de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Superior, el Banco Central de Cuba y el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales.
Cooperación internacional sin garantías suficientes de transparencia
La reiteración de este modelo de cooperación plantea una cuestión fundamental: ¿qué garantías tienen los ciudadanos cubanos de que los fondos internacionales se utilizan de manera transparente y llegan realmente a quienes más los necesitan?
Mientras el Gobierno mantiene el monopolio político y amplias facultades de control sobre la economía, la Unión Europea y organismos multilaterales continúan financiando proyectos cuya ejecución y supervisión involucran a las mismas instituciones estatales.
La cooperación internacional, presentada como una herramienta para mejorar las condiciones de vida y fortalecer la economía cubana, corre así el riesgo de terminar apuntalando las estructuras que mantienen a la población sin libertades económicas ni mecanismos independientes para exigir cuentas al poder.
El problema no radica en respaldar a emprendedores cubanos o contribuir a mejorar la producción nacional, sino en hacerlo sin garantías suficientes de independencia, transparencia y fiscalización. Sin mecanismos externos de control y sin condiciones que exijan responsabilidades al Gobierno, los recursos destinados al desarrollo pueden terminar fortaleciendo las estructuras que perpetúan la dependencia económica y política de los ciudadanos respecto al Estado.


