En las últimas semanas, el incremento del precio del aceite vegetal ha monopolizado prácticamente el debate público en Cuba. Lo mismo en la calle que en redes sociales, la ciudadanía ha proyectado su inconformidad con la exorbitante alza de un producto que, por sí solo —y de encontrarlo, claro— consumiría buena parte del salario promedio y la totalidad del salario mínimo, que ni siquiera alcanzaría para cubrir el precio del demandado insumo —superior a los 3 500 pesos, al momento de escribir el presente texto—.
En la calle y en los espacios virtuales que sirven igualmente de ágora a la población con acceso a Internet, solo un culpable se señala: el propietario privado. Quedando expuestas, como causas fundamentales del problema, la codicia de nuestros pequeños comerciantes y la eliminación del control administrativo de precios por parte del Estado cubano como parte de las 176 medidas aprobadas en junio.
Mas, en relación con este último aspecto, la población olvida que el costo del producto venía experimentando un aumento desde antes de la aprobación de las transformaciones económicas y sociales por la Asamblea Nacional del Poder Popular, tal y como refleja el índice de precios publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
No será el autor de estas líneas quien niegue los efectos del ansia de lucro que todo comerciante, por pequeño que sea, posee, y mucho menos la especulación que campea en nuestro reducido mercado. Pero, en relación con el asunto que se trata en el texto que aquí se presenta, la conversación está eludiendo la causa medular del fenómeno.
Si se ha de buscar el meollo del problema, ha de entenderse, en primer lugar, que casi la totalidad del aceite vegetal que se consume en nuestro país proviene de mercados internacionales.
Los altos niveles de importación de este, debido a la caída sostenida de las producciones nacionales, genera que el valor del dólar —o cualquier otra divisa utilizada en la transacción— se traspase al precio final del producto, así como otros costos asociados al proceso importador y, por supuesto, el precio del mismo en el mercado internacional que, como otros alimentos, sufrió un incremento en los últimos meses.
Ahora bien, a esto ha de sumarse el contexto geopolítico que envuelve a Cuba. Las nuevas sanciones impuestas por el Departamento de Estado desde enero y mayo, que han generado, entre otras cosas, el cese de operaciones de varios inversionistas foráneos —como las hoteleras Meliá e Iberostar, y las mineras Sherritt y Antilles Gold Ltd.—, ha redundado en mayores afectaciones al comercio exterior; sector en el que compañías navieras como CMA CGM y Hapag-Lloyd retiraron a nuestro país de su lista de destinos por temor a las represalias norteamericanas, interrumpiendo así buena parte del intercambio exterior cubano, algo que ha sido recientemente reconocido por las máximas autoridades del país.
La contracción del comercio exterior, como resultado del asedio estadounidense, afecta la reposición de gran cantidad de productos que el sector privado comercializa. El aceite entre ellos. Así, la incidencia sobre la reposición del insumo añade lo que en economía se conoce como «prima de riesgo» y, junto a la baja disponibilidad en el mercado, coadyuvaría al encarecimiento de este y otros bienes de alta demanda, explicando además los saltos desmedidos en breves períodos de tiempo.
Frente a la mencionada alza de precios y los reclamos populares, un conjunto de gobiernos municipales y provinciales —Matanzas entre ellos— tomaron la iniciativa de fijar «precios de referencia» para el aceite y otros bienes de primera necesidad.
Este paso, más que actuar sobre los altos precios y ejercer un control sobre los mismos, es una medida que posee todo el potencial para estimular una escasez y un alza aún mayor de este y otros productos, tal y como sucedía antaño.
Aunque cueste admitirlo, desde mi óptica personal, poco o nada puede hacer el Estado para dar solución a la desmedida inflación de los últimos meses. El margen de maniobra en las actuales circunstancias es sumamente reducido. Posibles válvulas de escape, como la recuperación de las producciones nacionales de aceite vegetal, resultan casi imposible.
Otras, como las alternativas regionales o incluso nacionales para llenar el vacío dejado tras el éxodo de las navieras, si bien pudieran contribuir a la llegada de parte del cargamento varado en puertos internacionales, entrañarían sin dudas una compleja y costosa operación.
La salida, en todo caso, se hallaría en el acompañamiento del sector privado o en un giro de la política norteamericana hacia Cuba; factores ambos con escasísimas posibilidades de concreción. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
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