En el primer comentario de esta serie dejé la imagen suspendida sobre los ríos de Matanzas: un puente que une dos orillas y el temor de muchos funcionarios yumurinos a que el sector no estatal “les pase por arriba”. Hoy, con la tinta aún fresca de aquellas reflexiones, toca descender del símbolo al terreno pedregoso de la economía y preguntarnos: ¿es verdaderamente posible la complementariedad entre la empresa estatal y la privada en la Cuba de 2026?
La respuesta, como casi todo en esta Isla, no cabe en un sí o un no rotundos, sino que se despliega en un claroscuro donde las oportunidades brillan tanto como los obstáculos acechan.
Empecemos por el diagnóstico honesto que cualquier matancero o cubano podría hacer desde la ventana de su casa. La producción de bienes y servicios por parte de las empresas estatales es hoy, en demasiados casos, una sombra de lo que debería ser: fábricas que operan al mínimo de su capacidad —o no operan en lo absoluto—, talleres que dilatan durante semanas y meses una reparación sencilla, agroindustrias que ven perder la cosecha porque la cadena se rompió en algún eslabón.
Ante este panorama, la primera gran ventaja de un modelo de complementariedad salta a la vista: la empresa estatal posee infraestructura, conocimiento técnico acumulado, acceso a mercados y, sobre todo, una presencia capilar en todo el territorio que ningún privado podría replicar en décadas. El sector no estatal, por su lado, atesora capital fresco, agilidad para la toma de decisiones, redes de abastecimiento y una motivación directa que se traduce en eficiencia.
La matemática resulta elemental, ya que, si se unen el músculo de uno con la savia nueva del otro, la ecuación productiva se dispararía.
Bajemos esa abstracción a nuestra tierra matancera. Pienso, por solo mencionar un ejemplo, en la Empresa de Ómnibus Provinciales o cualquier otra entidad del ramo del transporte, con talleres infrautilizados y mecánicos de manos prodigiosas que, sin embargo, pasan más horas esperando un lubricante que reparando motores. Si, en lugar de ver los talleres particulares como competidores, se formalizara un encadenamiento donde el no estatal importa las piezas y el estatal aporta la plantilla especializada, el transporte urbano —ese dolor diario de los matanceros— comenzaría a respirar. Los ómnibus volverían a rodar, el privado obtendría un margen legítimo de ganancia y el Estado recuperaría el control operativo de un servicio público esencial.
Otro tanto ocurre con la industria alimentaria, ese talón de Aquiles que nos obliga a importar productos que podrían cosecharse hasta en el patio de una casa. Matanzas posee tierras fértiles y una red de minindustrias estatales que llevan años subutilizadas, con carencias de combustible para el traslado y poco uso de la tecnología de conservación. Abrir esas entidades a contratos de gestión con privados para coadministrarlos bajo reglas transparentes permitiría que el capital de las mipymes financiara o aportara los faltantes y remunerara mejor al obrero, mientras el Estado mantiene la propiedad del activo y se asegura de que una parte de esa producción llegue a la Canasta Básica de los vulnerables. ¿Es eso ceder soberanía o multiplicarla con inteligencia?
La pregunta final es entonces si la complementariedad sería positiva para el país. Y la respuesta, desde esta orilla matancera del río revuelto, es un sí. Positiva, porque existen limitadas alternativas: tras décadas de bloqueo, el Estado no tiene el capital para rescatar por sí solo su capacidad productiva. Pretender que todo lo resuelva la inversión extranjera, que tarda años en aterrizar y prefiere otros climas, es un espejismo. La única fuente de inversión movilizable en el corto plazo, con arraigo local y conocimiento del terreno, es el empresariado cubano y matancero que ya está aquí, sobreviviendo contra viento y marea.
Positiva, además, porque los ejemplos de éxito que ya despuntan —aunque tímidos— demuestran que la fórmula funciona cuando se le deja respirar.
Basta asomarse a ciertos polos productivos de la provincia donde un particular ha rescatado una tierra en usufructo, o donde un proyecto de desarrollo local exporta algo tan simple como el carbón de marabú a mercados europeos. Son experiencias aisladas, frágiles aún, pero que contienen en su ADN la demostración de que el abrazo entre lo estatal y lo privado no destruye nada; al contrario: crea trabajo, genera divisas y devuelve el orgullo a comunidades que llevaban años viendo pasar los trenes del desaliento.
Vuelvo a la metáfora del puente, que no se construye negando el río ni tapándolo con cemento; se edifica aceptando la realidad de la corriente, calculando sus crecidas y clavando pilotes profundos en ambas riberas. Así mismo, la complementariedad entre la empresa estatal y la privada debe asentarse en el reconocimiento de que son actores distintos, con lógicas y motivaciones diferentes, pero que pueden y deben colaborar para que los bienes y servicios fluyan hacia un pueblo que ya no puede esperar más.
Cierro con la misma esperanza que animó aquel primer texto. Los funcionarios lúcidos que sí entienden la urgencia de tender puentes tienen en sus manos la llave de un futuro distinto. Que no se cansen, que sigan hablando, aunque el eco de la vieja mentalidad intente silenciarlos. Porque, cuando un día no lejano un obrero estatal y un emprendedor privado se sienten en el mismo banco del Parque de la Libertad a celebrar que su centro de trabajo pagó tremendas utilidades, sabremos que el puente dejó de ser una metáfora para convertirse en camino transitado. Y entonces sí habrá valido la pena cruzar este río revuelto.
Fundación Robert A. Paneque
