Cuba afrontará este lunes una nueva jornada de colapso eléctrico, con apagones que en el momento de máxima demanda dejarán sin corriente al 54 % del país, según la propia Unión Eléctrica. La cifra confirma hasta qué punto el régimen ha llevado el sistema energético a una frontera de ruina operativa, con una isla entera sometida a cortes masivos y a una vida cotidiana cada vez más invivible.
La demanda prevista para esta jornada asciende a 3.500 megavatios, mientras la capacidad máxima de generación apenas llegaría a 1.680. La brecha entre lo que Cuba necesita y lo que realmente puede producir el sistema vuelve a exhibir una infraestructura exhausta, incapaz de sostener ni siquiera la mitad del consumo requerido en las horas críticas.
El problema no se limita a una avería puntual ni a una caída aislada. Ocho de las 16 unidades termoeléctricas disponibles permanecen fuera de servicio por fallas o mantenimientos, y decenas de centrales de generación distribuida están paralizadas por la falta de diésel, fueloil y lubricante. El país vive atrapado en una mezcla de obsolescencia, desinversión y escasez de divisas que el aparato estatal no ha sabido, ni querido, resolver.
Las plantas termoeléctricas cargan décadas de explotación sin el mantenimiento necesario, mientras los motores que podrían aliviar la crisis se quedan detenidos por la incapacidad del Estado para importar combustible. La dependencia absoluta de una estructura estatal ineficiente ha convertido la energía en otro símbolo del fracaso del modelo impuesto desde 1959.
El régimen insiste en atribuir el desastre a las sanciones estadounidenses y habla de «asfixia energética», pero la propia magnitud del colapso apunta a una realidad más profunda: un sector sin financiamiento suficiente, sin inversión seria y sin capacidad de respuesta ante la demanda nacional. Los cálculos independientes sitúan entre 8.000 y 10.000 millones de dólares la suma necesaria para reflotar el sistema eléctrico, una cifra que La Habana no tiene a mano.
La factura política y social de esta crisis es enorme. Los apagones hunden todavía más una economía que se contrajo 1,1 % en 2024 y acumula una caída del 11 % en los últimos cinco años, según datos oficiales. La Cepal también prevé otro resultado negativo para este año. En la práctica, la oscuridad se ha convertido en un impuesto diario sobre el trabajo, la producción, el transporte y la vida familiar.
Además, los cortes alimentan el descontento en un país donde la protesta sigue chocando con la represión y el control político. Las jornadas de julio de 2021, junto con las manifestaciones recientes en La Habana y Gibara, muestran que el apagón eléctrico ya no se mide solo en megavatios: también mide el desgaste de un régimen incapaz de sostener los servicios más básicos sin castigar al pueblo.
Fundación Robert A. Paneque
