«No se le concede otro recurso que callar y obedecer». La frase con la que Carlos Manuel de Céspedes denunció el sometimiento de los cubanos al poder colonial español el 10 de octubre de 1868 adquiere un significado incómodo 158 años después: en la Cuba gobernada por Miguel Díaz-Canel, sin competencia política entre partidos, una joven acaba de ser condenada por publicar un vídeo de un policía y dos creadores de contenido crítico afrontan peticiones fiscales de hasta diez años de cárcel.

El Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, firmado por Céspedes en Manzanillo, denunciaba que los cubanos carecían de libertad de reunión, que podían ser tratados como rebeldes por reclamar sus derechos y que ni siquiera podían «hablar» o «escribir» libremente. También exigía representación nacional, sufragio universal, libertad de comercio y respeto a los derechos individuales. El levantamiento iniciado en el ingenio La Demajagua abrió la Guerra de los Diez Años, no la República, que se constituyó en 1902.

Derechos escritos, partido único y un sistema declarado irrevocable

La Constitución cubana de 2019 proclama en su artículo 54 la libertad de pensamiento y expresión; en el 55, la libertad de prensa; y en el 56, los derechos de reunión, manifestación y asociación. Pero el artículo 5 declara al Partido Comunista de Cuba (PCC) «único» y fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. El artículo 4 hace irrevocable el sistema socialista y el 229 prohíbe reformar esa irrevocabilidad.

El régimen reconoce libertades individuales en el texto constitucional, mientras impide que una organización política alternativa compita por la dirección del Estado y aplica disposiciones penales contra manifestaciones del disenso. Human Rights Watch documentó detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, censura y castigos a la crítica pública en su Informe Mundial 2026, referido a acontecimientos de 2025. La organización también denunció la subordinación de los tribunales al poder político y las dificultades para ejercer el periodismo independiente.

Anna Bensi y El 4tico: consecuencias de criticar al poder

Uno de los casos más recientes es el de la creadora cubana Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente. El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de Habana del Este condenó a cada una a dos años de limitación de libertad tras la grabación y difusión de un encuentro con un agente del Ministerio del Interior que acudió a su domicilio para entregar una citación.

El tribunal alegó que el vídeo expuso datos personales del agente y vulneró su intimidad, una versión cuestionada por la defensa y por organizaciones como Cubalex, que consideran que grabar actuaciones de funcionarios públicos puede constituir una forma legítima de vigilancia ciudadana. Bensi calificó la condena de injusta. La pena impuesta no equivale a dos años de prisión en una cárcel, pero sí restringe su libertad y la de su madre.

En Holguín, la Fiscalía ha pedido ocho años de prisión para Ernesto Ricardo Medina y diez para Kamil Zayas Pérez, fundadores del proyecto audiovisual independiente El 4tico. Ambos están detenidos desde el 6 de febrero. La acusación les atribuye presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de instituciones e instigación a delinquir por contenidos difundidos en redes sociales. Son peticiones fiscales, no condenas dictadas por un tribunal.

En un pronunciamiento difundido el 8 de octubre, Cubalex cuestionó las bases jurídicas de la acusación y sostuvo que el proceso criminaliza la expresión de opiniones críticas. Los dos expedientes muestran cómo publicar imágenes o cuestionamientos al Gobierno puede desembocar en restricciones de libertad o en la amenaza de largas condenas.

Presos políticos y castigos a la protesta

El problema rebasa estos casos. Prisoners Defenders registró 1.339 personas por motivos políticos al cierre de agosto de 2026, incluidos ciudadanos en prisión y otros sometidos a limitaciones de libertad según su metodología. La cifra no debe interpretarse como 1.339 personas encerradas físicamente en cárceles. La organización documentó también expedientes relacionados con protestas por falta de agua y electricidad y con denuncias públicas de abusos.

Human Rights Watch denunció en abril de 2026 que más de 700 presos políticos seguían entre rejas, entre ellos el artista Luis Manuel Otero Alcántara, y cuestionó que las liberaciones anunciadas por el Gobierno excluyeran a personas encarceladas por disentir. La organización señaló además que algunos excarcelados continúan sometidos a vigilancia o condiciones restrictivas.

El poder de los Castro más allá de la presidencia

Miguel Díaz-Canel ocupa la presidencia y la primera secretaría del PCC, pero la influencia política de Raúl Castro y de su entorno familiar sigue presente en la estructura del poder. En julio, Elier Ramírez Cañedo, funcionario del Comité Central del PCC, defendió que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl conocido como «El Cangrejo», actuara como interlocutor con Estados Unidos por decisión de «la máxima dirección del país». No se trata de un cargo de representación popular obtenido en las urnas.

Ese protagonismo familiar se suma al peso de las Fuerzas Armadas en la economía mediante el conglomerado GAESA, que gestiona negocios estratégicos y cuyo antiguo jefe, el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, fue yerno de Raúl Castro y padre de Raúl Guillermo. Economistas consultados por CiberCuba han descrito cómo se consolidó este entramado empresarial alrededor de la dirección militar. Su peso plantea una cuestión de rendición de cuentas sobre decisiones y recursos que afectan a toda la población.

Sin libertad económica plena y con necesidades básicas insatisfechas

El propio marco constitucional limita también la autonomía económica: su artículo 18 establece la dirección planificada de la economía, y el 22 reconoce la propiedad privada con un papel «complementario». En 2026, el Gobierno ha ampliado algunas posibilidades para las empresas privadas, pero mantiene numerosas actividades prohibidas, reservadas al Estado o sometidas a licencias. El Decreto 160/2026 levantó prohibiciones en 46 actividades y reorganizó otras restricciones, sin establecer libertad general para operar en cualquier sector.

Las limitaciones económicas se desarrollan mientras numerosos hogares no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. Human Rights Watch documentó apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos y dificultades graves para acceder a atención sanitaria. Citó una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos realizada entre junio y julio de 2025, según la cual siete de cada diez entrevistados se saltaban comidas diariamente. Son datos de ese período, no una medición nueva del 10 de octubre de 2026.

El manifiesto de 1868 reclamaba que una nación libre y «más ampliamente representada» decidiera su organización política. La Cuba de 2026 conserva, en cambio, una prohibición constitucional expresa de reformar la irrevocabilidad de su sistema socialista, mientras tribunales y órganos de seguridad actúan contra ciudadanos que reclaman cambios o cuestionan públicamente a sus gobernantes.