Un académico vinculado a la Universidad de La Habana reconoció en televisión estatal que el paquete de 176 reformas económicas aprobado por el régimen cubano el 18 de junio de 2026 profundizará las desigualdades sociales en la isla, en una admisión inusualmente directa para un funcionario del sistema.

Rafael Montejo, director del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana, hizo la declaración durante el programa oficialista «Cuadrando la Caja», donde participó junto a Ian Pedro Carbonell Karell, director de políticas macroeconómicas del Banco Central de Cuba, y Carlos Miguel Pérez Reyes, diputado y presidente de la comisión de Mipymes y Formas de Gestión.

«Estas medidas van a provocar también desigualdades y esas desigualdades tenemos que atajarlas, tenemos que identificarlas […] va a haber personas que van a tener un acceso a dinero, se van a enriquecer de alguna manera y otros obviamente no van a poder participar de la misma manera. Entonces va a haber esas desigualdades y esas desigualdades que pueden ser crecientes», afirmó Montejo.

El propio diputado Pérez Reyes fue aún más contundente al señalar que la brecha social no es una consecuencia futura sino una realidad presente: «Nosotros las desigualdades ya las tenemos. Nosotros no tenemos que esperar aplicar estas medidas para tener desigualdades, ya están ahí».

Las cifras respaldan esa lectura. El coeficiente de Gini cubano pasó de 0,25 en 1989 a entre 0,4 y 0,5 en la actualidad, según datos reconocidos por el propio gobierno. Por primera vez desde los años sesenta, el sector privado supera al estatal en ventas minoristas, representando el 55% del total en 2024.

Las 176 medidas aprobadas en sesión extraordinaria por la Asamblea Nacional incluyen la eliminación del tope de 100 trabajadores para empresas privadas, la autorización de banca privada y casas de cambio no estatales, la apertura a la inversión extranjera directa en el sector privado y la restricción de la canasta básica subsidiada solo a jubilados y personas vulnerables, eliminando el subsidio universal vigente desde 1962.

Montejo no eludió las contradicciones del proceso: «No se puede hacer un ajuste radical en la forma en que se conduce la economía sin pretender que va a tener determinadas consecuencias sociales, las va a tener y tenemos que preverlas».

Sobre la complejidad de la implementación, advirtió que «no hay varitas mágicas en economía» y que el riesgo fundamental es precisamente ejecutar los cambios.

Pérez Reyes añadió que la reforma requiere transformar 81 normas de rango superior y miles de incisos normativos, en medio de lo que describió como «una gran presión norteamericana a la economía cubana».

El funcionario del Banco Central, Carbonel Carel, defendió el abandono del igualitarismo universal con el argumento de que «por muchos años nosotros protegimos por igual a todo el mundo y de esa manera, ante una disminución de esa base material para hacer eso, terminas entonces protegiendo menos a los que más lo necesitan».

El contexto en que se producen estas declaraciones es devastador. La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5% en 2026 y una contracción acumulada de 10,3% en el bienio 2025-2026.

El 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema, los apagones alcanzan entre 20 y 40 horas diarias en algunas zonas, y la inflación interanual fue del 13,42% en marzo de 2026.

Pese a todo, Montejo insistió en que el rumbo ideológico no cambia: «Yo creo que nosotros vamos a seguir construyendo el socialismo, lo único que lo vamos a hacer con otras herramientas y con otros instrumentos».

Pérez Reyes reconoció que las reformas llegaron tarde: «Nosotros teníamos que tomar estas iniciativas desde hace rato, ya las estamos tomando. Ha sido difícil, no se lograban los consensos. Es verdad que el contexto nos obligó a hacerlo más acelerado de lo que nos gustaría hacerlo».