El asalto a la embajada de Ecuador en La Habana en 1981, una de las operaciones represivas más polémicas del régimen cubano, podría convertirse en la base de una nueva causa penal contra Raúl Castro en Estados Unidos, según reveló un informe exclusivo de NTN24.

El abogado cubano Domingo Delgado presentó el pasado 6 de junio una petición ante el fiscal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, para que se abra una investigación federal sobre la irrupción de tropas especiales cubanas en la sede diplomática ecuatoriana el 21 de febrero de 1981, una acción que violó la inmunidad de la embajada y culminó con la captura de 14 refugiados políticos.

«Hemos pedido la revisión en la corte federal contra Raúl Castro, contra Ramiro Valdés y Patricio de la Guardia», explicó Delgado, quien sostiene que el entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro; el ministro del Interior, Ramiro Valdés Menéndez, y el general Patricio de la Guardia fueron los responsables de ordenar y ejecutar el operativo.

La muerte de un adolescente

Entre las consecuencias más dramáticas del asalto figura la muerte de Juan Owen Delgado Temprana, un adolescente de apenas 15 años, quien falleció el 3 de marzo de 1981 en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, tras las golpizas sufridas después de ser detenido.

Un familiar que logró verlo antes de su muerte recordó el estado en que se encontraba.

«Tenía la orejita desprendida. Los ojos amoratados. No podía valerse. A los dos días me cogieron preso a mí y no los vi más. Yo me enteré con el tiempo de la muerte de mi sobrino».

Uno de los sobrevivientes del operativo, Rolando Félix Camejo, también relató la violencia con la que actuaron las fuerzas especiales.

«Se metieron, rompieron la puerta y ahí a culatazo te daban y te cogían y te tiraban pa’ abajo, porque era un primer piso, por la escalera pa’ abajo te tiraban».

Camejo tenía 25 años cuando fue condenado a 43 años de prisión. Recuperó la libertad ocho años después con la condición de abandonar Cuba y asegura estar dispuesto a declarar ante la justicia estadounidense.

«Y si tengo que ir a declarar, voy a declarar. Sin miedo, miedo nunca he tenido. Voy a declarar en contra de ellos. Tienen que pagar todo eso».

Los 14 refugiados capturados fueron condenados inicialmente a muerte, aunque las sentencias fueron posteriormente conmutadas por largas penas de prisión tras la presión internacional.

Una nueva ofensiva judicial

Delgado conoce el caso desde dentro. Fue condenado a ocho años de cárcel por intentar defender a los refugiados y salió de prisión siete años y medio después, también bajo la condición de exiliarse.

Desde Miami impulsa ahora la investigación y ha solicitado el respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio, y de la congresista María Elvira Salazar para que la Fiscalía avance con el expediente.

«De ellos depende mucho que la fiscalía nos escuche», afirmó.

El abogado sostiene que existen fundamentos suficientes para presentar cargos por tortura, violaciones de derechos humanos y el asesinato de un menor.

«Asesinaron a un niño. Tortura, violación de derechos humanos. Hay de todo. Y hay ley penal en los Estados Unidos que sanciona eso, con precedente», aseguró.

Una segunda causa contra Raúl Castro

La petición llega en un momento de creciente presión judicial contra el exgobernante cubano.

El pasado 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó siete cargos penales contra Raúl Castro por el derribo, en 1996, de las avionetas de Hermanos al Rescate, una investigación dirigida también por el fiscal Jason Reding Quiñones.

Si prospera la nueva solicitud, el asalto a la embajada de Ecuador podría convertirse en la segunda causa penal abierta contra Castro en territorio estadounidense.

El caso adquiere además una dimensión diplomática adicional. En marzo de 2026, Ecuador rompió relaciones con Cuba tras expulsar a 22 funcionarios cubanos acusados de injerencia en asuntos internos, reavivando el interés por uno de los episodios más controvertidos en la historia de las relaciones entre ambos países.

La petición permanece actualmente en manos de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, que deberá decidir si abre una investigación formal que amplíe el frente judicial contra el exmandatario cubano.