Foto: Ilustración de Michel Moro
Hay derechos que nacen con una promesa y mueren con una firma. La libertad de prensa en Estados Unidos, esa que la Primera Enmienda consagró en 1791 como el oxígeno de la democracia, vivió el 18 de septiembre de 2026 una de sus horas más oscuras.
Ese día, el presidente, Donald Trump, ordenó cerrar las puertas de la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, y lo hizo sin más argumento que su disgusto por lo que esas redacciones publicaban. La medida, lejos de quedarse en un gesto aislado, encendió una mecha que aún arde: una demanda judicial que ya es historia, un boicot televisivo sin precedentes y una pregunta que retumba en cada sala de redacción del país: ¿hasta dónde puede llegar un presidente antes de que la libertad deje de ser un derecho y se convierta en un permiso revocable?
Su justificación fue tan simple como alarmante: esos medios difunden «ficción y mentiras» sobre su administración.
Cuando un periodista le preguntó directamente en el Despacho Oval cuál era la razón concreta de la prohibición, Trump respondió con una franqueza que eliminaba cualquier ambigüedad: «No me gustan las historias negativas. Si quieren escribirlas, está bien. Yo no tengo por qué dejarles entrar en la casa del pueblo».
No citó ningún reportaje específico. No hubo una investigación de seguridad nacional, ni una violación de protocolo. Simplemente no le gustaba la cobertura.
Al día siguiente, la prohibición se materializó. La periodista de MS NOW, Akayla Gardner, intentó entrar a la Casa Blanca para trabajar. En transmisión en vivo, narró cómo el Servicio Secreto le negó el acceso y le confiscó su credencial.
La periodista de CNN, Betsy Klein, vivió lo mismo. El editor jefe de Politico, Jonathan Greenberger, informó que a su reportera Cheyenne Haslett le ocurrió idéntica situación.
MS NOW emitió un comunicado cuya lógica era difícil de rebatir: «La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman en su interior se financian con nuestros impuestos».
El lunes 21 de septiembre, CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda de emergencia ante el Tribunal de Distrito de Washington D.C. Los demandados: el propio Trump; su jefa de gabinete, Susie Wiles; el director de comunicaciones, Steven Cheung, y el director del Servicio Secreto, Sean Curran.
La demanda contiene una frase que resume el núcleo del conflicto: «Esta prohibición no podría constituir un ataque más directo contra la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales fundamentales».
En su comunicado conjunto, los tres medios fueron más allá: «Si esto no se cuestiona, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de la interferencia del gobierno».
La jurisprudencia estadounidense es clara al respecto. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C., que revisa las decisiones de los tribunales federales de la capital, ha establecido que la Casa Blanca no puede revocar credenciales de prensa sin el debido proceso. En 2018, durante el primer mandato de Trump, un juez federal ordenó a la Casa Blanca restituir la credencial al periodista de CNN Jim Acosta, tras una prohibición similar.
La demanda también señala una cuestión de fondo que va más allá del procedimiento: el Presidente no oculta que su prohibición castiga la cobertura de estos medios «durante los últimos dos años». Es, en esencia, una discriminación por punto de vista, algo que la Primera Enmienda prohíbe de manera específica.
La decisión más contundente no vino de los tribunales, sino de las propias cadenas de televisión.
Las cinco principales cadenas estadounidenses –ABC, CBS, NBC, Fox News y CNN– conforman el llamado «pool» presidencial: un sistema rotativo mediante el cual una cadena filma los eventos del presidente y comparte el material con todas las demás, incluidas las cadenas locales y los medios internacionales, mecanismo que ahorra costos y garantiza que el público tenga acceso a imágenes del mandatario.
El propio lunes 21 de septiembre, CNN tenía la asignación de cubrir el viaje de Trump a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Pero CNN estaba prohibida. Las otras cuatro cadenas debían suplirla.
Se negaron.
Bryan Boughton, jefe de la oficina de Fox News en Washington –habitualmente aliada de Trump–, envió un correo a los suscriptores del pool: «A partir de hoy, el pool de televisión no cubrirá los eventos designados como cobertura conjunta del Presidente. No se creará ningún pool sustituto».
Las cinco cadenas emitieron un comunicado conjunto: «El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno. Ninguna administración debería restringir a una organización de noticias porque objeta su cobertura».
El impacto fue inmediato y tangible. Ese mismo lunes, Trump participó en la inauguración de un helipuerto en la Casa Blanca y luego viajó a Nueva York para la ONU. Los estadounidenses no vieron ninguna imagen en vivo de esos eventos, ni escucharon sus palabras.
La ausencia del pool significa que no hay audio, no hay video compartido, no hay cobertura en tiempo real.
The New York Times y The Washington Post se sumaron al boicot: anunciaron que no publicarían ninguna fotografía de los eventos presidenciales de ese día.
La defensa de Trump ha sido constante y consistente en su contradicción interna: «La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando a cabo un ataque contra las noticias falsas, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros queridos Estados Unidos», escribió en Truth Social.
Pero «noticias falsas» no es una categoría jurídica. No es un estándar verificable. Cuando Trump fue preguntado directamente sobre qué reportaje específico motivó la prohibición, no pudo –o no quiso– señalar ninguno. Dijo simplemente que era por la cobertura «acumulativa» de los últimos dos años.
La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, identificó con precisión el peligro de este criterio: «Las implicaciones van más allá de estas organizaciones: un criterio utilizado para excluir a un medio de comunicación por su cobertura podría aplicarse a cualquier otro en el futuro».
Trump mismo ha advertido que «otros medios podrían afrontar un destino similar».
Esta no es la primera vez que Trump intenta castigar a medios críticos.
En 2018, durante su primer mandato, prohibió el acceso del periodista de CNN Jim Acosta. Un juez federal –Timothy J. Kelly, nombrado precisamente por Trump– ordenó restituirle la credencial. La Casa Blanca cedió y CNN retiró la demanda.
En 2025, prohibió el acceso de Associated Press al Despacho Oval y al Air Force One, porque la agencia se negó a adoptar el nombre «Golfo de América» en lugar de «Golfo de México».
Un juez federal volvió a fallar contra la administración.
Y ahora, la prohibición de CNN, MS NOW y Politico es más amplia que las anteriores: no se limita a un periodista o a un evento, sino que excluye a medios completos de todas las instalaciones de la Casa Blanca.
El juez asignado al nuevo caso es, otra vez, Timothy J. Kelly.
La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas. Es un derecho del público. La Primera Enmienda no protege a CNN ni a Politico como corporaciones: protege el derecho de los ciudadanos a recibir información independiente sobre quienes ejercen el poder en su nombre.
Cuando un presidente puede decidir qué medios entran a la Casa Blanca, basándose únicamente en si le gusta o no lo que publican, la pregunta «¿dónde está la libertad?» deja de ser retórica.
La respuesta está en los tribunales, que probablemente fallarán contra la prohibición. Está en las cadenas de televisión que se negaron a llenar el vacío dejado por CNN. Está en los periodistas que, con sus credenciales confiscadas, siguieron informando desde la acera de enfrente.
Y si el presidente puede decidir, sin más árbitro que su propio gusto, la libertad de prensa deja de ser un derecho consagrado en la Constitución y pasa a ser un permiso revocable, un privilegio que se otorga y se quita según el humor de quien manda.
