La administración Trump busca empresas constructoras para ampliar o crear centros de detención de inmigrantes en hasta 14 ubicaciones dentro de Estados Unidos y sus territorios, entre ellas la base naval de Guantánamo en Cuba y las Islas Vírgenes estadounidenses, según documentos obtenidos por la revista Time.

La solicitud formal de propuestas fue publicada el lunes en el portal federal sam.gov por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y confirma la expansión de la instalación de Port Isabel, Texas, cerca de la frontera con México, como primer paso concreto del plan.

La lista de posibles ubicaciones incluye Miami, Honolulú, Florence (Arizona), Batavia (Nueva York), Broadview (Illinois), Oakdale (Luisiana), El Paso y Huntsville (Texas), Aguadilla (Puerto Rico), St. Thomas en las Islas Vírgenes —que actualmente no cuenta con ningún centro de ICE— y El Centro, California, una instalación clausurada desde 2014 que el plan contempla reabrir.

Cada edificio de expansión consistiría en una estructura de un piso con 26 celdas de detención, cámaras de seguridad en cada celda y tres duchas compartidas para todos los reclusos.

El costo estimado por unidad oscila entre 24 y 40 millones de dólares, con un tope total de gasto fijado en 10,000 millones de dólares. El contrato se espera adjudicar antes de finales de septiembre.

El plan incluye también la construcción de una instalación completamente nueva en Guantánamo, lo que revive una promesa que Trump hizo en enero de 2025, cuando aseguró que la base tendría «30,000 camas» para albergar a «los peores inmigrantes criminales ilegales».

La realidad ha sido muy distinta. Según informó CBS News en mayo, el costo operativo del componente militar del centro de Guantánamo asciende a 73 millones de dólares anuales, pese a que la instalación cuenta con apenas unas 400 camas y menos del 2% de ellas estaban ocupadas.

Al 11 de mayo, solo seis detenidos permanecían en la base, todos de nacionalidad haitiana.

La expansión responde a una crisis de sobrepoblación en los centros de ICE, que mantiene actualmente a más de 60,000 personas detenidas, según datos del organismo de vigilancia TRAC.

La administración Trump fijó recientemente una nueva meta de 2,000 arrestos diarios, luego de no haber podido cumplir el objetivo anterior de 3,000 arrestos diarios.

El camino hacia la expansión no ha sido sencillo. ICE ya había gastado cerca de 1,000 millones de dólares comprando casi una docena de almacenes comerciales para convertirlos en centros de detención, pero la mayoría de esos proyectos quedaron paralizados por demandas judiciales relacionadas con el impacto ambiental en Maryland, Arizona, Nueva Jersey y Michigan.

En junio, la agencia comenzó a vender o ceder siete de esos almacenes.

Las condiciones en los centros existentes también han generado alarma. En 2026 se han reportado un brote de sarampión en Arizona, alimentos vencidos, fallas de aire acondicionado y casos de negligencia médica.

La tasa de mortalidad en los centros de ICE alcanzó 88.9 fallecidos por cada 100,000 detenidos en lo que va de año, el nivel más alto en 22 años, según Human Rights Watch.

El documento de ICE advierte que el plan de construcción avanzará únicamente «si es del mejor interés del gobierno», una cláusula que deja abierta la posibilidad de que varios de los 14 proyectos no lleguen a materializarse.