El “diálogo” con EEUU, como calificó Lubetkin, que reveló el 29 de julio el diario The New York Times, es hoy motivo de un artículo en la publicación La Diaria, bajo la firma de la doctora en Estudios de Migración, Carolina Martirena.
Las autoridades uruguayas prefieren hablar de “conversaciones” o de “uno más de los tantos temas migratorios” que se tratan con Washington. También sostienen que se trata de evitar que las personas, en particular cubanas, terminen deportadas a países de África, lejos de sus familias y sus vínculos, dice el artículo.
Pero la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República tiene otra opinión:
“Estas no son más que frases que suavizan lo que en el fondo es una pieza más de una estrategia global de criminalización a migrantes y racialización del control fronterizo, en la que Uruguay corre el riesgo de pasar a jugar un papel protagónico”.
Acota la experta que la “relación de Estados Unidos con la migración cubana, y en especial su arenga, nunca fue inocente.
Es difícil negar que la intervención estadounidense sobre la isla, sostenida durante más de 60 años, responda a intereses imperiales muy concretos. En ese esquema, tanto las personas migrantes como las fronteras funcionaron como herramientas de una política anticomunista y contrarrevolucionaria, sostiene.
Afirma que el “nuevo proyecto neoimperial del siglo XXI” apuesta a endurecer el control fronterizo y a disuadir la movilidad humana, no a facilitarla”.
Todo esto ocurre en el marco de un resurgimiento del Estado racial, donde para convencer a la sociedad de que los migrantes son responsables del fracaso del capitalismo se apela a frases que ya usó Hitler, como que “los migrantes envenenan la sangre” de la nación, suscribió.
Por eso, además de reforzar su política de detención y deportación de la migración irregular, el gobierno de Estados Unidos tiene dos objetivos claros: devolver a las personas cubanas y venezolanas a sus países de origen o a terceros países, porque hoy representan justamente lo contrario a su ideal de nación, añade el artículo.
Subraya la paradoja de que el gobierno uruguayo “se sienta a negociar con una potencia imperial las condiciones para recibir deportaciones”, cuando todavía no logró garantizar protección efectiva a 30 mil personas que ya la solicitaron con su política de puertas abiertas a la inmigración.
La recepción de personas cubanas deportadas es parte de un pacto que, lejos de beneficiar a Uruguay, lo compromete y lo convierte en cómplice de una dinámica racista, etnonacionalista e inhumana que Estados Unidos les impone a todas las personas latinoamericanas, concluye Martirena.
La postura del artículo coincide con argumentos de actores políticos del Frente Amplio, desde su presidente Fernando Pereira, parlamentarios, otros textos de prensa y el silencio desde la oposición de derecha.
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