Empresarios, académicos e ingenieros reunidos en Miami calcularon el miércoles que devolver a Cuba una infraestructura funcional tras décadas de deterioro bajo la dictadura castrista exigiría entre 275.000 y 375.000 millones de dólares y un plazo de entre 10 y 15 años.

Las estimaciones fueron presentadas en el foro «Iniciativa para una alternativa democrática y económica para Cuba», celebrado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.

Más de una docena de especialistas en energía, ingeniería, urbanismo y economía participaron en el evento para responder una pregunta concreta: cuánto dinero y cuánto tiempo requeriría reconstruir el país en caso de una transición democrática.

Rafael Romeu, presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, estimó que solo los primeros 180 días de estabilización demandarían entre 180 y 270 millones de dólares, financiados principalmente por capital privado estadounidense, no por ayuda gubernamental.

El sector energético concentró buena parte del debate. Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, advirtió que recuperar el sistema eléctrico cubano costaría entre 5.000 y 8.000 millones de dólares y tomaría entre tres y cinco años.

«Estas plantas están cansadas, están rotas, mala tecnología, están quemando un crudo cubano que es el círculo vicioso que deteriora cada vez el sistema electroenergético en la isla. Entonces va a pasar tiempo», señaló Piñón, quien recordó que más de una decena de unidades generadoras acumulan más de 40 años de explotación.

El experto también advirtió que cualquier acuerdo con proveedores de centrales flotantes estaría condicionado a que un futuro gobierno democrático salde deudas reportadas en más de 100 millones de dólares y ofrezca garantías financieras a los inversores.

El sistema de agua y alcantarillado representaría otro desafío de magnitud similar. Josenrique Cueto, exdirector interino del Departamento de Agua y Alcantarillado del condado Miami-Dade, calculó ese rubro en unos 8.000 millones de dólares.

«Una recuperación inicial podría ser factible en unos 24 meses. Sin embargo, tener un sistema funcionando, estable, consistente, tomaría como mínimo entre 5 y 10 años», precisó.

En materia vial, Carlos A. Penín, presidente de CAP Engineering, subrayó que el capital privado no participará sin mecanismos de retorno garantizados. «El gobierno necesita un plan donde pondrán fondos todos los años para las carreteras. El sector privado no va a entrar a no ser que haya peajes, porque así es como ellos reciben su dinero de vuelta», explicó.

Los participantes coincidieron en que sectores como el turismo, las telecomunicaciones y la industria de cruceros podrían avanzar con mayor rapidez y generar los ingresos necesarios para financiar etapas posteriores de la reconstrucción.

El foro se celebró el mismo día en que el secretario de Estado Marco Rubio declaró desde Filipinas que Cuba «tiene un impacto directo en la seguridad nacional» de Estados Unidos, la calificó de «Estado fallido» y reiteró que Washington busca una Cuba próspera, aunque declinó hablar de plazos o acciones concretas más allá de la presión actual.

El 11 de julio, Rubio había revelado que EE.UU. ofreció formalmente ayuda para la reconstrucción, condicionada a reformas políticas y económicas reales.

El consenso del foro fue que ningún plan podría ejecutarse sin un cambio de régimen. En este sentido, las palabras de Marcell Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, fueron claras y directas.

«El futuro de Cuba puede ser extremadamente brillante. Tenemos el talento humano, la capacidad, el capital privado en el exilio que está dispuesto a invertir inmediatamente para reconstruir el país, sin que el gobierno americano participe en esas áreas, pero todo esto depende de un tema esencial que es el cambio de régimen. Eso no va a suceder mientras esté la familia Castro, la familia Díaz-Canel al frente de ese sistema».

Este foro forma parte de una iniciativa más amplia que reúne a varias organizaciones del exilio, entre ellas el Instituto de Estudios Cubanos de la FIU, la Asociación de Ingenieros Cubano-Americanos y la Foundation for Human Rights in Cuba. Para septiembre está previsto un foro sobre el sistema legal cubano con participación de juristas, como parte de la misma agenda de planificación.